Imagine que a usted lo culparan una y otra vez por todas las tragedias que ocurrieran en su país. Terremotos. Huracanes. Inundaciones.

Ahora imagine que, precisamente por eso, lo excluyeran de los esfuerzos para responder a las catástrofes.

Las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) en Haití se enfrentan a profundos prejuicios. La discriminación a menudo socava su oportunidad de vivir. Mina sus oportunidades de educación y empleo. Para ellas incluso acceder a la atención sanitaria se vuelve difícil.

Fundada en 1999, la Fundación SEROvie aúna la promoción de la salud para la comunidad LGBT con la defensa de los derechos humanos y la capacitación socioeconómica. Hoy en día, la organización lleva a cabo proyectos en nueve departamentos geográficos.

ONUSIDA brinda su apoyo a SEROvie para asegurarse de que, en la respuesta a los desastres, siempre se tengan en cuenta  las necesidades de los grupos de población clave. Esta intervención garantiza que las personas que viven con el VIH continúen recibiendo su tratamiento antirretroviral y tengan acceso a la ayuda a tiempo. Más allá de la fase de emergencia, los beneficiarios obtienen apoyo para reanudar la generación de ingresos y poder reintegrarse en sus hogares. También reciben apoyo psicosocial para hacer frente al dolor y el trauma.

En 2016, SEROvie fundó la clínica J.C Ménard en Port au Prince. Esta clínica atiende a personas LGBT y a otros grupos de población clave, incluidas las trabajadoras sexuales y sus clientes. Aquí SEROvie ha condensado más de dos décadas de experiencia en la prestación de asistencia sanitaria y social en un paquete de servicios completo.

Con la ayuda de varios colaboradores, incluida la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), J.C Ménard ofrece una gama de servicios de libre acceso a usuarios que abordan la violencia de género, el estigma y la discriminación, la planificación familiar y la prevención del VIH, incluida la profilaxis previa a la exposición. También proporciona tratamiento y atención para el VIH, las ITS y la tuberculosis. 

En el laboratorio interno, los técnicos gestionan tanto el diagnóstico como la monitorización del tratamiento. Realizan un seguimiento individual de cada caso, desde el positivo en la prueba hasta la supresión vírica. Durante el último año, la clínica realizó pruebas del VIH en las instalaciones para 6000 personas y apoyó la gestión del tratamiento del VIH para más de 1500 clientes. Además de suministrar medicamentos a los pacientes, la clínica se coordina con otras instalaciones de tratamiento para garantizar que las existencias no se agoten y que los fármacos no caduquen.

Los trabajadores sociales realizan evaluaciones individuales para determinar las necesidades de los clientes. Para la psicóloga Darline Armand, sin duda, el momento más importante de su trabajo es la primera interacción tras el diagnóstico.

«Necesitan sentirse seguros», afirma.

Gregory Jacques, supervisor de iguales, explicó que la clínica emplea tanto la educación entre pares como la navegación entre pares como enfoques estratégicos. Los educadores hacen que los clientes se sientan implicados en las relaciones, el riesgo y la seguridad, y les proporcionan información precisa. Los propios navegadores son personas que viven con el VIH y que guían a los demás a través del proceso de tratamiento y atención.

«Lo que marca la diferencia es precisamente que saben que eres como ellos», explica un navegante.

En la sala de la comunidad, los clientes aprenden sobre salud y relaciones mediante divertidas actividades. Aquí es donde también se reúnen para los grupos de apoyo y diálogos.

El equipo de supervisión y evaluación mide el rendimiento del programa al detalle. Hacen un seguimiento de todo, desde el número de personas que viven con el VIH identificadas mediante pruebas de índice hasta el número de sesiones de sensibilización llevadas a cabo con sacerdotes de vudú. En el último año, la clínica envió mensajes de sensibilización en materia de VIH, VGB, estigma y discriminación a más de 15 000 personas. Más de 1500 personas se benefician de los servicios integrales de atención y tratamiento del VIH mientras más de 1500 se mantienen adheridas a la profilaxis previa a la exposición.

Steeve Laguerre, cofundador de SEROvie, reflexiona sobre la trayectoria de la organización con asombro y claridad.

«Los servicios que ofrecemos están totalmente determinados por las necesidades de las personas a las que servimos», afirma. «Buscamos financiación que se adapte a sus demandas. El trabajo siempre está orientado al cliente». 

