ONUSIDA y la Unión Africana han firmado un nuevo Memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés de «Memorandum of Understanding») para reforzar su asociación y para volver a comprometer a los Estados miembros para terminar con el sida a través del marco estratégico para acabar con el sida, la tuberculosis y eliminar la malaria en África hacia el 2030.

El MOU compromete a sus asociados a trabajar para abordar el impacto socioeconómico y político del VIH en África y acelerar la meta de alcanzar la cobertura sanitaria universal para sacar al sida del aislamiento. Allanará el camino hacia unos sistemas sanitarios más resistentes, ágiles e inclusivos en África.

«El renovado MOU entre la Unión Africana y ONUSIDA abre nuevas puertas a la cooperación y a nuevas oportunidades para poner fin a la epidemia de sida en África. Necesitamos cumplir esta promesa: es factible», dijo Amira Elfadil Mohhamed Elfadil, Comisionada para el Departamento de Salud, Servicios Humanos y Desarrollo Social en la ceremonia en la ceremonia de firma.

El Departamento de Salud, Servicios Humanos y Desarrollo Social, antes denominado Departamento de Asuntos Sociales, coordinará los departamentos y los órganos de la Comisión de la Unión Africana para garantizar que el VIH siga siendo una prioridad continental y se integre en el programa de desarrollo, derechos humanos, asuntos humanitarios y paz y seguridad más amplio de la Unión Africana. 

«Estoy encantada de firmar la renovación del MOU con la Unión Africana», dijo Winnie Byanyima, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «La Unión Africana es uno de los socios más importantes de ONUSIDA. Espero reforzar nuestra relación para situar a las comunidades en el centro de la respuesta al VIH, abordar otros retos sanitarios como la COVID-19 y reducir las desigualdades que aumentan la vulnerabilidad de las personas».

Este año es fundamental, ya que se espera que los Estados Miembros de las Naciones Unidas vuelvan a comprometerse con la respuesta al VIH, adoptando una nueva declaración política en junio. El acuerdo de asociación con la Unión Africana se firma en un momento en el que el continente se enfrenta a unos sistemas sanitarios sobrecargados y con una financiación insuficiente frente a la pandemia de la COVID-19.

GINEBRA, 25 de febrero de 2021—ONUSIDA acoge con enorme agrado la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de celebrar la reunión de alto nivel en materia de VIH y sida entre el 8 y el 10 de junio de 2021. Esta reunión de alto nivel analizará el progreso realizado en lo referente a la reducción del impacto del VIH desde la última reunión del mismo tipo celebrada en el año 2016. La Asamblea General espera adoptar una nueva declaración política que guíe la dirección futura de la respuesta al sida. Dicha reunión tendrá lugar precisamente cuando se cumplen 40 años del primer caso diagnosticado de sida y cuando ONUSIDA celebra su 25.º aniversario.

«Los líderes mundiales han de aprovechar la oportunidad que se les brinda con esta nueva reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas en materia de VIH y sida para mantener su foco de atención y su compromiso para acabar con el sida como amenaza para la salud pública, en el margo de su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», recalcó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «La epidemia de sida sigue siendo un asunto pendiente. Debe dejar de existir en todo el mundo y para todas las personas, incluyéndose aquí las mujeres jóvenes, las adolescentes y otros grupos de población desproporcionadamente afectados por el VIH. El derecho a la salud nos asiste a todos».

El progreso para acabar con la epidemia de sida como amenaza para la salud pública para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha sido muy irregular, y no se han alcanzado los objetivos mundiales para 2020 adoptados en la Declaración política de las Naciones Unidas de 2016 para acabar con el sida. El estigma y la discriminación, la marginalización y la criminalización de comunidades enteras y la falta de acceso a la atención sanitaria, la educación y otros servicios esenciales continúan alimentando la epidemia. Las mujeres y las chicas en el África Subsahariana y los grupos de población clave (gais y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, trabajadores sexuales, personas trans, usuarios de drogas inyectables y presos) siguen siendo en todos los rincones las personas más desproporcionadamente afectadas por la epidemia del VIH.

ONUSIDA está actualmente trabajando en el desarrollo de una nueva estrategia mundial en materia de sida para 2021-2026 que permita incluir a todas las partes interesadas en la respuesta al sida. El borrador final de esta estrategia será revisado en marzo de 2021 por la Junta de Coordinación del ONUSIDA con vistas a su adopción. La nueva estrategia mundial del sida incluirá nuevos objetivos para garantizar que nadie quede atrás en la respuesta al sida, con independencia de dónde viva o quién sea. De lograrse estos objetivos, el número de nuevas infecciones por el VIH se reduciría hasta 370 000 para 2025, y el número de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el sida caería hasta 250 000 en 2025.

Incluso lo ya ganado contra el VIH se ve ahora amenazado por las interrupciones y la desorganización provocada por la pandemia de la COVID-19. La reunión de alto nivel brinda la oportunidad de garantizar que el mundo hoy refuerce la resiliencia de la respuesta al sida, se comprometa a una rápida recuperación tras el COVID-19 y aproveche las lecciones aprendidas tanto de la epidemia del VIH como de la COVID-19 para crear sociedades más resilientes y sistemas sanitarios preparados para encarar los futuros desafíos que se presenten en materia de salud.

«La respuesta al sida nos ha enseñado que la responsabilidad global es fundamental para lograr un progreso más sostenido frente al impacto de amenazas sanitarias como la de la COVID-19», insiste la Sra. Byanyima. «Debemos aunar esfuerzos internacionalmente para reducir las desigualdades entre los países y dentro de cada uno de ellos, con el fin de fortalecer así la capacidad mundial de contener y derrotar los futuros desafíos mundiales en materia de salud que ponen en riesgo vidas y medios de subsistencia en todo el mundo».

