Las primeras relaciones sexuales suelen comenzar durante la adolescencia. En muchos países, la edad de consentimiento sexual es incongruente con las restricciones de edad mínima para acceder a información y servicios sobre salud sexual y reproductiva sin contar con el consentimiento paterno.  Esto significa que los adolescentes pueden mantener relaciones sexuales legalmente antes que se les permita acceder a información y servicios sobre métodos anticonceptivos o prácticas sexuales seguras, exponiéndolos a un mayor riesgo de infección por el VIH, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados.

La eliminación de leyes que exigen control paterno para acceder a servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva y la prevención, pruebas y tratamiento del VIH ha demostrado una mejora en comportamientos de demanda de atención sanitaria. Este efecto se ve reforzado cuando los colegios pueden proporcionar una educación integral sobre sexualidad apropiada para cada edad a las personas jóvenes, para que puedan protegerse frente al HIV, las ITS, los embarazos no deseados y la violencia sexual y por razón de género. 

Cuarenta países han informado a ONUSIDA en 2021 de que cuentan con legislación que exige consentimiento paterno o del tutor legal para que los adolescentes accedan a métodos anticonceptivos hormonales o duraderos. Por su parte, 108 han informado de que este consentimiento se requiere para una prueba del VIH, 43 para la autoprueba del VIH, 92 para el tratamiento contra el VIH y 22 para la PPrE. Algunos de estos países incluyen excepciones basadas en demostrar suficiente madurez:  10 para anticonceptivos hormonales o de larga duración, 15 para pruebas del VIH, 8 para la autoprueba del VIH y 9 para el tratamiento contra el VIH.  El límite de edad en la legislación sobre consentimiento paterno varía según el servicio.  La mayoría de países que declararon contar con requisitos de consentimiento paterno o del tutor legal fijaban el límite de edad en 18 años, con la excepción de algunos países en las que los adolescentes de 14 años ya podían acceder algunos de estos servicios sin el consentimiento paterno o del tutor legal, lo que variaba según el tipo de servicio.

GINEBRA, 10 de diciembre de 2021—En el Día Internacional de los Derechos Humanos, ONUSIDA hace una llamada a la acción para prevenir y responder ante las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que crean y empeoran las desigualdades.

“Vivimos en uno de los tiempos más desiguales de la historia,” afirmó la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima. “La COVID-19 ha confirmado lo que la pandemia del VIH ya había revelado: las crisis y catástrofes afectan con mayor fuerza a los aspectos más débiles de la sociedad. Quienes sufren discriminación y desigualdad sistemáticas se quedan cada vez más atrás”.

La igualdad y la no-discriminación son las piedras angulares de los derechos humanos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible las convirtieron en un elemento clave de los compromisos mundiales de desarrollo que piden a los países que reduzcan las desigualdades, eliminando los factores que las provocan, como las leyes y políticas discriminatorias.

Las desigualdades múltiples e interseccionales que lideran la epidemia de VIH son el resultado de las violaciones de los derechos humanos. Si bien es cierto que las nuevas infecciones por el VIH a nivel global se han reducido un 30 % desde 2010, el progreso no ha sido equitativo. En algunos países, el acceso a herramientas combinadas de prevención, tales como la profilaxis previa a la exposición o los servicios de reducción de daños, ha supuesto un avance entre los grupos de personas más vulnerables. Sin embargo, en muchos otros, la criminalización, la marginación, el estigma y la discriminación están provocando un aumento de la incidencia del VIH. No obstante, en los últimos cinco años, los países que adoptaron un enfoque criminalizador con respecto a los grupos de población clave (hombres homosexuales y otros que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas, personas transgénero) avanzaron menos en las pruebas y el tratamiento del VIH. En 2020, un 65 % de las nuevas infecciones por el VIH se produjeron dentro de estos grupos como consecuencia de las leyes y políticas perjudiciales y las normas sociales discriminatorias que castigan, estigmatizan y empujan a la clandestinidad a estas personas. A todo ello se le suma la dificultad para acceder a los servicios de prevención, tratamiento o reducción del daño, que fácilmente pondrían freno a la transmisión del VIH y a la mortalidad. Seis de cada siete nuevas infecciones por el VIH en adolescentes de entre 15 y 19 años en África subsahariana se producen en niñas. Esto se debe en parte a que su derecho a la educación no se cumple de la misma manera que con los niños, su derecho a la salud se viola cuando no se imparte una educación sexual integral, y su derecho a la autonomía corporal y a la seguridad se niega cuando los países no abordan las normas de género perjudiciales.

En muchos contextos, los acuerdos comerciales entran en conflicto con las obligaciones por los derechos humanos al imponer una protección excesiva de la propiedad intelectual, al crear barreras artificiales para que los países de renta media y baja no puedan acceder a productos sanitarios asequibles, al impedir la producción y distribución de medicamentos genéricos y al obstaculizar los apoyos a la investigación y desarrollo de tecnologías sanitarias innovativas que satisfagan las necesidades de la salud pública.  