Este enfoque centrado en el cliente es valioso para el Caribe en general. Según la Actualización mundial sobre el sida de 2022 En peligro, el año pasado cuatro de cada cinco nuevas infecciones en la región se vieron vinculadas a los grupos de población clave y a sus parejas sexuales. Al mismo tiempo, la mayor parte de la financiación para las actividades regionales de prevención combinada con los grupos de población clave procede de fuentes internacionales. 

«Las estrategias lideradas por la comunidad para la atención al paciente ayudan a reducir el diagnóstico tardío y la pérdida de seguimiento, a la vez que mejoran los resultados del tratamiento», afirmó el Dr. Christian Mouala, director nacional de ONUSIDA para Haití. «Estos enfoques deben contar con los recursos adecuados y estar integrados en la respuesta nacional».

4 de julio de 2022—ONUSIDA felicita al Congreso argentino por la aprobación de una nueva ley de respuesta integral al VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS). El proyecto de ley, que ha contado con el aporte de varias organizaciones de la sociedad civil, reemplaza la legislación de 30 años y cambia el rumbo de salud del país de un enfoque biomédico a un enfoque más centrado en el género y los derechos humanos. La nueva ley exige el fin del estigma y la discriminación contra las personas que viven con el VIH o las ITS y tiene como objetivo detener la criminalización de la exposición o transmisión del VIH.

Al prohibir las pruebas obligatorias de VIH y otras ITS como parte de los exámenes previos al empleo, la nueva ley también busca proteger contra la discriminación en todas las áreas (con énfasis en el lugar de trabajo) y garantiza la privacidad del diagnóstico.

“Nos unimos a la sociedad civil y movimientos comunitarios en esta importante celebración. La nueva ley está basada en evidencia y escrita desde la perspectiva de los derechos humanos”, celebra Alberto Stella, director de país de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. “La respuesta al VIH en el país ahora cuenta con un amplio marco de protección social, muy en línea con la Estrategia Mundial de Sida (2021-2026), que se centra en terminar con las desigualdades para terminar con la epidemia de sida”.

Además de erradicar las prácticas discriminatorias, la nueva legislación también incluye la posibilidad de jubilación anticipada a los 50 años para las personas que lleven diez años conviviendo con el virus y hayan cotizado al menos 20 años de pensión. También permite acceder a una pensión no contributiva vitalicia en casos de vulnerabilidad social.

El nuevo proyecto de ley restituye una deuda histórica a decenas de activistas que ocuparon los balcones del Congreso en las últimas votaciones y a las miles de personas que viven con el VIH que representan. “Estamos un paso más cerca de eliminar las barreras para la implementación del autodiagnóstico y promover estrategias de prevención como la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP)”, celebró la Fundación Huesped, una organización argentina con alcance regional que ha abogado por el derecho a la salud desde 1989.

La nueva ley también reconoce derechos específicos de las mujeres, garantiza el derecho a la salud de sus hijos y vela por el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Ley de Protección Integral a la Mujer.

“Este es el resultado del trabajo articulado de la sociedad civil que no solo lideró su elaboración sino que también hizo un excelente y arduo trabajo de defensa”, dice Stella. “Junto con el Departamento Nacional de VIH, TB, Hepatitis e ITS del Ministerio de Salud, ONUSIDA pudo contribuir con los esfuerzos de promoción y facilitación de diálogos, proporcionando pruebas e informando sobre las directrices internacionales”.

El nuevo proyecto de ley también propone la producción nacional de medicamentos y suministros.

Las últimas estimaciones del Informe Mundial sobre el Sida de 2021 indican que 140 000 personas viven con el VIH en Argentina y de ellas el 65% están en tratamiento antirretroviral. Cada año, 5600 personas se infectan con el VIH y 1400 mueren de enfermedades relacionadas con el SIDA.

Un nuevo informe presentado al Consejo de los Derechos Humanos en su 50.ª sesión titulada «Derechos humanos y VIH/sida» confirma que la puesta en marcha de facilitadores sociales y el respeto integral de los derechos humanos son indispensables para poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

En la presentación del informe, Michelle Bachelet, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, describió el informe como una herramienta para ayudar a catalizar los esfuerzos más determinados con el fin de alcanzar los objetivos para 2025 y proteger los derechos de las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus.

«Hemos de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para garantizar que todas las políticas relevantes para la respuesta al VIH respeten, protejan y cumplan los derechos humanos, con el objeto de garantizar así que los grupos de población clave y otras poblaciones marginadas estén capacitadas para reclamar sus derechos», afirmó la Sra. Bachelet.  