ONUSIDA valora sobremanera y agradece el duro trabajo llevado a cabo por los cofacilitadores de la reunión de alto nivel y las misiones permanentes a las Naciones Unidas de Australia y Namibia en el marco de la adopción de la resolución. Del mismo modo, pone de manifiesto el gran papel desempeñado por el Presidente de la Asamblea General para liderar el proceso.

Teniendo en cuenta las restricciones impuestas para frenar la propagación de la pandemia de la COVID-19, aún no se ha decidido si la reunión de alto nivel consistirá en un encuentro en persona, en una asamblea virtual o en una mezcla de ambos formatos. En línea con la resoluci´ón, ONUSIDA anima a participar al mayor número posible de Estados miembros de las Naciones Unidas y recuerda también la importancia de contar en la reunión de alto nivel con la presencia de representantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo. ONUSIDA también espera que tenga lugar la sesión con las distintas partes interesadas, pues la considera una gran ocasión para escuchar las voces de las personas que viven con el VIH, que corren el riesgo de infectarse o que están afectadas por el virus, incluyéndose aquí los grupos de población clave.

La 34.ª Asamblea Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana se celebró virtualmente los días 6 y 7 de febrero de 2021.

El Presidente de la República Democrática del Congo y nuevo Presidente de la Unión Africana, Félix Tshisekedi, en la fotografía de arriba, instó a los Estados miembros a no olvidar epidemias mundiales devastadoras como la malaria y el sida, y a aprender de ellas para fortalecer los sistemas de salud, incluyendo el refuerzo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África. 

«Aprovechando la experiencia que hemos adquirido en la lucha contra la adversidad y nuestra capacidad para adaptarnos, no deberíamos darnos por vencidos. No olvidemos otras pandemias, a menudo más letales, que todavía afectan al continente, como la malaria y el VIH», declaró el Presidente de la República Democrática del Congo.

La asamblea reconoció el papel de la Unión Africana en la construcción de una asociación unida, innovadora y fuerte entre los Estados miembros para afrontar la pandemia de COVID-19, que ha tenido un impacto económico significativo en África y ha debilitado todavía más sus sistemas de salud.

Los jefes de estado se comprometieron a mantener el esfuerzo para frenar la expansión del virus y mitigar el impacto socioeconómico mediante el Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, y a implementar un programa de vacunación coordinada a través del Equipo de Adquisición de Vacunas de África para asegurar que ningún país se quede atrás. 

«Hemos estado a la vanguardia de la innovación en la respuesta a la pandemia. Hemos creado la pionera Plataforma Africana de Suministros Médicos para ayudar a los Estados miembros de la Unión Africana a que accedan a suministros y equipo médico asequibles», ha afirmado el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la fotografía de arriba.

El Presidente de Sudáfrica ha elogiado a los jefes de Estado por su extraordinario y decisivo liderazgo a la hora de abordar la crisis del COVID-19. Expresó su consternación por el incremento de la violencia contra la mujer y apeló al organismo continental para que priorizara el empoderamiento económico de las mujeres y elaborara un convenio con el fin de fomentar, proteger y satisfacer los derechos de la mujer. Recurrió a los Estados miembros para ratificar el Convenio núm. 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. 

Aparte de transferir la presidencia de la Unión Africana (UA) de Sudáfrica a la República Democrática del Congo, en la asamblea, que duró dos días, se tomaron una serie de decisiones críticas en cuanto a la implementación de la reforma institucional de la UA, incluida su Comisión y la elección de cuatro nuevos comisionados. Moussa Faki Mahamat fue reelegido como presidente de la Comisión de la Unión Africana para un segundo cuatrienio y Monique Nsanzabaganwa, la primera mujer en la historia de la Comisión, fue elegida recientemente como su diputada. 

«Felicito al Presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi por tomar las riendas como presidente de la Unión Africana en 2021 y lo elogio por apelar a sus pares para que no dejen de lado sus esfuerzos en la respuesta al sida y fortalezcan los sistemas sanitarios de África mientras se sigue afrontando la pandemia de COVID-19. Reitero el apoyo de ONUSIDA a la Unión Africana. Salvar vidas, afrontar desigualdades y promover la atención sanitaria universal son lecciones que se han aprendido del sida y que permiten abordar con éxito tanto las pandemias actuales como las futuras», comentó Clémence Aissatou Habi Baré, directora de la Oficina de Enlace de ONUSIDA con la Unión Africana y la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas.

GINEBRA, 18 de diciembre de 2020— ONUSIDA acoge con gran satisfacción el anuncio de Suecia durante la 47ª reunión de la Junta de Coordinación del Programa de ONUSIDA de renovar su compromiso de financiación anual con ONUSIDA de 300 millones de coronas suecas en financiación básica para 2021, equivalente a 36 millones de dólares, lo que demuestra el continuo liderazgo del país en la respuesta mundial al sida. Al hacer el anuncio, Suecia destacó el papel fundamental de ONUSIDA en el trabajo a favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

ONUSIDA también celebra que Alemania anunciara en la misma reunión su decisión de invertir 5 millones de euros adicionales en las respuestas complementarias de ONUSIDA a las epidemias de VIH y COVID-19 del año que viene. Esto se basa en la contribución de 20 millones de euros del país a la respuesta al VIH y a la COVID-19 de ONUSIDA en junio de este año y se añade a la contribución anual de Alemania a ONUSIDA por valor de 5 millones de euros. Al hacer el anuncio, Alemania reconoció el impresionante trabajo desempeñado por ONUSIDA en su respuesta a las pandemias coexistentes de VIH y COVID-19 e instó a otros donantes a que consideraran el aumento de sus contribuciones.