Es una época de crisis paralelas y convergentes: múltiples pandemias, cambio climático y continuos choques económicos. En los últimos dos años, hemos visto como las constantes desigualdades sistemáticas y estructurales se hacían más fuertes a raíz de las adversidades. No podemos simplemente capearlas: tenemos que evitar que pasen. Solo tendremos éxito si realizamos los cambios estructurales necesarios para crear una sociedad más igualitaria y fuerte, capaz de afrontar los retos de hoy y de mañana y de no dejar a nadie por el camino.  Hay que desmantelar las estructuras que violen los derechos humanos y creen desigualdades.

Se tienen que reforzar los accesos a los servicios sanitarios, eliminando las tarifas de uso y promoviendo políticas que aseguren que las tecnologías sanitarias son parte de los bienes públicos mundiales, y no caprichos.

Debemos sustituir los enfoques coercitivos y punitivos de las emergencias, incluidas las pandemias y los asuntos sanitarios y otros problemas sociales en general, por soluciones propicias, solidarias y no-discriminatorias.

Los conceptos del género se tienen que cambiar radicalmente, para asegurar así igualdad de género para todos y permitir a todo el mundo formar parte de la sociedad de manera equitativa.

Además, debemos garantizar que los derechos de las mujeres y las niñas en toda su diversidad se hagan realidad, a través de medidas e inversiones concretas, y no solo de promesas.

Solo llegaremos a una solución fructífera si tomamos como base los principios fundamentales de los derechos humanos, con las comunidades liderando desde el frente y en todas las etapas del proceso.

La salud es un derecho, pero en África se estima que hasta un 38 % de la población retrasa o renuncia a la atención de la salud, debido a sus elevados costes y gastos de bolsillo. Se trata del continente con una mayor proporción de población sin acceso a la protección social, a una atención de la salud adecuada, y donde las necesidades humanas son más elevadas.

La limitada producción local y la dependencia de los mercados y la financiación externos obstaculizan el acceso equitativo a los medicamentos y a otros productos médicos en África. Todos los países de este continente son importadores netos de productos médicos y farmacéuticos. La mayoría importa entre el 70 % y el 90 % de los medicamentos que consume. 

La aparición de la pandemia de COVID-19 y sus devastadoras consecuencias en África demuestran que aún queda mucho camino por recorrer en cuanto a la ejecución y a la domesticación de los diversos instrumentos internacionales, continentales, regionales y nacionales de los derechos humanos.

Para resolver dichas deficiencias, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR ,por sus siglas en inglés) celebró en en Dakar (Senegal), del 8 al 10 de diciembre, el Seminario Regional de Alto Nivel sobre el Derecho a la Salud y a la Protección Social en África. Su objetivo era sensibilizar a los estados miembros, a los institutos nacionales de derechos humanos, a las organizaciones no gubernamentales y a otros socios sobre la cuestión de los sistemas de salud deficientes y la insuficiente cobertura de la protección social, compartir las mejores prácticas relativas a los sistemas de salud y a la protección social y plantear recomendaciones clave para su ejecución.

"No debemos recibir una ayuda financiera, sino resolver nuestros propios problemas médicos en África. La dependencia de la financiación internacional hace que el progreso sea vulnerable", afirmó María Teresa Manuela, Comisionada de la ACHPR y Ponente Especial sobre los Derechos de la Mujer en África.

La financiación del derecho a la salud es una fuerte área de colaboración entre ONUSIDA y ACHPR que se materializará en un informe que se lanzará en 2022.

"Las pandemias pueden ser un catalizador de reformas financieras de transformación que defiendan el derecho a la salud de los que se quedan atrás. "Hay que aprovechar las lecciones de la respuesta al sida y muchos otros ejemplos de liderazgo en África para seguir movilizando el liderazgo y las inversiones para acabar con el sida y otras pandemias, poner fin a las desigualdades y acelerar la realización del derecho a la salud para todos", dijo Patrick Brenny, Director del Equipo de Apoyo Regional de ONUSIDA para África Occidental y Central. Animó a las partes interesadas a elaborar pruebas para demostrar el impacto en el derecho a la salud de las estrategias de financiación y las políticas fiscales propuestas, a aumentar la ayuda al desarrollo en más de 35 países y a promover una mayor participación de los parlamentarios en el diálogo sobre financiación, reduciendo las diferencias con aquellos que toman las decisiones fiscales.

Health is a right, but in Africa it is estimated that up to 38% of the population delay or forgo health care due to its high costs and out-of-pocket expenditures. Africa is the continent with the greatest proportion of the population not having access to social protection and adequate health care, and where human needs are the greatest.