El informe recomienda la acción necesaria para alcanzar los objetivos de los facilitadores sociales adoptados por la Asamblea General en su Declaración política sobre el VIH y el sida: Acabar con las desigualdades y estar en condiciones de poner fin al sida para 2030. Entre las medidas se incluye la eliminación de marcos jurídicos y políticos punitivos, la reducción del estigma y la discriminación, y el tratamiento de las desigualdades de género y la violencia de género.

Los facilitadores sociales son factores estructurales y sistémicos, incluidos los legales, culturales, sociales y económicos, que son fundamentales para la eficacia de la respuesta al sida. Su implementación eliminaría las barreras de acceso a los servicios sanitarios y permitiría a las personas y a las comunidades proteger mejor su salud y bienestar. Las principales brechas y desafíos que quedan en la respuesta al VIH se deben en gran parte a un continuo fracaso a la hora de defender los derechos humanos. El informe presentado deja claro que sí es posible y, de hecho, en algunos lugares ya se está consiguiendo, defender los derechos humanos, reformar las leyes y reducir el estigma y la discriminación. Sin embargo, para lograr este cambio, necesitamos asegurarnos de que la acción sea a largo plazo, se lleve a cabo por organizaciones lideradas por la comunidad y se financie adecuadamente. Consciente de esto, el informe hace recomendaciones claras para garantizar la financiación y el apoyo a las organizaciones lideradas por la comunidad, especialmente a aquellas encabezadas por poblaciones clave que a menudo son criminalizadas; así como para reducir el estigma y la discriminación a través de plataformas con múltiples partes interesadas, tales como la Alianza mundial para la acción, para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH.

En relación con la publicación del informe, el Dr. Tlaleng Mofokeng, ponente especial sobre el derecho a la salud, declaró: 

«Para avanzar en materia de equidad sanitaria, debemos centrarnos en las personas que experimentan múltiples intersecciones de opresión y en aquellos estados de salud que a menudo conducen a la discriminación, como en el caso del VIH. Esto ha de servirnos de motivación para que los enfoques basados en los derechos humanos para el VIH y, por consiguiente, para que las leyes nacionales y los marcos legislativos sean examinados no solo por su protección de los derechos humanos, sino en la medida en que apoyen una vida digna en cuanto a la realización del derecho a la salud. Las leyes hostiles y la criminalización no tienen cabida en la atención al VIH y los problemas relacionados».

En su intervención durante el evento, Matthew Kavanagh, director ejecutivo adjunto de Política, Defensa y Conocimiento de ONUSIDA, afirmó: 

«Esta es la primera vez en que los Estados miembros de las Naciones Unidas de todo el mundo se han comprometido a objetivos específicos sobre la reforma de las leyes y la eliminación de las leyes punitivas. Las leyes y las políticas son, indudablemente, intervenciones críticas contra el VIH. Ambas tienen la capacidad de ayudar a las personas a acceder a los servicios y reducir el riesgo, o pueden impulsar la discriminación y el estigma. Y esto es urgente y necesario para que podamos volver a coger el rumbo y poner fin al sida para 2030. Ahora mismo tenemos la oportunidad única de crear un cambio significativo y duradero para nuestras comunidades».

Los activistas comunitarios agradecieron el informe e instaron a los países a poner totalmente en práctica las recomendaciones del informe con el propósito de encaminar al mundo hacia el fin del sida como amenaza para la salud pública para 2030.

«Nosotros, las comunidades de personas que viven con el VIH y que están afectadas por el virus, hemos mencionado desde el principio de esta epidemia cuáles son nuestras necesidades. Hemos promovido nuestros derechos y abierto el camino, siempre buscando soluciones innovadoras para los desafíos a los que nos enfrentamos», afirmó Harry Prabowo, coordinador de proyectos en APN+ y coordinador regional de GNP+ para asociaciones globales. «"No somos solo defensores, somos expertos legales, educadores entre iguales y consejeros. Y no solo accedemos a los servicios, sino que los diseñamos, implementamos y supervisamos».

«Nuestro objetivo a largo plazo es invertir en la consecución de un compromiso que forme el futuro de África y que demuestre que los jóvenes, especialmente las jóvenes y las mujeres, tienen el máximo poder para cambiar la narrativa y lograr un cambio en los problemas que les afectan, incluido el VIH/sida y la violencia de género; es un objetivo a largo plazo», recordó Rahma Seleman, representante de la juventud de Education Plus. 

Mikhail Golichenko, del Grupo de Referencia sobre el VIH y los Derechos Humanos, se encargó de los comentarios finales en el acto. 