«Quiero agradecer a Suecia y Alemania su fuerte liderazgo en la respuesta al sida, así como su apoyo y la confianza depositada en ONUSIDA», dijo Winnie Byanyima, la directora ejecutiva de ONUSIDA. «Estas contribuciones permitirán a ONUSIDA mantener su respuesta a la pandemia de VIH, a la vez que se mitigan los efectos de la COVID-19 sobre los grupos vulnerables y se movilizan la respuesta al sida, su infraestructura y su conocimiento contra la COVID-19».

GINEBRA, 29 de septiembre de 2020—Los nombres de supervivientes de la COVID-19 procedentes de 37 países se encuentran entre los de las casi 1000 personas que han firmado una carta abierta a los líderes de la industria farmacéutica para instarles a hacer realidad el disponer de vacunas y tratamientos al alcance de todos, es decir, sin patentes. Dicha carta se hace pública precisamente la víspera del evento paralelo de alto nivel dedicado a la pandemia que tendrá lugar mañana (30 de septiembre) durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Entre los signatarios se incluyen 242 supervivientes de la COVID-19 procedentes desde Sudáfrica hasta Finlandia, pasando por Nueva Zelanda y Brasil. También constan las firmas de 190 personas de 46 países diferentes que han tenido que decir adiós a sus seres queridos por culpa del virus, y las de 572 firmantes que, dadas sus patologías previas, son considerados de alto riesgo en caso de contraer la COVID-19.

La carta reza así: «A algunos de nosotros este virus asesino nos ha arrebatado a quienes más queríamos. Otros nos hemos visto a las mismísimas puertas de la muerte. Y muchos seguimos viviendo con el temor a contraer una enfermedad que sabemos que será letal para nosotros. No llegamos a comprender por qué sus monopolios o sus beneficios son tan importantes como para que haya gente que siga pasando por esto».

En el texto se indica que los laboratorios farmacéuticos están «trabajando en búsqueda de sus propios beneficios, manteniendo la línea de siempre, que consiste en defender sus monopolios y negarse a compartir tanto los resultados de sus investigaciones como lo aprendido en el camino». Por ello, a lo largo de todo el escrito se insta a los líderes de la industria a «garantizar que las vacunas y los tratamientos para la COVID-19 lleguen a todo el mundo, para lo que es necesario evitar monopolios, incrementar la producción y compartir conocimientos».

Los monopolios farmacéuticos no harán sino restringir la fabricación de vacunas y tratamientos farmacéuticos a un pequeño número de fabricantes, lo que impedirá la producción en masa que se requiere para satisfacer la demanda mundial. En la carta se solicita que las empresas cedan de inmediato las tecnologías para trabajar en la vacuna y los derechos de propiedad intelectual al Acceso Mancomunado a Tecnología contra la COVID-19 de la OMS (C-TAP).

Una de las signatarias, Dilafruz Gafurova, de 43 años, procedente de Tayikistán, señaló: «Mi marido y yo contrajimos la enfermedad. Solo nos teníamos el uno al otro, los hospitales estaban saturados... y resultaba complejísimo acceder a los medicamentos adecuados para ganarle la batalla al virus. Soy madre de cuatro hijos... Me asustaba dejarlos solos en este mundo si a mí me pasaba algo... Por eso firmo esta carta: quiero ayudar a otros a conseguir una vacuna. No todas las personas pueden tener acceso a la vacuna, sencillamente porque no todo el mundo puede permitírselo. Muchos apenas [llegan a tener] lo básico que necesitan para el día a día».

La redacción de la carta fue coordinada por la alianza People’s Vaccine Alliance, una coalición mundial de organizaciones y activistas unidos con el objetivo común de defender una vacuna para todos contra la COVID-19 que se consiga gracias a un conocimiento compartido y que esté disponible gratuitamente para todos y en todo el mundo.

Mañana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bill Gates y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, estarán entre los rostros conocidos de alto nivel que debatirán en torno al acceso a la vacuna. Hasta ahora las naciones ricas han fracasado a la hora de presionar a las industrias farmacéuticas para que compartan sus tecnologías con el fin de maximizar el suministro mundial de vacunas y tratamientos triunfantes.

Heidi Chow, de Global Justice Now, miembro de la People’s Vaccine Alliance, insistió: «Los laboratorios farmacéuticos han de prestar atención a las demandas de las personas de todo el mundo que han experimentado el miedo y la devastación que trae consigo la COVID-19. La industria no puede hacer oídos sordos ante las voces de todas estas personas. Por el contrario, debería responder a sus peticiones poniendo fin a los monopolios y comprometiéndose a compartir el dominio respecto a la producción de la vacuna. Todas estas acciones se consideran fundamentales para expandir los suministros de las vacunas, de manera que todos los países puedan permitirse el acceso a vacunas eficaces».

Por su parte, Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA, destacó: «Con el sida ya tuvimos ocasión de ver que, cuando se descubren tratamientos, las personas ricas de los países ricos recuperan su salud, mientras que millones de personas de países en desarrollo caen en el olvido y se ven abocadas a la muerte. No podemos permitirnos caer en el mismo error cuando hallemos una vacuna para la COVID-19. El derecho a la salud es un derecho humano y, como tal, el recibir una vacuna que nos proteja de las garras de este virus mortal no debería depender ni del dinero que llevemos en el bolsillo ni del color de nuestra piel. Una vacuna debería ser siempre un bien público global y, como tal, tendría que ser gratuito para todos».