Limited local production and dependence on external markets and financing are barriers to equitable access to medicines and other medical supplies in Africa. All African countries are net importers of medical and pharmaceutical products, with most of them importing between 70% and 90% of the medicines they consume. 

The advent of the COVID-19 pandemic and its devastating consequences in Africa demonstrate that there is still a long way to go in terms of implementation and domestication of the various international, continental, regional and national human rights instruments.

To address these shortcomings, the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) held the High-Level Regional Seminar on the Right to Health and Social Protection in Africa, in Dakar, Senegal, from 8 to 10 December. It aimed to raise awareness among member states, national human rights institutes, nongovernmental organizations and other partners on the issue of deficient health-care systems and insufficient social protection coverage, to share best practices regarding health-care systems and social protection and to formulate key recommendations for implementation.

“We should not have a handout, but solve our own health problems in Africa. Dependence on international financing makes progress vulnerable,” said Maria Teresa Manuela, an ACHPR Commissioner and a Special Rapporteur on the Rights of Women in Africa.

Financing the right to health is a strong area of collaboration between UNAIDS and ACHPR that will be crystallized in a report to be launched in 2022.

“Pandemics can be a catalyst for transformative financing reforms that uphold the right to health for those left behind. Lessons from the AIDS response and many other leadership examples in Africa need to be leveraged to further mobilize leadership and investments to end AIDS and other pandemics, end inequalities and accelerate realization of the right to health for all,” said Patrick Brenny, the Director of the UNAIDS Regional Support Team for Western and Central Africa. He encouraged stakeholders to generate evidence to demonstrate the impact on the right to health of financing strategies and proposed fiscal policies, to increase development assistance in more than 35 countries and to promote the greater participation of parliamentarians in the financing dialogue, bridging the gap with those who make fiscal decisions.

GINEBRA, 29 de noviembre de 2021 - ONUSIDA emitió hoy la advertencia fehaciente de que, si los líderes no logran abordar las desigualdades, el mundo podría enfrentarse a 7,7 millones* de muertes relacionadas con el sida en los próximos diez años. ONUSIDA insiste en que, si no se adoptan las medidas transformadoras necesarias para la respuesta al sida, el mundo permanecerá además atrapado en la crisis de la COVID-19 y las futuras pandemias nos pillarán a todos peligrosamente desprevenidos.

«Tratamos de hacer un llamamiento urgente a la acción», dijo la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima. «Si bien ya antes estábamos lejos del camino para poner fin al sida, los obstáculos ahora son mucho mayores, puesto que la COVID-19 sigue azotando al mundo con fuerza, lo que obliga a interrumpir los servicios de prevención y tratamiento del VIH, la escolarización, los programas de prevención de la violencia y mucho más. No nos podemos ver obligados a elegir entre poner fin a la pandemia de sida hoy y prepararnos para las pandemias del mañana. Con un único enfoque exitoso lograremos ambos objetivos. Pero, tal y como estamos ahora, no vamos bien».

La advertencia se incluye en un nuevo informe de ONUSIDA presentado antes del Día Mundial del Sida (1 de diciembre) y titulado Unequal, unprepared, under threat: why bold action against inequalities is needed to end AIDS, detener la COVID-19 y prepararnos para futuras pandemias.

Algunos países, entre ellos algunos con las tasas más altas de VIH, han dado grandes pasos contra el sida, de modo que nos han abierto el camino para saber todo lo que sí se puede conseguir. Sin embargo, las nuevas infecciones por el VIH no están disminuyendo lo suficientemente rápido en todo el mundo como para detener la pandemia: en 2020 hubo 1,5 millones de nuevas infecciones por el VIH y las tasas de infección por el virus son cada vez mayores. Las infecciones también siguen líneas de desigualdad. Seis de cada siete nuevas infecciones por el VIH entre adolescentes del África subsahariana se producen entre las adolescentes. Los hombres gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, los trabajadores sexuales y las personas que consumen drogas se enfrentan a un riesgo de infección por el VIH entre 25 y 35 veces mayor en todo el mundo.

La COVID-19 está socavando la respuesta al sida en muchos lugares. El ritmo de las pruebas del VIH disminuyó casi de manera uniforme y en 2020 menos personas que viven con el VIH iniciaron tratamiento en 40 de los 50 países que informan a ONUSIDA. Del mismo modo, los servicios de prevención del VIH se han visto afectados: en 2020, los servicios de reducción del daño para las personas que consumen drogas se vieron interrumpidos en el 65 % de los 130 países encuestados.

«Aún es posible poner fin a la epidemia para 2030», afirma el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su mensaje para el Día Mundial del Sida. «Sin embargo, eso nos exigirá una acción gradual y una mayor solidaridad. Para vencer al sida y crear resiliencia contra las pandemias del mañana, necesitamos más que nunca una acción colectiva».

