Latin America

En una decisión histórica, el Congreso peruano ha aprobado una ley que amplía la cobertura temporal del seguro de salud a las personas migrantes diagnosticadas con VIH y TB. Esta ley, permite a las personas extranjeras no residentes acceder a servicios de salud a través del Seguro Integral de Salud (SIS) mientras completan sus procesos migratorios.

Esta ley, que incorpora propuestas de los Proyectos de Ley 5253, 5554 y 7260, representa un paso significativo en la reducción de barreras para la población migrante, asegurando atención médica oportuna sin necesidad de contar con documentación oficial de residencia. Así, los migrantes afectados por el VIH o TB pueden recibir servicios de salud esenciales, incluyendo consultas médicas y exámenes de diagnóstico, independientemente de su estatus migratorio.

El avance legislativo se produce tras más de dos años de labor de movilización liderada por el "Grupo Impulsor", una coalición que incluye a ONUSIDA, junto con socios como la iniciativa emblemática de USAID, el Proyecto de Sostenibilidad del Sistema de Salud Local (LHSS), la OIM, ACNUR, el Observatorio Peruano de Migración y Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (OPEMS-UPCH), el Colectivo GIVAR, VENEACTIVA, el Observatorio Social Peruano de la TB y Partners in Health.

Así mismo, proporcionar tratamiento oportuno a los migrantes con VIH o TB no sólo mejora su calidad de vida, sino que también reduce el riesgo de transmisión, lo que la convierte en una medida de salud pública crucial que beneficia a todas las personas. También ahorra dinero: la atención oportuna es mucho más rentable, ya que evita casos avanzados que sobrecargan el sistema sanitario.

Un análisis coste-beneficio revela que Perú podría ahorrar alrededor de 5 millones de soles (1,33 millones de dólares) anuales al prevenir nuevas infecciones y otros 54 millones de soles (14,58 millones de dólares) al evitar pérdidas de productividad relacionadas con el sida y las muertes por TB.

Las personas migrantes que viven con el VIH en Perú siguen siendo uno de los grupos más discriminados del país, con un 70,7% de estigmatización, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También se enfrentan a una mayor vulnerabilidad debido a la xenofobia, la violencia y la explotación: casi la mitad de ellos han sufrido violencia física o explotación sexual. El acceso a la atención médica es un reto importante, ya que sólo el 2% de los migrantes con VIH están cubiertos por el seguro público de salud (SIS), lo que deja al resto pagando gastos de su propio bolsillo que muchos no pueden costearse.

“Al ampliar el acceso al seguro de salud a las personas migrantes, Perú no solo afronta estas barreras, sino que también se suma a los compromisos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigidos a erradicar epidemias como el sida y la TB para 2030”, dice Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. “Esta victoria legislativa no solo marca un punto decisivo en la política de salud, sino que también sienta un precedente para futuras reformas, garantizando un sistema de salud más inclusivo y equitativo para todos”

Proteger los derechos de todas las personas es proteger la salud pública.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez Henriques, la ciudad más grande de Ecuador y el principal puerto del país, firmó las Declaraciones de París y Sevilla el 28 de febrero, situando a la ciudad entre los casi 500 municipios de todo el mundo que se han comprometido a acelerar la acción a nivel local para mejorar la calidad de vida de las personas que viven con el VIH o están afectadas por él. Con este compromiso, la ciudad se compromete a contribuir al objetivo del país de poner fin al sida como amenaza para la salud pública para 2030.

Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas, la más poblada de Ecuador y la más afectada por el VIH, con más de un tercio de todas las notificaciones de nuevas infecciones por VIH del país, según el Ministerio de Salud Pública de Ecuador. La epidemia se concentra en las poblaciones clave, con una prevalencia del VIH del 7,3% entre los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (HSH), por ejemplo.

"Un número importante de casos reportados con VIH en 2023 viven en Guayaquil", dijo Andrés Díaz, Director Técnico de la Unidad de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Dirección de Salud e Higiene de la ciudad. "Sabemos que la mejor manera de mejorar la prevención del VIH es a través de la educación y sensibilización de los ciudadanos para que se hagan la prueba".