La alianza también pide a los Gobiernos que la financiación pública dedicada a la investigación y al desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos para la COVID-19 se conceda a las empresas farmacéuticas siempre que estas se comprometan a compartir realmente sus conocimientos y su tecnología, así como a trabajar sin patentes. Una vez que la vacuna esté disponible, la Alianza ruega que las dosis se repartan de manera justa y que se dé prioridad a los trabajadores sanitarios y los grupos de población en riesgo de todo el mundo.

Notas para los editores:

Aquí se puede leer el texto completo de la carta: https://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/pv_alliance_open_letter_final.pdf (en inglés)

Este evento paralelo de alto nivel, denominado Acelerando el final de la pandemia de la COVID-19: adoptando nuevas soluciones para trabajar a mayor escala y lograr resultados accesibles para todos, con el fin de salvar vidas, proteger los sistemas sanitarios y reactivar la economía mundial, se celebrará el día 30 de septiembre en la 75.^ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Entre los participantes están el Secretario General de las Naciones Unidas, el director general de la OMS, los líderes de una amplia variedad de países, entre ellos Reino Unido y Sudáfrica, y la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.  

Esta carta abierta ha sido firmada por un total de 941 personas. Entre ellas están 242 supervivientes de la COVID-19 de 37 países: Alemania, Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Burundi, Canadá, Dinamarca, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, India, Irlanda, Italia, Japón, Kenya, Líbano, Marruecos, Nicaragua, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Polonia, Portugal, República de Macedonia del Norte, Reino Unido, Rusia,

Senegal, Sudáfrica, Suecia, Tayikistán, Uganda y Zambia. Algunas personas se encuadran en más de una categoría. Previa petición, se puede facilitar un listado con todos los signatarios. La carta ha sido enviada a todas las empresas farmacéuticas que están tras las 11 vacunas candidatas que actualmente están en la fase 3 de los ensayos.

People’s Vaccine Alliance es una coalición de organizaciones y activistas unidos con el objetivo común de defender una vacuna para todos contra la COVID-19 que se consiga gracias a los conocimiento compartidos y que esté disponible gratuitamente para todos y en todo el mundo. Un bien común mundial. Coordinada por Oxfam  y ONUSIDA, entre los miembros de la alianza están Frontline AIDS, Global Justice Now, Nizami Ganjavi International Center, STOPAIDS, Wemos y el Yunus Centre. Más de 140 líderes, antiguos líderes y economistas han aunado sus fuerzas para instar a los Gobiernos a trabajar unidos para una vacuna contra la COVID-19 para todo el mundo.

A principios de mes, un análisis de Oxfam reveló que un pequeño grupo de naciones ricas que representa solo el 13 % de la población mundial ya ha adquirido más de la mitad (51 %) de las futuras dosis de las principales candidatas a convertirse en vacuna contra la COVID-19. https://oxfamapps.org/media/press_release/small-group-of-rich-nations-have-bought-up-more-than-half-the-future-supply-of-leading-covid-19-vaccine-contenders/ (en inglés)

El sistema de las Naciones Unidas en Nigeria se unió a la lucha contra la COVID-19 poco después de que se detectara el primer caso en el país a finales de febrero de 2020.

Las grandes lecciones aprendidas por ONUSIDA y su enorme experiencia a la hora de acercar y unir a las distintas partes interesadas han sido fundamentales para guiar la respuesta interinstitucional de las Naciones Unidas liderada por el coordinador del país, Edward Kallon. Movilizando muy activamente su capital político y su buena voluntad en el país, ONUSIDA ha ayudado a aportar recursos y mejores líneas de comunicación, coordinación y responsabilidad a la respuesta nacional a la COVID-19.

A mediados de marzo, se estableció un grupo de trabajo presidencial para desarrollar un plan de respuesta a la COVID-19 que determinara cuál debía ser el trabajo conjunto de las organizaciones. Las lecciones aprendidas de la respuesta al VIH se incluyen en el desarrollo de los cuatro principios de unidad que guían la respuesta nacional a la pandemia de la COVID-19: un plan de respuesta a la pandemia de la COVID-19 multisectorial, una autoridad coordinadora nacional para la COVID-19, un sistema de evaluación y supervisión para la COVID-19 y una plataforma para la financiación e inversión en la COVID-19.

«Los cuatro principios de unidad simplificarán y clarificarán los papeles, las responsabilidades y las relaciones, incluyéndose aquellas dentro del Gobierno», señaló el Ministro de Sanidad de Nigeria, Osagie Ehanire.

Otra lección aprendida de la respuesta al VIH es la que tiene que ver con la importancia de garantizar que las personas marginadas y vulnerables sean tenidas en cuenta en cada uno de los pasos para el desarrollo de una respuesta a la epidemia. El posible impacto de la COVID-19 sobre las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y las personas sin recursos ha de ocupar también el centro de la toma de decisiones.

«ONUSIDA se coordinó periódicamente con las distintas redes desde el comienzo del brote de la COVID-19. Se encargó de proporcionar el apoyo técnico necesario y de garantizar las sinergias con los esfuerzos del Gobierno», explicó Abdulkadir Ibrahim, coordinador nacional de la Red de personas que viven con el VIH/sida en Nigeria.

Junto con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ONUSIDA sirvió de enlace entre el sistema de las Naciones Unidas y el Gobierno, y facilitó la entrega de 2 millones de dólares estadounidenses al Gobierno, para que este se encargara de adquirir productos médicos de primera necesidad en situación de emergencia. Se garantizó de esta forma el uso de los suministros y los equipos en las instalaciones sanitarias públicas y por parte de los trabajadores sanitarios.