En su nuevo informe, ONUSIDA examina cinco elementos fundamentales del plan acordado por los Estados miembros en la Reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Sida que deben implementarse urgentemente para detener la pandemia de sida y que, pese a ser fundamentales, carecen de financiación y no han recibido ninguna prioridad para la prevención, preparación y respuesta a la pandemia. Estos compromisos son:

• Infraestructura dirigida por la comunidad y centrada en las personas.
• Acceso equitativo a medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias.
• Apoyo a los trabajadores en las primeras líneas de la pandemia.
• Derechos humanos en el centro de las respuestas a la pandemia.
• Sistemas de datos centrados en las personas que pongan de manifiesto las desigualdades. 

El llamamiento a la ampliación de las inversiones y los cambios en las leyes y políticas para acabar con las desigualdades que impulsan el sida y otras pandemias está respaldado por los líderes en la respuesta mundial a la salud y la pandemia de todo el mundo.

«Si no tomamos las medidas necesarias para abordar las desigualdades que impulsan el VIH hoy en día, no solo no lograremos poner fin a la pandemia de sida, sino que también dejaremos nuestro mundo peligrosamente desprotegido para futuras pandemias», afirmó Helen Clark, copresidenta del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante una Pandemia, en un prólogo especial del informe de ONUSIDA. «La pandemia encuentra espacio para crecer en las fracturas de sociedades divididas. Los increíbles científicos, médicos, enfermeros y comunidades que trabajan para acabar con las pandemias nunca podrán tener éxito a menos que los líderes mundiales adopten las medidas que les permitan lograrlo».

ONUSIDA y los expertos en salud mundial subrayan que, si bien los intereses económicos, como siempre, matarán a millones de personas y dejarán al mundo atrapado en las pandemias colindantes que llevan décadas azotándonos, los líderes sí pueden, actuando de forma audaz y conjunta, abordar todas esas desigualdades en las que las pandemias prosperan, acabar con el sida, superar la crisis de la COVID-19 y proteger al mundo frente a las amenazas de futuras pandemias.

«Los patógenos que van desde el VIH hasta el virus que se esconde detrás de la COVID-19 invaden las grietas y las fisuras de nuestra sociedad con un oportunismo incansable», afirmó Paul Farmer, de Partners in Health, una organización sin ánimo de lucro que desde hace décadas se dedica a tratar eficazmente el sida en entornos de pobreza material. «No obstante, el hecho de que la pandemia de sida esté determinada por las profundas desigualdades estructurales no tiene que dejarnos inactivos. Nuestros equipos, en el Haití rural y en todo el mundo, llevan años demostrándonos que con una atención integral, formas sólidas de acompañamiento y apoyo social, y una mayor dosis de justicia social, las disparidades en los resultados del VIH se pueden reducir rápidamente y los sistemas sanitarios pueden verse enseguida reforzados. No deberíamos conformarnos con menos». 

Este año precisamente hace cuarenta años que se notificaron los primeros casos de sida. Desde entonces, cuando las inversiones han cumplido los objetivos, se han producido enormes avances, especialmente en la ampliación del acceso al tratamiento. En junio de 2021, 28,2 millones de personas tenían acceso al tratamiento contra el VIH, frente a 7,8 millones en 2010, aunque el progreso se ha ralentizado considerablemente.

Los países que gozan de leyes y políticas alineadas con las pruebas, un fuerte compromiso, la participación de la comunidad y unos sistemas de salud sólidos e inclusivos han obtenido los mejores resultados, mientras que las regiones con las mayores deficiencias en materia de recursos y los países con leyes punitivas y que no han adoptado un enfoque basado en los derechos de la salud han protagonizado las peores cifras.

«Ya sabemos qué es lo que funciona: hemos visto respuestas brillantes en algunos lugares, pero es necesario aplicarlas en todas partes y para todos. Contamos con una estrategia efectiva que los líderes acordaron este año en la ONU, pero que debe implementarse en su totalidad. Poner fin a las desigualdades para poner fin al sida es una elección política que requiere reformas políticas audaces y dinero. Hemos llegado a una encrucijada. Debemos elegir qué líderes queremos: aquellos que apuestan por acciones audaces, o aquellos otros que se limitan a actuar a medias».

* La estimación de 7,7 millones de muertes relacionadas con el sida entre 2021 y 2030 es lo que los modelos de ONUSIDA predicen si la cobertura de los servicios para el VIH se mantiene constante a niveles de 2019. Si se pone en marcha la Estrategia Mundial contra el Sida 2021-2026: Acabar con las desigualdades, Acabar con el sida, y logramos alcanzar los objetivos para 2025, ONUSIDA estima que a lo largo de esta década conseguiremos evitar al menos 4,6 millones de todas esas muertes.