«La criminalización de la no revelación del VIH y la transmisión no intencionada del VIH, así como la criminalización del comportamiento relacionado con el consumo de drogas, el comportamiento relacionado con el trabajo sexual y el comportamiento relacionado con las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo están entre los principales desafíos a los que hemos de hacer frente para detener e invertir la epidemia mundial del VIH».

Panamá, 26 de mayo de 2022— ONUSIDA celebra el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del gobierno de Chile en el caso emblemático de violaciones de los derechos de las mujeres que viven con VIH y que fueron esterilizadas sin su consentimiento. Hoy, el presidente chileno Gabriel Boric Font emitió una disculpa pública como parte de un acuerdo resultante de un caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por Francisca, una mujer chilena que vive con el VIH y que fue esterilizada sin su consentimiento poco después de dar a luz en 2002.

"Acogemos con satisfacción el reconocimiento de responsabilidad internacional en este caso emblemático de violaciones de los derechos humanos que han sufrido las mujeres que viven con el VIH y su autonomía reproductiva durante mucho tiempo", destacó Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "Reivindica un camino de más de 10 años, tanto para Francisca como para las organizaciones que la acompañaron, en su búsqueda de justicia."

Cuando Francisca—una joven de un pueblo rural de Chile—cumplió 20 años, ella y su pareja recibieron la feliz noticia de la llegada de su primer hijo.  Le diagnosticaron VIH en una prueba prenatal rutinaria. Francisca tomó todas las medidas indicadas para reducir al máximo el riesgo de transmisión vertical del VIH y dio a luz a un bebé seronegativo en noviembre del año 2002.  Sin embargo, al día siguiente del parto por cesárea, Francisca recibió la devastadora noticia de que el cirujano de turno había decidido esterilizarla durante el parto y sin su consentimiento.

En el año 2009, el Centro de Derechos Reproductivos y la organización chilena Vivo Positivo llevaron el caso de Francisca a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este caso formaba parte de la documentación de relatos de mujeres chilenas que viven con VIH, que a menudo eran presionadas para que no quedaran embarazadas, así como también para someterse a una esterilización quirúrgica. Uno de los relatos documentados cuenta que, a una mujer identificada como Daniela, tras dar a luz, le dijeron que no podía abrazar ni besar a su hijo recién nacido porque le transmitiría el VIH. Ella comentaba en las entrevistas que fue de esta manera como entendió lo que era la discriminación.

Tras más de una década de litigio internacional y después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudiara el caso, se firmó un acuerdo de solución amistosa con el Estado chileno, en el que el gobierno aceptaba su responsabilidad, se comprometía a reparar las violaciones y a tomar medidas para que este tipo de situaciones no volvieran a producirse.

ONUSIDA interpuso en este caso con un amicus curiae (amigo de la corte), una intervención que informó a la Comisión Interamericana sobre las guías sanitarias y normas de derechos humanos que cada Estado debe seguir para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

La Estrategia mundial contra el sida 2021-2026: “Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida” se basa en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la dignidad, libre de estigma y discriminación para todas las personas que viven con VIH y están afectadas por el VIH. Es un compromiso de ONUSIDA con una ambiciosa visión para acabar con las desigualdades de género y hacer realidad los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, haciendo un llamamiento a todos los socios y partes interesadas en la respuesta al VIH en todos los países para transformar las normas de género desiguales y acabar con el estigma y la discriminación.

“Me gustaría de comenzar pidiéndole disculpas a Francisca, que entiendo que estás al otro lado de la cámara, por la grave vulneración, violación de tus derechos y también por la denegación de justicia y por todo el tiempo que tuviste que esperar para esto”, dijo Boric en la apertura de su discurso durante la ceremonia oficial, transmitido en vivo por redes sociales. “¿A cuántas personas como tú no conocemos? Duele pensar que el Estado, que hoy día tengo el honor de representar, es responsable de estos casos. Me comprometo ante ti, y a quienes hoy día te representan acá presencialmente, a que mientras nosotros gobernemos vamos a dar lo mejor de cada uno de nosotros como autoridades para que nunca más se vuelva a repetir algo de estas características y por cierto para que en los casos donde ya se han cometido estas atrocidades sean reparados como corresponde.”

“Me encantaría haber sido yo con mi voz, mi cara y mi cuerpo la que después de tantos años de lucha estuviese presente para liderar en nombre propio este acto. Sin embargo, dar a conocer mi identidad me hubiese cerrado un sinfín de puertas”, dijo Carmen Martínez, Directora Asociada de Estrategias Legales para América Latina y el Caribe para el Centro de Derechos Reproductivos, al leer las palabras compartidas por Francisca al público presente.  “Hasta la fecha se sigue mirando con menosprecio a las personas que portamos el VIH como si hubiese sido decisión de nosotras contagiarnos. Sin embargo, quiero pensar con convicción que esto cambiará.”