Naciones Unidas lanzó el Fondo Colectivo para la COVID-19 el pasado 6 de abril. Como parte de uno de los cuatro principios de unidad, el referente a la plataforma de inversión y financiación para la COVID-19, el Fondo Colectivo canaliza las aportaciones de los donantes a la respuesta a la COVID-19. ONUSIDA desempeñó un papel fundamental en su establecimiento, al trabajar mano a mano con el coordinador nacional de las Naciones Unidas y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para garantizar que esta plataforma de financiación pusiera a las personas y a las comunidades en el centro. ONUSIDA, ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas ayudaron a recaudar 6,5 millones de dólares estadounidenses para el compromiso de la sociedad civil y la comunidad, la protección social de los hogares más vulnerables y la documentación de las buenas prácticas de la comunidad.

Al anunciar su contribución de 50 millones de euros al Fondo Colectivo, el presidente de la delegación de la Unión Europea en Nigeria, Ketil Karlsen, afirmó: «El Fondo Colectivo para la COVID-19 nos brinda la oportunidad de cooperar y actuar rápidamente proporcionando una ayuda que contribuye a reforzar los servicios sanitarios y proteger a los más vulnerables». 

Quizás la aportación más importante de ONUSIDA a la respuesta a la COVID-19 en el país ha sido defender el aprovechamiento de la enorme infraestructura para el VIH con que cuenta Nigeria para luchar contra la COVID-19.

«Debemos incrementar los activos para el VIH sobre el terreno, no solo las instalaciones, sino también el número de sanitarios y voluntarios. Para luchar de manera efectiva contra la COVID-19, no podemos sino hacer partícipes a las comunidades para que ellas también lideren la respuesta», afirmó Erasmus Morah, director regional de ONUSIDA en Nigeria.

Juntos, el Gobierno de los Estados Unidos, la Agencia nacional para el control del sida, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ONUSIDA, y el grupo de trabajo presidencial trazaron e iniciaron el compromiso de aproximadamente 100 000 sanitarios y voluntarios, para que fueran ellos quienes se ocuparan de la comunicación del riesgo, la movilización social, el rastreo de contactos y la atención domiciliaria.

La COVID-19 está lejos de dar tregua al país. Los casos siguen creciendo y el personal de las Naciones Unidas no ha escatimado en esfuerzos en ningún momento. Sin embargo, tal y como apunta el Sr. Kallon: «Las Naciones Unidas han de seguir trabajando y ayudando a las personas, al mismo tiempo que se garantice que el personal y sus familias dispongan de lo necesario para protegerse frente a la COVID-19». De acuerdo con esto, se estableció un centro para el aislamiento y el tratamiento de la COVID-19 como extensión de la clínica de las Naciones Unida para su personal, quien está en la primera línea de la batalla contra la enfermedad del coronavirus, y sus familias. 

Avanzando en la respuesta a la COVID-19, y apoyando continuamente al grupo de trabajo presidencial, el equipo nacional de las Naciones Unidas, incluida ONUSIDA, se está preparando para ayudar a Nigeria a hacer frente a las ingentes brechas en la preparación subnacional. En los próximos meses se abordarán cuestiones clave como la falta de medios de vida, el aumento de las vulnerabilidades y la inseguridad alimentaria, el mayor riesgo de violencia de género y el acceso limitado a los servicios sanitarios básicos.

En la apertura de una sesión de la Conferencia Internacional sobre el Sida 2020 dedicada a la próxima estrategia mundial del sida de ONUSIDA, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima, presentó un audaz plan para volver a poner en marcha la respuesta global al VIH.

«A principios de esta semana, ya di la voz de alarma al anticipar que el mundo no logrará los objetivos mundiales fijados para el VIH de cara al año 2020. La nueva estrategia de ONUSIDA será el mapa de ruta para reactivar la respuesta mundial y poner fin a la epidemia del sida para 2030», apuntó la Sra. Byanyima. «La siguiente estrategia de ONUSIDA actuará de lleno sobre aquellas áreas que aún siguen rezagadas. Buscará combinar la prevención y los derechos humanos de los grupos de población clave, y abordará las múltiples vulnerabilidades de las chicas adolescentes y mujeres jóvenes del África subsahariana».

La sesión supuso una oportunidad para que los participantes intervinieran en un debate con ONUSIDA sobre los principios y los problemas clave que deberían sustentar la estrategia mundial para el sida de ONUSIDA.

Deborah Birx, coordinadora mundial del sida de los Estados Unidos y coordinadora de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, enfatizó la imperiosa necesidad de «aunar los datos, las comunidades y los Gobiernos para abordar los problemas a los que las personas se ven obligadas a hacer frente a diario».

Todos y cada uno de los allí presentes compartieron una misma opinión respecto a la gran necesidad de una estrategia que se ocupe de las principales vulnerabilidades que ponen a las personas en riesgo. Así, dicha estrategia deberá acabar con las normas de género tradicionales dañinas, deberá permitir el acceso de las personas a los medios de vida y la educación, y tendrá que reducir la exclusión y marginalización de los grupos de población clave.

«La salud no es solo salud. Hablamos también de justicia social. No basta con proporcionar preservativos a las trabajadoras sexuales, si no abordamos los factores que las impiden usarlos», apuntó Rico Gustav, director ejecutivo de la Red mundial de personas que viven con el VIH y presidente del Comité para la estrategia del Fondo Mundial.

Con el fin de salvar las brechas, debemos aplicar las pruebas de que disponemos para diseñar programas que se adapten a las distintas epidemias y contextos. «Nosotros sí que disponemos de las herramientas para lograr el impacto que hace falta, pero necesitamos trasladarlas a nivel local. Requerimos soluciones más a medida», insistió Quarraisha Abdool Karim, del Centro para el programa de investigación sobre el sida de Sudáfrica.