Guayaquil ha realizado importantes esfuerzos para intensificar el cribado del VIH y ha aumentado la detección de casos seropositivos en un 1,6%. Las personas diagnosticadas se vinculan inmediatamente al sistema de salud pública para iniciar el tratamiento antirretrovírico de primera línea, disponible universalmente para nacionales y migrantes en Ecuador.

No obstante, el Departamento de Salud del Municipio de Guayaquil ha desarrollado un plan con acciones clave que se implementarán como resultado del compromiso de la ciudad con la iniciativa Fast-Track. Algunas de las prioridades más estratégicas son la ampliación de los servicios de VIH, incluida la prevención del VIH, el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; la sensibilización de los funcionarios públicos sobre cuestiones de estigma, discriminación y violencia de género vinculadas al VIH; y facilitar la participación de las comunidades, especialmente de la población clave y vulnerable, en la definición y ejecución de programas de VIH a nivel comunitario.

Al acto asistieron representantes de organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, como la Corporación Kimirina, la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con el VIH y la Asociación Trans LGBT+ Silueta X. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. Estas organizaciones desempeñan un papel crucial en los esfuerzos de la ciudad por responder al VIH. "La participación ciudadana bajo el liderazgo de la autoridad local, con énfasis en los grupos comunitarios más vulnerables y en riesgo, es vital para lograr el objetivo de acabar con el sida para 2030", enfatizaron las delegadas de la Corporación Kimirina María Elena Acosta y Lily Márquez. Asimismo, Joan Morales de la Coalición Ecuatoriana de Personas que Viven con VIH destacó que "Al firmar las Declaraciones de París y Sevilla, Guayaquil se une a muchas otras ciudades que se han comprometido a brindar servicios de salud acelerados y sostenidos que nos permitan erradicar no solo el SIDA sino también la Tuberculosis, la Malaria y otras enfermedades tropicales, con acciones que contribuyan a reducir la discriminación hacia las personas que viven con VIH y otras comunidades afectadas."

Creada en 2014, la Declaración de París sobre la Acción Acelerada de las Ciudades para Poner Fin a la Epidemia del VIH es una declaración política con compromisos y objetivos que incluyen poner fin a las epidemias urbanas de sida y tuberculosis (TB), así como eliminar las hepatitis víricas (VHB y VHC). También articula un mandato para situar a las personas en el centro de la respuesta. Para definir y facilitar ese mandato, en 2022 se creó la Declaración de Sevilla sobre la Centralidad de las Comunidades en las Respuestas Urbanas al VIH, en la que se esbozan los 10 compromisos que se pide a las ciudades y municipios que asuman para aumentar la participación y promover el liderazgo de las comunidades afectadas en la consecución de las metas, objetivos y objetivos de la iniciativa Ciudades por la Vía Rápida.

"Felicitamos a la Alcaldía de Guayaquil por su compromiso de contribuir a los esfuerzos de Ecuador para alcanzar los objetivos de la Estrategia Mundial del Sida 2025, reduciendo el número de nuevas infecciones por el VIH y de muertes relacionadas con el sida y eliminando el estigma y la discriminación en todas sus formas", dijo Andrea Boccardi Vidarte, Directora de la Oficina de ONUSIDA para los Países Andinos. "Este compromiso es también un reconocimiento al liderazgo de las comunidades más afectadas por el VIH y a su apoyo a los objetivos de la ciudad".

En el corazón de la bulliciosa Ciudad de Guatemala, Juan solía enfrentarse al ajetreo diario de la vida con un espíritu inquebrantable. Le habían diagnosticado el VIH hacía varios años y había aprendido a gestionar su salud con eficacia. Como empleado dedicado en una empresa de marketing, vertía su creatividad en cada proyecto que tocaba.

Su vida parecía ir viento en popa hasta que se produjo un giro inesperado en su lugar de trabajo. Un compañero se topó con los registros médicos de Juan y, en una violación de su privacidad, descubrió su estado serológico. Pronto, los susurros se extendieron por la oficina y Juan empezó a sentir las miradas frías y las conversaciones cada vez que pasaba. Al final, fue despedido de su empresa por un “motivo de reorganización".