"Por fin se hizo justicia; a través de este caso pedimos a todos los gobiernos que sigan invirtiendo en la eliminación de la discriminación por VIH en todos los servicios, incluida la atención sanitaria", afirma Sara Araya, Coordinadora de Género en Vivo Positivo. "El mensaje es claro: la autonomía y la integridad física de las mujeres y de todas las personas que viven con el VIH deben ser garantizadas sin discriminación. No más violaciones de derechos contra las mujeres que viven con el VIH."

El estigma y la discriminación relacionados con el VIH repercuten significativamente en la salud, la vida y el bienestar de las personas que viven con el virus o corren el riesgo de contraerlo. El estigma y la discriminación impiden la respuesta al VIH, limitando el acceso a servicios más amplios de salud sexual y reproductiva, entre otros servicios sanitarios. ONUSIDA continúa trabajando diariamente para garantizar que los gobiernos inviertan en prevenir y dar respuesta a las violaciones vinculadas a las formas de discriminación interseccional a las que se han visto sometidas las personas que viven con VIH.

Antes del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHoBiT, por sus siglas en inglés), que se celebra cada año el 17 de mayo, ONUSIDA habla con Evelyn Paradis, Directora ejecutiva de ILGA-Europe, la Asociación Europea de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, de la protección de los derechos de las personas LGBTI durante las crisis humanitarias.  

¿Cómo afectan a las personas LGBTI en concreto las crisis humanitarias?  

Las crisis humanitarias afectan a todos; sin embargo, a veces, algunas comunidades necesitan una respuesta específica debido a las vulnerabilidades que ya sufrían.  Estas vulnerabilidades concretas provocan una sensación de inseguridad ante la provisión de refugio seguro, alimentos de primera necesidad y asistencia médica por parte de las organizaciones humanitarias.  No saber si se les tratará sin discriminación, serán bienvenidos o se les cuidará es una barrera para las personas que acceden al apoyo humanitario.

ILGA está muy comprometida con la crisis de Ucrania.  ¿A qué desafíos se enfrentan principalmente las personas LGBTI afectadas por la guerra? 

En la crisis de Ucrania, vemos que las personas LGBTI no se encuentran integradas de facto en las cadenas de suministro de primera necesidad. En este momento no están aseguradas en los paquetes humanitarios ni la medicación para la transición y específica para las personas intersex, como la terapia hormonal sustitutiva, ni hasta cierto punto las medicinas para las personas que viven con el VIH. Además, un porcentaje significativo de la comunidad LGBTI no pueden ver cubiertas sus necesidades básicas por culpa de las desigualdades socioeconómicas que ya sufrían.

Las mujeres trans que tengan una mención registral masculina en sus documentos pueden verse obligadas a unirse al ejército o se les impide salir del país con otras mujeres, lo que las coloca en una situación que podría ser más perjudicial.

También es un problema el acceso a refugios seguros. En Ucrania, muchas personas LGBTI abiertas con su pertenencia al colectivo no se sienten seguras en refugios comunes, mientras que otros desplazados internos denuncian que sufren discriminación cuando quieren alquilar un apartamento.  Por consiguiente, muchos de los grupos LGBTI han construido refugios para apoyar a sus comunidades. Algunos de los que se han quedado y no se ocultan han sido víctimas de ataques físicos, pues la LGTBIfobia ya era un problema en Ucrania antes de la guerra.

Todo esto ocurre mientras las personas LGBTI se enfrentan a los mismos problemas que los demás: dinero, alimento, cuidado de los seres queridos y mucho más.

¿Qué hacen para ayudar las organizaciones como ILGA? 

Enviamos apoyo económico directo a los grupos que se quedan en Ucrania y proporcionamos ayuda directa a sus comunidades, así como a los grupos LGBTI en los países de acogida.  También trabajamos activamente para movilizar recursos para todos los grupos LGBTI que trabajan apoyando a las personas LGBTI en Ucrania y en el extranjero.  Trabajamos con grandes grupos y organizaciones humanitarias como ONUSIDA y las conectamos con las necesidades sobre el terreno, mientras que abogamos, junto con las instituciones y los gobiernos europeos, por la actuación tanto en apoyo de las comunidades LGBTI en Ucrania como de las personas LGBTI que han salido del país.

¿Qué se puede hacer para cubrir mejor las necesidades específicas de las personas LGBTI durante las crisis humanitarias?  