Se instó a todas las comunidades a ponerse en el centro de la respuesta para liderar el cambio. Al mismo tiempo, los participantes subrayaron la necesidad de invertir en las comunidades para empoderarlas y pedir su liderazgo, para hacer a todo el mundo responsable, para ayudar a diseñar y hacer llegar respuestas al VIH, la tuberculosis y la COVID-19 centradas en las personas y en los derechos humanos, y para alcanzar a aquellos grupos de población a los que es más difícil llegar.

«Cómo vamos a poder tener el poder de la gente cuando ni tan siquiera disponemos de financiación», planteó Lucy Wanjiku, de Positive Young Women Voices de Kenia.

«Las comunidades han de estar sí o sí en el centro de la respuesta. Esto significa que tienen que recibir financiación, que han de formar parte de la toma de decisiones y que se debe contar con espacios cívicos donde todos seamos responsables», añadió Ludo Bok, gerente del grupo para la salud y el desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Todos los ponentes llamaron a reflexionar seriamente sobre lo que debía cambiar y animaron a todos a comprometerse para modificar la forma en que respondemos al VIH.  Los participantes estuvieron totalmente de acuerdo con el hecho de que es fundamental hablar de salud como un derecho básico. Para todos ellos, hemos de ver la salud como una construcción social. El tratamiento y la prevención del VIH no se pueden administrar si sigue habiendo brechas respecto al acceso al conocimiento, la educación y la atención sanitaria; la reducción del daño; la salud sexual y reproductiva; un medio de vida seguro; oportunidades económicas; protección frente a la violencia y acceso a la justicia.

«Vuelvo a tener la sensación de que necesitamos actuar con urgencia. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente», recalcó la Sra. Byanyima. «La gente ansía y espera que esta estrategia marque una nueva dirección para la respuesta mundial al sida. Esperan la acción del Programa Conjunto de las Naciones Unidas, esperan acabar con el sida en todos los países, y esperan frenar la epidemia en todas y cada una de las comunidades».

La financiación procedente de los Gobiernos donantes fue prácticamente la misma que hace una década, a pesar de que el número de personas que viven con el VIH aumentó un 24 % en ese periodo

GINEBRA/SAN FRANCISCO 6 de julio de 2020-De acuerdo con un nuevo informe de la KFF (Fundación de la familia Kaiser) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA), el desembolso de los Gobiernos donantes para combatir el VIH en los países de bajos y medianos ingresos sumó un total de 7800 millones de dólares estadounidenses en el año 2019, cifra que supone una reducción respecto a los 8000 millones de dólares estadounidenses del año 2018 y que sitúa las aportaciones casi al mismo nivel que hace una década.

La mitad de los 14 Gobiernos donantes analizados en el estudio redujo su aportación a la lucha mundial contra el VIH de 2018 a 2019. Tan solo seis aumentaron su inversión y uno la mantuvo estable. La financiación de los países donantes apoya el tratamiento y la atención al VIH, su prevención y otros servicios relacionados en los países de ingresos bajos y medianos. 

El descenso en la financiación se debió sobre todo a la reducción de la financiación bilateral por parte de los Estados Unidos, como consecuencia de la financiación fija del Congreso durante varios años, los recortes en los canales de financiación para los programas, y los plazos de los pagos.  El descenso se debe también, aunque en menor medida, a la reducción de la financiación procedente de otros donantes. Si bien los donantes aumentaron en más de 100 millones de dólares estadounidenses sus contribuciones bilaterales al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; ONUSIDA y UNITAID, las ganancias no resultaron suficientes para compensar las mermas en la financiación bilateral. Desde el año 2010, la financiación procedente de Gobiernos donantes distintos a los Estados Unidos se ha reducido en más de mil millones de dólares estadounidenses debido, en gran parte, al enorme descenso del apoyo bilateral al VIH.

Aun cuando sus aportaciones son menores, los Estados Unidos siguen siendo el país del mundo que más fondos destina al VIH. Solo en el año 2019 aportó 5700 millones de dólares estadounidenses, y se sitúa el primero en términos de financiación de acuerdo con la magnitud de su economía. El siguiente gran país donante es el Reino Unido (646 millones de dólares estadounidenses), seguido por Francia (287 millones de dólares estadounidenses), Países Bajos (213 millones de dólares estadounidenses) y Alemania (180 millones de dólares estadounidenses).

Estos datos alimentan un informe mundial de ONUSIDA aún mayor, el cual analiza todas las fuentes de financiación para el alivio del VIH, entre las que se incluyen Gobiernos locales, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, y las compara con los recursos que se necesitan para conseguir los objetivos relacionados con las pruebas de detección y el tratamiento. ONUSIDA calcula que, para finales de 2020, se necesitan recursos valorados en 26 200 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 19 800 millones actualmente disponibles, lo que deja entrever una brecha de varios miles de millones dólares estadounidenses. Esta brecha ha ido creciendo en los últimos años porque el número de personas que viven con el VIH en los países de bajos y medianos ingresos ha aumentado en un 25 % a lo largo de la década pasada, y el número de nuevas infecciones por el VIH se sigue manteniendo elevado.