A medida que la discriminación se hizo más evidente, Juan decidió que era hora de tomar medidas. Pidió consejo a Líderes Profesionales, una red de abogados especializados en casos de discriminación para personas que viven con el VIH. Con el apoyo de ONUSIDA, esta red se ha comprometido a luchar por la justicia y la igualdad de las comunidades marginadas.

Al conocer la historia de Juan, los abogados de Líderes Profesionales quedaron consternados por la flagrante violación de la privacidad y la consiguiente discriminación. Rápidamente formaron un equipo jurídico dedicado a garantizar la justicia para Juan. Los abogados explicaron las protecciones legales existentes para las personas con VIH, haciendo hincapié en que la discriminación en el lugar de trabajo basada en el estado de salud es una clara violación de la ley.

Junto con Juan, el equipo jurídico inició una demanda contra la empresa. Presentaron una denuncia por violación de la privacidad, discriminación e incumplimiento de la obligación de proporcionar un entorno laboral seguro e inclusivo, y solicitaron el pago de prestaciones y una indemnización por despido injustificado.

Líderes Profesionales trabajó incansablemente para denunciar el trato injusto que Juan había sufrido, buscando justicia para él y abogando por un cambio más amplio en las políticas del lugar de trabajo. Organizaron talleres para sensibilizar a las empresas, instándolas a poner en práctica una formación y una política integrales en materia de diversidad e inclusión.

A diciembre de 2023, el caso seguía abierto. El objetivo del equipo jurídico es conseguir una indemnización para Juan y fomentar un entorno en el que no se tolere este tipo de discriminación en el futuro.

"La experiencia de Juan y otros cinco casos relacionados con la discriminación en el lugar de trabajo este año nos inspiran para continuar nuestra labor de defensa", afirma Julio Rodríguez, Director de Líderes Profesionales. "Redoblamos nuestros esfuerzos para apoyar a las personas que sufren discriminación, aprovechando cada caso como una oportunidad para concienciar e impulsar un cambio sistémico."

Se calcula que en Guatemala hay 31.000 personas que viven con el VIH. El estigma y la discriminación relacionados con el VIH siguen siendo omnipresentes. Según el último Índice Nacional de Estigma (2017), el 14% de las personas que viven con el VIH informaron haber perdido su trabajo o fuente de ingresos debido a su estado serológico positivo para el VIH, y el 13% de las personas que viven con el VIH informaron que se les negó el empleo o la oportunidad de trabajar debido al VIH.

"Tener acceso a apoyo jurídico representó realmente un punto de inflexión para Juan. Empoderado por ello, es un defensor más vocal de la sensibilización sobre el VIH y de los esfuerzos contra la discriminación", afirma Marie Engel, Directora de ONUSIDA para Guatemala, Honduras y Nicaragua. "A través de su viaje, Juan contribuye a una sociedad más justa e inclusiva para todos".

En el tranquilo rincón de un centro comunitario de Ciudad de Guatemala, Emma -nombre ficticio-, de 29 años, está sentada entre otras mujeres a las que no conoce. En los rostros y gestos de cada una de ellas, se puede ver que todas llevan sobre sus hombros el peso de la violencia y la injusticia.

Los primeros y sutiles rayos de sol llenan poco a poco la habitación; la calma y el confort invitan a Emma y a las demás a sentir más relajados sus corazones y sus almas. Con ojos cansados, manos pequeñas y un corazón marcado por la violencia, mira a su alrededor, absorbe la energía del lugar y respira hondo mientras espera el comienzo de una sesión de terapia y una charla informativa sobre el VIH.

Al comenzar la sesión de terapia, Emma comparte tímida y cautelosamente sus experiencias con Wendi Polanco, quien desde 2019 se ha convertido en una mano amiga para muchas mujeres golpeadas por la violencia de género. A través de Latiendo Juntas, la organización que lidera en Guatemala, Wendi demuestra claramente que la sororidad funciona y es transformadora.  