Lo que vemos es que no se ha introducido la perspectiva LGBTI en el trabajo humanitario y en el desarrollo de medidas de protección, como la protección frente a la violencia de género o el acceso a los medicamentos. Tenemos que empezar de cero en muchos sentidos, entre ellos, estableciendo contactos con colaboradores del sector humanitario.

Si bien todavía es pronto concreta para realizar recomendaciones específicas en esta crisis concreta, no cabe duda de que aprenderemos mucho del trabajo que se está llevando a cabo, para asegurarnos de que en el futuro se integren la perspectiva LGBTI y su necesidades en las respuestas de los colaboradores humanitarios desde el principio.

Muchas organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad apoyan a las personas LGBTI afectadas por la guerra en Ucrania.  ¿A qué desafíos se enfrentan al llevar a cabo esta importante labor?  

La mayor parte de las organizaciones LGBTI no se crearon para realizar trabajos humanitarios; sin embargo, están cubriendo necesidades básicas, además de realizar la labor que ya hacían para sus comunidades. Pero no pueden hacerlo todo. Si se convierten en la base del apoyo y la asistencia, muchas otras tareas, como la lucha por los derechos, no se llevarán a cabo.  Esto es cierto tanto en Ucrania como en los países de acogida.

Las desigualdades, el estigma social, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas LGBTI siguen impidiéndoles acceder a los servicios sanitarios y del VIH que necesitan. ¿Cómo podemos conseguir un cambio político, legal y social positivo?  

La labor que ya ha comenzado con el sector humanitario demuestra que es una necesidad, pero también una oportunidad.  Si el sector humanitario incorpora una perspectiva LGBTI y a personas LGBTI en su trabajo desde el inicio, puede dar lugar a un cambio positivo para estas comunidades, sobre todo en tiempos de crisis.

Evelyn Paradis será una de las ponentes del acto del IDAHOBIT que tendrá lugar el 17 de mayo y que se centra en cómo proteger mejor los derechos de las personas LGBTIQ+, sobre todo en el contexto de la guerra en Ucrania, y cómo asegurar la igualdad de derechos para todos. Más información

GINEBRA, 30 de marzo de 2022 —En vísperas del Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, que se celebra el 31 de marzo, ONUSIDA ha creado una iniciativa para concienciar a padres, a profesores y a la comunidad en su conjunto sobre la identidad de género durante la infancia.

La campaña Unbox Me defiende los derechos de los niños transgénero. A muchos niños les gusta tener cajas o escondites secretos en los que guardan baratijas u otros objetos valiosos para ellos de forma segura. Estos objetos revelan mucho sobre el niño: quién es, qué le gusta y cuáles son sus sueños. Para algunos niños transgénero este acto es una forma de proteger su identidad de aquellos que les puedan juzgar. Unbox Me quiere dar visibilidad a los niños transgénero. Es una llamada a la inclusión y la aceptación.

En la India, más del 90% de las personas trans o abandonan su hogar o son echados de casa a los 15 años. Inevitablemente, muchas viven en la calle sin dinero ni educación, y suelen recurrir al trabajo sexual. A pesar de que la campaña haya nacido en la India, su mensaje de aceptación e inclusión es universal.

Las personas trans de todo el mundo son marginadas y sufren discriminación y violencia. En consecuencia, corren un riesgo de  contraer VIH 34 veces mayor que otros adultos. Hoy en día hay 24 países en todo el mundo que criminalizan o persiguen a las personas transgénero. Por ejemplo, como medida temprana contra el COVID-19, algunos gobiernos declararon días de movilidad en función del género durante los confinamientos, lo que tuvo como resultado que personas trans fueran arrestadas por salir en el día “equivocado”.

El estigma, la discriminación y la criminalización suelen invisibilizar a las personas trans y de género diverso. Esto puede llevar a formas de discriminación extremas, como incluso negar su misma existencia.

Esta campaña forma parte de la actual colaboración entre ONUSIDA y la agencia de publicidad FCB India. El año pasado ambas trabajaron juntas en el estreno de The mirror, un exitoso cortometraje que formaba parte de la campaña #SeeMeAsIAm, en la que un niño se miraba en el espejo y se vestía como una mujer. El filme ayudó a concienciar a los padres, profesores y al conjunto de la comunidad sobre la identidad de género durante la infancia. Basándose en la película, Unbox Me quiere dar a conocer la realidad de los muchos niños transgénero a los que se les niega su verdadera identidad. 