«Cada dólar no invertido hoy contribuye a más muertes relacionadas con el sida y a nuevas infecciones por el VIH», insiste Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «En un mundo que se caracteriza por las desigualdades masivas, tenemos que aumentar las inversiones para hacer realidad el derecho a la salud. Se trata de una responsabilidad compartida, hemos de solicitar más financiación a los donantes y debemos conseguir más recursos nacionales. También hemos de lograr dejar el margen fiscal necesario mediante la cancelación de la deuda». «Los Gobiernos donantes no hacen sino abandonar la financiación de los programas para el VIH en los países de bajos y medianos ingresos, mientras el número de personas que viven con el VIH no para de crecer», afirma Jen Kates, vicepresidente ejecutivo superior de KFF. «Es muy posible que esta situación se torne aún más precaria en 2020 y en adelante, puesto que los efectos de la COVID-19 golpean los presupuestos de los Gobiernos donantes y afectan e impactan cada vez más en los ámbitos relacionados con la salud y la economía de todo el mundo».

El nuevo informe, elaborado conjuntamente por ONUSIDA y la Fundación de la familia Kaiser, ofrece los datos más recientes de que se dispone sobre financiación de los donantes a partir de la información facilitada por los Gobiernos. Se incluyen la ayuda bilateral a los países de bajos y medianos ingresos, y las contribuciones al Fondo mundial, ONUSIDA y UNITAID.  La «financiación de los Gobiernos donantes» hace referencia al desembolso, y a los pagos, realizados por los donantes.

Por Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA — Publicado por primera vez en Informes de perspectivas del Foro Económico Mundial (mayo de 2020)

Reconociendo la catástrofe de la salud pública

Como bien hemos visto en los países más ricos, los determinantes económicos y sociales de la enfermedad y la salud son unos fuertes indicadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Para una cuarta parte de la población urbana mundial que vive en barrios marginales y para muchísimos refugiados y desplazados, la distancia social y el lavado constante de manos no son, en absoluto, posibles.

La mitad de las personas que habitan el globo no tiene acceso a la atención sanitaria básica ni tan siquiera en épocas normales. Mientras que en Italia hay un médico por cada 243 personas, en Zambia tan solo hay un médico para cada 10 000 personas. En Mali se cuenta con tres respiradores por cada millón de habitantes. El gasto medio en salud en los países de bajos ingresos ronda únicamente los 41 dólares por persona al año, 70 veces menos de lo que invierten los países con altos ingresos.

La pandemia ejercerá una presión ingente sobre las instalaciones sanitarias, la cual no solo afectará a las personas con COVID-19, sino que perjudicará muy negativamente a todo aquel que necesite atención médica. Sabemos de lo que hablamos. Esto ya pasó tiempo atrás. Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona se registró un aumento de un 34 % en la mortalidad materna y un 24 % en las tasas de mortalidad fetal, debido a que cada vez menos mujeres tenían acceso al cuidado pre- y posparto.

La Organización Internacional del Trabajo prevé que desaparecerán entre 5 y 25 millones de empleos, y que se perderán entre 860 mil millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses en ingresos laborales. El empobrecimiento masivo hará que los tratamientos sean inaccesibles aún para más gente. Hasta ahora, cada año, mil millones de personas tienen bloqueado el acceso a la atención sanitaria como consecuencia de las tasas de usuario. Esta exclusión de los cuidados básicos no perjudicará solo a las personas directamente afectadas: pondrá en peligro la vida de todos, puesto que hemos de convencernos de que un virus no se puede contener si hay personas que no pueden permitirse ni test ni tratamientos.

Los confinamientos sin ningún tipo de retribución son devastadores, pues están obligando a millones de personas a escoger entre el peligro y el hambre. Como en muchos países en desarrollo, más de tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen al sector informal y viven con lo que ganan a diario, muchos de los que se vean obligados a quedarse en casa no tendrán nada que llevarse a la boca. Por ello, infinidad de personas ignorará las reglas del confinamiento y asumirá el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus.

Ya fuimos testigos de ello durante la respuesta al sida. Sabemos que los Gobiernos que luchen por contener la crisis buscarán chivos expiatorios (migrantes, minorías o personas socialmente excluidas), lo que hará aún más complicado acceder a las personas, realizarles las pruebas, tratarlas y frenar la expansión del virus. Los países donantes empezarán a dejar el dinero en sus fronteras, al sentir que no pueden permitirse el ayudar a los demás. La presencia de la COVID-19 supone una enorme amenaza para todos y en todo el mundo. Y no solo perjudicará a los países en desarrollo, sino que también exacerbará los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países donantes.

Sin embargo, en medio del inmenso dolor que sentimos y del terror que se ha apoderado de nosotros, la crisis también nos brinda la oportunidad de forjar un fuerte, tenaz y colaborador liderazgo basado en principios, a partir del cual podamos cambiar el curso de la pandemia y de la sociedad.

Aprovechando la oportunidad de la sanidad pública

Si bien suele pensarse que, al responder a una crisis, agotamos nuestra capacidad para emprender mayores reformas sanitarias, lo cierto es que, en materia de salud, sucede todo lo contrario. Los grandes pasos en cuanto a la salud normalmente se han producido en respuesta a una crisis mayor. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios en Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o en cómo el sida y la crisis económica nos acercaron a la atención sanitaria universal en Tailandia. Ahora, en medio de esta despiadada crisis, los líderes de todo el mundo tienen ante ellos la oportunidad de construir esos sistemas de salud que siempre se necesitaron y por los que ahora no se puede esperar ni un segundo más.

La atención sanitaria universal

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que recaudar dinero antes de recibir asistencia. Mientras la lucha por controlar al agresivo coronavirus continúa sin descanso, hay una necesidad imperiosa de acabar de inmediato con las tasas de usuario.