Con el apoyo de ONUSIDA, Latiendo Juntas coordina un proyecto para mejorar el acceso de las mujeres supervivientes de la violencia a servicios integrales de salud, incluidas las pruebas y la atención de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH. También contribuyen a su resiliencia y empoderamiento concienciándolas sobre los derechos humanos, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, mediante terapias de grupo y charlas informativas sobre el VIH, que proporcionan datos y una plataforma para el diálogo abierto, fomentando un entorno sin prejuicios.

"La sala se convierte en un santuario donde se reconoce el dolor de mujeres como Emma y tantas otras", dice Wendi. "El centro comunitario es un refugio para ellas, y con el calor del sol se teje una red de apoyo entre las mujeres. Me siento aliviada cuando veo cómo el peso sobre sus hombros empieza a disminuir".

A lo largo de estas sesiones de terapia, Emma y otras mujeres descubren consuelo y empoderamiento. Los recorridos terapéuticos ofrecidos en Latiendo Juntas se convierten en un catalizador para su resiliencia, liberación y autocuidado.

La relación entre el VIH y la violencia contra las mujeres es un problema generalizado, ya que la violencia de género aumenta la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por el VIH. Las mujeres que sufren violencia pueden tener dificultades para negociar prácticas sexuales seguras, incluido el uso del preservativo, lo que aumenta su riesgo de contraer el VIH. Además, el miedo a la violencia puede disuadir a las mujeres de buscar pruebas, tratamiento y apoyo para el VIH, perpetuando el ciclo de violencia y silencio y limitando su acceso a recursos sanitarios críticos y esenciales.

La violencia contra las mujeres en Guatemala es endémica y puede describirse como una pandemia en la sombra. Cuando se trata de feminicidio, el asesinato intencionado de mujeres por el hecho de serlo, el país tiene una de las tasas más altas del mundo.

"Abordar la intersección del VIH y la violencia contra las mujeres requiere esfuerzos integrales que incluyan la educación, la capacitación y el desmantelamiento de los desequilibrios de poder basados en el género", afirma Irene Izquieta, asesora de ONUSIDA sobre derechos y género para Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Representantes regionales y nacionales del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Fondo Mundial) y del Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA (PEPFAR), representados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), han concluido una visita conjunta de cuatro días a Honduras en el marco de las conmemoraciones del Día Mundial del SIDA.

El Foro de Conmemoración del Día Mundial del Sida "Dejemos que las comunidades lideren", celebrado el 1 de diciembre y organizado por la Secretaría de Salud de Honduras a través de su rama del Programa de VIH e ITS y socios de las comunidades y agencias donantes, marcó el cierre de las actividades a las que asistió el grupo en el país. El evento fue una oportunidad para generar intercambios entre el gobierno, los socios de la cooperación internacional, la sociedad civil y las comunidades de poblaciones clave y personas que viven con el VIH, a la vez que sirvió para contextualizar la situación actual de la epidemia del VIH en Honduras, las acciones realizadas y los retos a implementar de cara a los objetivos globales del sida.    

"El tema de hoy 'dejemos que las comunidades lideren' es particularmente clave en el contexto en el que nos encontramos. En el Fondo Mundial, desde nuestros inicios, el liderazgo y el papel central que desempeñan las comunidades en la superación del VIH, la Tuberculosis y la Malaria ha sido uno de los principios fundacionales de nuestra organización", afirmó Giulia Perrone, Gerente Regional para América Latina y el Caribe del Fondo Mundial. "Hay una enorme diversidad, y hay mucha capacidad y pasión entre nosotros hoy, y les doy las gracias a ustedes por este trabajo. Si queremos acabar con el sida, les necesitamos fuertes y empoderados y empoderadas".   

A través de varias reuniones y visitas sobre el terreno con autoridades gubernamentales, líderes comunitarios y socios de la respuesta al VIH, la misión conjunta abogó por la aplicación de la Estrategia Mundial sobre el Sida 2021-2026 y los compromisos asumidos por los Estados miembros de las Naciones Unidas en la Declaración Política sobre el VIH de 2021, incluido el aumento de los esfuerzos gubernamentales para invertir en programas para poblaciones clave – prevención combinada del VIH, especialmente la profilaxis preexposición (PrEP) y el autodiagnóstico –, derechos de salud sexual y reproductiva, eliminación de la transmisión maternoinfantil y cero discriminación.     