Swati Bhattacharya, la directora creativa de FCB India que ha concebido esta campaña, afirma que “En la India, los niños suelen tener una caja en la que guardan sus posesiones más preciadas, pero los niños trans tienen que esconderla, ya que muchos de sus objetos valiosos no concuerdan con las normas de género a las que la sociedad quieren que se adapten.”

ONUSIDA colabora junto a la comunidad transgénero, organizaciones de la sociedad civil y gobiernos de todo el mundo para despenalizar a las personas trans, garantizar sus derechos y asegurar su acceso a la sanidad, educación y protección social, así como para protegerles del abuso y la explotación.

“Muchos de nosotros damos nuestra identidad de género por sentada, pero para muchos niños esto no es tan fácil. Es una cuestión de supervivencia día a día, una lucha diaria”, asegura Mahesh Mahalingam, director de Comunicaciones y Concienciación Mundial de ONUSIDA. “Hay que apoyar a los niños de todo el mundo para que puedan expresar su identidad libremente”.

En la India la campaña Unbox Me cuenta con el respaldo de la comunidad educativa. Los profesores de muchas escuelas del país están utilizando las cajas incluidas en la campaña como introducción para concienciar sobre la identidad de género.

Muchas personas influyentes y líderes de la comunidad también han participado en Unbox Me, como la directora de cine Zoya Akhtar y la presentadora Barkha Dutt, ambas indias.

ONUSIDA quiere ampliar la campaña al ámbito mundial.

Para participar en la campaña o compartir su opinión, escriba a ONUSIDA a Communications@unaids.org.

GINEBRA, 18 de marzo de 2022— ONUSIDA felicita al parlamento de Zimbabwe por derogar la sección 79 del Código Penal, que criminaliza la transmisión del VIH. El presidente va a firmar un nuevo proyecto de ley de matrimonio, adoptado por el parlamento y que deroga la sección del Código Penal, para su entrada en vigor. La penalización de la transmisión del VIH es ineficaz, discriminatoria y mina los esfuerzos de reducir las nuevas infecciones por el VIH. Ese tipo de legislación disuade a las personas de realizarse pruebas del VIH y de que se les derive al tratamiento y los servicios de prevención apropiados. 

«Los objetivos de salud pública no se cumplen si a las personas se les niegan sus derechos individuales y elogio a Zimbabwe por haber dado este paso tan importante», dijo la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.  «Esta decisión refuerza la respuesta al VIH en Zimbabwe, a través de la reducción del estigma y de la discriminación que, con demasiada frecuencia, impiden a los grupos de personas que están en una situación social vulnerable recibir servicios de prevención del VIH, atención y tratamiento».

ONUSIDA ha trabajado en estrecha colaboración con el Consejo Nacional sobre el Sida de Zimbabwe, la organización Zimbabwe Lawyers for Human Rights, parlamentarios, activistas de la sociedad civil y comunidades para promover la derogación de la ley que penaliza el VIH.  La aplicación demasiado amplia e inapropiada de la legislación penal contra las personas que viven con el VIH sigue siendo una constante preocupación por todo el mundo.  Más de 130 países todavía penalizan la ocultación, exposición y transmisión del VIH a través de legislación penal específica o general. 

En 2018, ONUSIDA, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al Sida y la Sociedad Internacional de Sida reunieron a un grupo de expertos científicos que desarrollaron una Declaración de Consenso de Expertos en la Ciencia del VIH en el Contexto de la Legislación Penal. La declaración hace un llamamiento para que el sistema de justicia penal garantice que la aplicación de la ley en las causas penales relacionadas con el VIH se base en evidencias científicas. 

Zimbabwe ha progresado mucho en la respuesta al VIH a lo largo de la última década. Se estima que 1,2 millones de las 1,3 millones de personas que viven con el VIH en el país se tratan con medicamentos que salvan vidas. Las muertes relacionadas con el sida han disminuido en un 63 % desde 2010 y las nuevas infecciones por el VIH se han reducido un 66 % en el mismo periodo.

Michael James (nombre ficticio) estaba totalmente desconcertado cuando lo despidieron. Escaneó la carta de despido. Esta citaba su rendimiento y su impuntualidad como motivos de la pérdida de empleo. Sin embargo, años de evaluaciones de desempeño contaban una historia diferente. Siempre había recibido evaluaciones positivas y en su expediente no había notas sobre retrasos o trabajo deficiente. La única razón que pudo discernir fue que sus colegas se habían enterado recientemente de que vivía con el VIH.