La atención sanitaria gratuita no solo se antoja esencial para plantarle cara a la pandemia: cuando la República Democrática del Congo en 2018 instauró la atención sanitaria gratuita para derrotar al ébola, el uso de la atención sanitaria mejoró en general, al duplicarse las consultas por neumonía y diarrea, y observarse un aumento de entre un 20-50 % de mujeres que dan a luz en una clínica. Dichas ganancias volvieron a perderse tan pronto como se retiró la asistencia gratuita. Con la atención sanitaria gratuita lograremos también evitar la tragedia de ver cómo 100 millones de personas son obligadas a caer en la pobreza extrema por tener que costearse ellas mismas y año tras año su atención sanitaria.

Ya que aún no hay vacuna contra la COVID-19, los países deberán ser capaces de limitarla y contenerla. El carácter inevitable de futuras pandemias torna permanente la necesidad de contar con fuertes sistemas de salud universal en todos y cada uno de los países del mundo.

Financiadas con fondos públicos, las medicinas y la atención sanitaria más puntera han de llegar a todas las personas con independencia de dónde vivan. Para permitir el acceso universal, los Gobiernos han de integrar los servicios liderados por la comunidad en los sistemas públicos. Esta crisis ha puesto también de manifiesto cómo nuestra salud precisa que los sanitarios que nos protegen y cuidan deben protegerse también a sí mismos y recibir cuidados.

Dada la interconectividad existente entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán también que fortalecer sus redes de seguridad social para fomentar la resiliencia. La COVID-19 no se ha cansado de demostrarnos que necesitamos Gobiernos activos, responsables y comprometidos que regulen los mercados, reduzcan las desigualdades y nos proporcionen los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe estar ahí, al pie del cañón.

Financiando nuestra salud

Muchos países en desarrollo se estaban ya enfrentando a una deuda que los llevó a recortes en la atención sanitaria pública. Reconociendo que la atención sanitaria universal en todo el mundo es un bien público global, los Gobiernos prestamistas, las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados deben seguir prolongando y ampliando las suspensiones temporales de la deuda que han anunciado recientemente. La propuesta realizada por Jubilee Debt Campaign y cientos de otras organizaciones de la sociedad civil establece el tipo de ambición que se expone.

Los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, deberían asimismo otorgar subsidios, no préstamos, para abordar el impacto social y económico de la pandemia sobre los grupos de población pobres y más vulnerables, entre ellos los trabajadores del sector informal y las poblaciones marginadas. Se ha de incrementar el apoyo a los costes de los sistemas sanitarios existentes en los países en desarrollo. Costaría aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses doblar el gasto en salud pública de los 85 países más pobres del mundo, donde viven 3,7 mil millones de personas. Eso es menos del 8 % del último estímulo fiscal concedido por los Estados Unidos. Es fantástico ver a los países donantes conversar e intercambiar palabras muy inspiradoras con relación a un nuevo Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad, las contribuciones prometidas son totalmente insuficientes.

Liderazgo empresarial

Del mismo modo, hace falta un nuevo tipo de liderazgo por parte del mundo empresarial. Es preciso uno que reconozca cuánto depende de sociedades sanas, y que logre el equilibrio necesario entre el mercado y el Estado. Tal y como ha señalado el presidente Macron, esta pandemia «revela que algunos productos y servicios han de situarse fuera de las reglas de mercado establecidas». La década pasada vio un rápido aumento en la comercialización y financiación de los sistemas sanitarios en todo el globo. Eso ha de terminar.

De acuerdo con lo que un grupo de 175 multimillonarios hicieron constar en una carta pública firmada en la Reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 celebrada en Davos, ha llegado el momento de que «los miembros de la clase más privilegiada de seres humanos que nunca antes había caminado sobre la faz de la Tierra» apoyen «impuestos más elevados y más justos a los millonarios y multimillonarios, y luchen por evitar el fraude y la evasión fiscales». Los líderes empresariales responsables deberían apoyar una reforma impositiva de las empresas, nacionales e internacionales, que incluya tasas más elevadas, elimine las exenciones, cierre los paraísos fiscales y resuelva todas las lagunas fiscales.

A pesar de las innumerables lecciones aprendidas con el sida, la monetización de la propiedad intelectual ha traído consigo un sistema de enormes monopolios privados, investigación insuficiente en enfermedades clave y precios que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Los países necesitan contar con la mayor de las flexibilidades para garantizar la disponibilidad de tratamientos médicos básicos para todas las personas, y, al tiempo, garantizar las nuevas reglas que priorizan la salud colectiva por encima de los beneficios privados. Es vital alcanzar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. La propuesta de Costa Rica de «una patente internacional mancomunada» permitiría que todas las tecnologías diseñadas para la detección, la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19 estés disponibles para todo el mundo. De esta forma, se evitaría que ninguna empresa o país se hiciera con el monopolio. Los países en desarrollo no deben ser dejados fuera ni atrás en la cola a la espera de tratamientos.

Se necesita un liderazgo que vuelva a dar forma a la cooperación global: la crisis de la COVID-19 ha demostrado que nuestro sistema multilateral es desigual, que está anticuado y que es incapaz de responder a los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Sin duda, haremos frente a amenazas aún mayores que esta pandemia, que solo podremos superar con un multilateralismo justo e inclusivo.

Todos nos necesitamos

La pandemia de COVID-19 es, al mismo tiempo, una crisis que está agudizando las desigualdades existentes y una oportunidad para dar visibilidad a dichas desigualdades.

La respuesta al sida demuestra que solo con un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en valorar a cada persona individualmente, las sociedades podrán vencer la amenaza existencial que suponen las pandemias. La atención sanitaria universal no es un regalo de quienes tienen medios a quienes no los tienen, es una derecho que todos tenemos y una inversión compartida en nuestra seguridad y bienestar.