Las nuevas infecciones por VIH disminuyeron un 8% en Honduras desde 2010, mientras que América Latina registró un aumento del 8% en el mismo periodo. Las muertes relacionadas con el sida se redujeron en un 62%, casi el doble del ritmo observado en América Latina (-32%). Sin embargo, la cascada del continuo de atención del VIH en el país – 75% diagnosticados, 67% en tratamiento contra el VIH y 62% en supresión viral – sigue por debajo de los promedios regionales y mundiales (85-72-66 y 86-76-71, respectivamente) y también queda por debajo del objetivo para 2025 de lograr que el 95% de las personas que viven con VIH estén diagnosticadas, el 90% de ellas en tratamiento y el 86% de las personas que viven con VIH con supresión viral.   

"Nuestra misión nos mostró que Honduras tiene una oportunidad única para alcanzar los objetivos de VIH de 2030, incluso ampliando el acceso a las pruebas y los servicios de prevención como la PrEP que han comenzado a implementar. Aplaudimos la transición a los regímenes de tratamiento recomendados por la OMS", dijo Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "También sabemos que para que la respuesta al VIH tenga éxito, las intervenciones en salud deben ir de la mano de inversiones en programas de protección social y en facilitadores sociales, incluida la ampliación de programas que garanticen que las personas que viven con el VIH o corren el riesgo de contraerlo sean tratadas con dignidad y respeto por el personal de la salud y la policía."      

La financiación nacional ha aumentado en el país en los últimos años. El gasto total en VIH y sida procedente de fuentes internacionales supuso el 24% de todo el gasto nacional en VIH en 2022. Se han adquirido medicamentos antirretrovirales a través del mecanismo de compra conjunta del Fondo Estratégico de la OPS a menores costos, planificando y comprando tratamientos de primera línea en dosis fijas por un año, lo que ha resultado en una importante reducción de costos y controles internos de almacenamiento y distribución, entre otros.  

"En países como el nuestro, donde los recursos son limitados, debemos hablar de sostenibilidad. Necesitamos salir de la caja y pensar de manera innovadora, emprendiendo nuevas iniciativas y sobre todo basadas en lo que se ha demostrado que funciona", dijo Lucrecia Castillo, Gerente Regional de VIH para Centroamérica de USAID. "Estos son los tres ejes de la sostenibilidad en la respuesta al VIH: definición y aplicación de recursos, aplicación de las normas y requisitos recomendados por la OMS, rendición de cuentas mutua, y sostenibilidad política que pueda decidir presupuestos y estrategias, siempre basados en la evidencia y la ciencia."    

Durante la misión conjunta, miembros del gobierno y de la sociedad civil integrada en la Comisión Nacional del Sida (Conasida) aprobaron por unanimidad la propuesta de crear la secretaría técnica de la Conasida, adscrita a la Secretaría de Estado de Salud. "Confiamos en que el compromiso de fortalecer la respuesta multisectorial del país a través de la Conasida será fundamental para acelerar todos los esfuerzos que ya se están realizando", afirmó Cabal. 

Colombia toma una decisión histórica al declarar de interés público el medicamento contra el VIH dolutegravir, lo que permite al país comprar o fabricar versiones genéricas más asequibles del medicamento contra el VIH.

BOGOTÁ/GINEBRA, 4 de octubre de 2023—ONUSIDA aplaude al gobierno de Colombia por declarar de interés público el medicamento contra el VIH dolutegravir. Este importante avance en las medidas de salud pública permitirá al gobierno emitir una licencia obligatoria, rompiendo el monopolio y haciendo que su compra o fabricación sea mucho más asequible para el gobierno colombiano. La nueva decisión podría significar que el precio del medicamento que salva vidas se reduciría hasta en un 80%.