Los prejuicios relacionados con el VIH permanecen muy presentes en Jamaica. Un tercio de las personas que viven con el VIH que respondieron al Índice de estigma de las personas que viven con el VIH en Jamaica en 2020 reportaron haber sufrido estigma y discriminación. El acoso verbal, los cotilleos y los comentarios discriminatorios fueron las infracciones más comunes. Sin embargo, una de cada diez personas dijeron que se les había negado un empleo o habían perdido una fuente de ingresos debido a su estado serológico. Ninguna legislación prohíbe a un empleador jamaicano discriminar en base al estado serológico.

Esto tiene importantes implicaciones para la respuesta al VIH. El veintiún por ciento de los encuestados estaban preocupados por el maltrato o la violación de la confidencialidad por parte de los trabajadores sanitarios. El treinta y ocho por ciento retrasó las pruebas y el 29 % retrasó el inicio del tratamiento debido a la preocupación por la forma en que serían tratados.

Shelly John (nombre ficticio) cuenta cómo ha ido saltando de un centro de tratamiento a otro hasta llegar al Jamaica AIDS Support for Life. En otros centros escuchó a las enfermeras cotillear sobre los historiales médicos de los pacientes.

“Me sentí incómoda. Si yo oigo hablar de otros clientes, otros clientes pueden entrar y oír hablar de mí también”, razonó.

“El miedo al estigma lleva a algunas personas a la clandestinidad y a alejarse de los tan necesarios servicios sanitarios. Debido al estigma y la discriminación, varias personas retrasan el acceso a los servicios necesarios y, en consecuencia, se les diagnostica el VIH en una fase avanzada”, reconoció la ministra de Estado de Salud y Bienestar y presidenta de la Asociación Jamaicana para la Acción para Eliminar Todas las Formas de Estigma y Discriminación relacionadas con el VIH, Juliet Cuthbert Flynn.

Los resultados de las pruebas y del tratamiento en Jamaica lo confirman. Mientras que se estima que el 86 % de las personas que viven con el VIH eran conscientes de su estado en 2020, solo el 40 % de las personas que viven con el VIH estaban en tratamiento contra el VIH.

Pese a que la Carta de Derechos y Libertades Fundamentales de Jamaica garantiza la protección contra la discriminación, su alcance es limitado. Los motivos de protección son la raza, el sexo, el lugar de origen, la clase social, el color, la religión y las opiniones políticas. Existen disposiciones antidiscriminatorias parciales en diferentes actos legislativos, como la Ley de Discapacidad de 2014 y la Ley de Empleo de 1975. Pero ni la Constitución ni la legislación ordinaria hacen ilegal la discriminación por otros motivos.

Desde 2020, ONUSIDA y el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo han prestado apoyo técnico y económico a organizaciones no gubernamentales locales, entre ellas Jamaica AIDS Support for Life, para apoyar la realización de una encuesta nacional sobre las perspectivas y experiencias del público con el estigma y la discriminación en Jamaica y sobre la necesidad de contar con protecciones más adecuadas en la ley. Los resultados del estudio se utilizarán para abogar por una legislación que aborde adecuadamente la discriminación que sufren los grupos vulnerables y marginados.

La legislación propuesta debe ofrecer protección en todos los ámbitos, incluida la discriminación basada en la condición médica, el embarazo o el parto, las decisiones de contratación o despido y la denegación de servicios a grupos minoritarios. También debe abordar las conductas discriminatorias basadas en suposiciones sobre la competencia, las capacidades, la edad, la expresión personal, el nivel de ingresos, el barrio en el que vive o su formación académica.

“Una legislación antidiscriminatoria integral reforzará el marco legal para la protección de los derechos humanos con el fin de lograr la igualdad para todos”, explicó Manoela Manova, directora de país de ONUSIDA para Jamaica.

En términos reales, esto significa que los titulares de obligaciones tendrán que considerar cómo sus políticas, programas y servicios afectarán a las personas con las características protegidas. En términos críticos, la atención a los marcadores relacionados con la pobreza significaría que, por primera vez, los organismos públicos tendrán la obligación de tener en cuenta las desventajas socioeconómicas a la hora de tomar decisiones estratégicas sobre cómo ejercer sus funciones y cuando propongan el uso de financiación pública.

“Nuestra conclusión general ha sido que, independientemente de la condición médica, el sexo, la edad o la orientación sexual, el factor que alimenta la discriminación y hace a las personas más vulnerables es la pobreza. De cara al futuro, es fundamental que no tratemos el VIH como una preocupación aislada, sino que abordemos el panorama completo de lo que hace que las personas sean marginadas y vulnerables en Jamaica”, dijo el asesor de apoyo comunitario de ONUSIDA para Jamaica, Ruben Pages Ramos.