"Cuando el poder de producir tecnologías sanitarias está en manos de unas pocas empresas, el resultado con demasiada frecuencia es que los países no pueden permitirse los altos precios y las personas que necesitan productos más nuevos no pueden acceder a ellos", afirmó Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina. América y el Caribe. "Confiamos en que esta decisión tendrá un impacto en toda la región y más allá, ya que muchos países de ingresos medios están luchando por acceder a mercados genéricos de productos sanitarios clave para prevenir y tratar la infección por VIH".

La Organización Mundial de la Salud recomienda dolutegravir como tratamiento preferido para el VIH de primera y segunda línea para todas las poblaciones. Además de ser eficaces, los tratamientos que incorporan regímenes basados en dolutegravir han demostrado una mayor adherencia, debido a menos efectos secundarios, al tiempo que presentan una mayor seguridad y una menor probabilidad de resistencia a los medicamentos.

“Esta decisión representa un hito para la salud pública en Colombia. Desde que el Ministerio de Salud inició los procedimientos administrativos a principios de este año, más de 120 organizaciones de la sociedad civil, otras agencias gubernamentales, el mundo académico y organizaciones internacionales, incluido ONUSIDA, apoyaron este proceso”, dijo Andrea Boccardi Vidarte, directora de ONUSIDA para los Países Andinos. "A través de nuestras oficinas locales, regionales y globales, ONUSIDA seguirá apoyando al gobierno en la implementación de esta decisión histórica".

Con esta decisión, el gobierno colombiano estima que podrá administrar dolutegravir a 28 personas por el mismo precio que hoy se asigna para tratar a una persona. La implementación de la medida permitirá al país acceder a versiones genéricas menos costosas, pero igual de efectivas. Un enorme aumento del alcance de medicamentos de calidad que salvarán vidas.

Colombia ya había emitido directrices nacionales en 2021 para priorizar dolutegravir como tratamiento antirretroviral de primera línea recomendado, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Sin embargo, el alto precio del dolutegravir sigue siendo un obstáculo para ampliar el acceso y ponerlo ampliamente a disposición de las personas que viven con el VIH en el país.

Este fallo salvará vidas en Colombia y en toda la región. El país alberga el mayor número de migrantes venezolanos del mundo (2,9 millones a octubre de 2022). Estudios recientes han demostrado una prevalencia del VIH del 0,9% entre esta población migrante, casi el doble del 0,5% de prevalencia del VIH entre la población adulta del país.

"Esta decisión proporciona al gobierno las condiciones legales para fabricar o comprar versiones más asequibles de este tratamiento antirretroviral esencial de primera línea para todas las personas que viven con el VIH en Colombia, incluidos los inmigrantes venezolanos", dijo la señora Cabal.

La concesión de licencias obligatorias es una disposición del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC). Permite a los gobiernos suministrar a sus ciudadanos versiones genéricas de tratamientos patentados, ya sea mediante producción nacional o importaciones, garantizando que los precios de los productos sanitarios sean asequibles.

La Declaración de la OMC de 2001 sobre el acuerdo ADPIC y la salud pública reafirmó los derechos de los estados miembros a hacer uso de todas las flexibilidades del acuerdo ADPIC para proteger la salud pública, incluidas las licencias obligatorias. Más recientemente, en la Declaración Política sobre el VIH/SIDA de 2021, los países se comprometieron a hacer uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, específicamente orientadas a promover el acceso a los medicamentos.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Mientras millones de personas en todo el mundo marchan en las calles de varias grandes ciudades este mes de junio para celebrar y honrar el Mes del Orgullo, en Guatemala, más de 200 personas LGBTIQ+ en movilidad humana -solicitantes de refugio o asilo o nacionales y extranjeros en tránsito- y necesitados de protección encuentran cada año en Asociación Lambda su motivo para celebrar el orgullo y la vida a través de atención psicosocial, apoyo legal, seguimiento médico y la provisión de un albergue o un espacio seguro para ser quienes son.

Roberto Gonzales*, un migrante colombiano, es uno de ellos. Al igual que cientos de miles de otros migrantes, superó la agotadora experiencia de cruzar el Tapón del Darién, un viaje en el que los peligros incluyen peligros naturales y bandas criminales conocidas por infligir violencia, incluidos abusos sexuales y robos. Según estadísticas del Gobierno de Panamá, de enero a abril de 2023, una cifra récord de 127.000 personas cruzaron el Darién.

A diferencia de muchas personas que persiguen el sueño americano, Gonzales quiere quedarse en Guatemala porque el país tiene mucho que ofrecer. "LAMBDA, para mí, es una plataforma única de empoderamiento. Te escuchan, te invitan a entrenar dos veces al mes", dice. "A través de Lambda, he formado una red de amigos y apoyo. No hay que olvidar la importancia de la salud mental si queremos seguir adelante".

Asociación Lambda trabaja para mejorar los medios de subsistencia de este grupo marginado brindando asistencia técnica a grupos comunitarios en habilidades de gestión, gobernanza, liderazgo y emprendimiento. Las actividades de Lambda fortalecen las organizaciones comunitarias a través de la educación y la capacitación y construyen redes de acción y aprendizaje entre pares.

Andrés Martínez*, de Nicaragua, agradece a Lambda por su apoyo en el procesamiento exitoso de su solicitud de asilo. En su país fue perseguido por ser periodista y sufrió violencia en su comunidad por su orientación sexual. “Es difícil reinventarse en otro país, pero mi color favorito es el verde, el color de la esperanza, porque espero algún día volver a mi país”, dice Martínez. “Aquí, en Lambda, me sentí apoyada por un hermano. Uno se siente muy seguro con el personal. El albergue es mi segundo hogar”.

Como en muchas partes del mundo, las personas LGBTQI+ en Centroamérica enfrentan una realidad compleja que las expone a diferentes formas de violencia y discriminación y pone en riesgo su integridad física, limita sus opciones de vida, muchas veces las obliga a huir de sus hogares y, en algunos casos, para escapar de sus propios países. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos LGBTIQ+, que coordina Lambda, documentó al menos 29 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en 2022 en la región, asesinadas por motivos supuestamente relacionados con su orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Como parte de las actividades del Mes del Orgullo LGBTIQ+, Lambda abrió las puertas de su albergue a una delegación de Naciones Unidas en Guatemala encabezada por el Coordinador Residente Miguel Barreto para un intercambio con migrantes alojados y atendidos en su espacio seguro. “Salí del diálogo más humano y solidario, y convencido de la centralidad del compromiso de Naciones Unidas para acabar con la discriminación y la exclusión, reducir las vulnerabilidades y promover los derechos humanos de todo ser humano”, dijo Barreto tras la visita y los diálogos.

Junto con ONUSIDA, varias agencias, fondos y programas de la ONU, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se han unido fuerzas de apoyo a Lambda en diferentes frentes de acogida, acogida y apoyo a personas LGBTIQ+ migrantes y en tránsito o en necesidad de protección.

"Antes de venir a Lambda, muy pocos de nuestros clientes habían tenido acceso suficiente a la información sobre los riesgos y la prevención del VIH, muchos de ellos son víctimas de delitos sexuales, y solo cuando llegan a Lambda se les ofrece información y pruebas gratuitas. cargo", explica Carlos Valdés, Director de Lambda. "Algunas personas ya estaban al tanto de su diagnóstico de VIH, pero no sabían cómo acceder a los servicios de atención".

A nivel mundial, en 2021, los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen un riesgo 28 veces mayor de contraer el VIH que el resto de la población masculina adulta (15-49), y entre las mujeres transgénero, el riesgo es 14 veces mayor que el de las mujeres adultas. (15-49) en la población general

Entre más de 200 personas que acudieron a Lambda en 2022, el 19 % de los hombres y el 17 % de las mujeres vivían con el VIH.

"La gran mayoría de estas personas eran mujeres trans y hombres gay, principalmente de Guatemala, Honduras, Venezuela y Nicaragua", explica Marie Engel, representante de ONUSIDA para Guatemala, Nicaragua y Honduras. “Sabemos que estas situaciones de estigma, discriminación y violencia crean barreras para acceder a los servicios de salud, incluido el VIH. Debemos reconocer la mayor vulnerabilidad de la comunidad LGBTQI+ frente al VIH y apoyar su derecho a la salud y la dignidad”.

*Todos los nombres de los beneficiarios de Lambda en este informe han sido cambiados por seguridad de las personas.

ONUSIDA da la bienvenida a la emisión de la Resolución 881 de 2023 por parte del Ministerio de Salud de Colombia, la cual inicia el procedimiento administrativo para evaluar la existencia de razones de interés público que justifiquen la emisión de una licencia obligatoria para los regímenes basados en dolutegravir (DTG). Según la resolución ministerial, el impacto de esta medida podría significar una reducción significativa de más del 80% en el precio del DTG.

El dolutegravir (DTG) es un antirretroviral inhibidor de la integrasa, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como opción de tratamiento de primera línea para las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En cuanto a la supresión viral y la reducción de la enfermedad, los tratamientos que incorporan regímenes basados en DTG han demostrado una mayor adherencia debido a su menor incidencia de acontecimientos adversos, al tiempo que presentan una mayor eficacia, seguridad y menor probabilidad de desarrollo de resistencias.

Las licencias obligatorias son una disposición del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite a los gobiernos suministrar a sus ciudadanos versiones genéricas de tratamientos patentados, ya sea a través de la producción nacional o de importaciones, garantizando que los precios de los medicamentos sean asequibles. La Declaración Interministerial de Doha de 2001 de la OMC reafirmó los derechos de los Estados miembros a hacer uso de todas las flexibilidades del acuerdo para proteger la salud pública, incluidas las licencias obligatorias, "y la libertad de determinar los motivos por los que se conceden dichas licencias". Más recientemente, en la Declaración Política de 2021 de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el SIDA, los países se han comprometido a hacer uso de las flexibilidades del ADPIC "específicamente orientadas a promover el acceso a los medicamentos."

"Esta resolución es un paso adelante para brindar un acceso igualitario y sostenible a las mejores opciones de tratamiento del VIH para todas las personas que viven con el VIH en Colombia, tanto nacionales como migrantes. Esta acción muestra el compromiso del gobierno de cerrar la brecha de tratamiento con medicamentos esenciales de calidad garantizada, asequibles, fáciles de tomar y muy bien tolerados", dice Andrea Boccardi, Directora de UNAIDS para los Países Andinos (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia). "El gobierno emitió directrices nacionales en 2021, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS, pero hasta ahora los altos precios del DTG han sido un obstáculo para que sea ampliamente accesible a las personas que viven con el VIH en Colombia."

La Liga Colombiana de Lucha contra el Sida y la Fundación IFARMA también celebraron la decisión del gobierno colombiano. Ambas instituciones participaron en representación de la sociedad civil en la actualización de la Guía de Práctica Clínica (GPC) basada en evidencia científica para la atención de la infección por VIH/SIDA en adultos, mujeres embarazadas y adolescentes.

"La decisión valida iniciativas pasadas de la sociedad civil en Colombia para lograr una mayor cobertura de tratamientos simplificados con menos efectos adversos al menor precio posible, al tiempo que revigorizará los esfuerzos de las organizaciones comunitarias en educación y promoción de la adherencia a los ARV, reconociendo que las barreras estructurales son factores que facilitan o dificultan la adherencia a los tratamientos antirretrovirales", afirma Jorge Pacheco, Director de la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida.

"Con esta medida Colombia da un paso importante para garantizar el acceso de las personas a la medicación más adecuada para ellas en línea con las recomendaciones y compromisos internacionales", afirma Luisa Cabal, Directora Regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. "El acceso oportuno a un tratamiento eficaz contra el VIH puede salvar vidas, mejorar los resultados sanitarios, mejorar la calidad de vida y contribuir al bienestar general de las personas que viven con el VIH. Esta medida muestra el compromiso con el esfuerzo mundial para combatir las desigualdades en el acceso a la salud."

ONUSIDA elogia y apoya al Ministerio de Salud por su enfoque proactivo para perseguir el interés público e insta a todas las partes interesadas a colaborar en la aplicación de la Resolución 881 de 2023.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.