Sasha quiere tener dos hijos. Deusa quiere estudiar en una escuela de negocios. El sueño de Rihanna es ser respetada y ser tal cual es. Y lo único que quiere Alicia es cumplir sus sueños. En vísperas de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOBIT, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar el 17 de mayo, ONUSIDA se hace eco de las voces y los sueños de cuatro mujeres transgénero. Al igual que muchas otras personas, buscan una vida digna, llena de oportunidades, en la cual amar a quien quieran, sin ser víctimas de violencia, estigma o discriminación.

Inspirándose en la campaña Unbox Me que lanzó en el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero (31 de marzo), ONUSIDA entregó a cuatro mujeres transgénero brasileñas una pequeña caja. En su interior, se encontraban los retratos que les había hecho en una sesión de fotos en 2021 Sean Black, un fotógrafo estadounidense especializado en temas LGBTQI+. Mientras se les mostraban las imágenes, reflexionaron sobre la importancia de sus cuerpos, del cuidado personal y de su derecho a vivir una vida sana y empoderada.

“Esta inseguridad proviene de nuestras experiencias, nuestro pasado. Pero cada día que pasaba me brindaba la oportunidad de fortalecerme, de descubrir la belleza que a veces creía que no tenía, así que hoy me siento más segura de mí misma”, recuerda Alicia Kalloch, al ver sus retratos por primera vez.

“Son tantas las dificultades por las que pasamos”, dijo otra participante, Sasha Santos. “Mis fotos me han demostrado que soy capaz de muchas cosas, como ir a la universidad, comprar una casa y tener hijos”, añadió.

Alicia, Sasha, Rihanna y Deusa fueron elegidas para representar a las 24 mujeres del centro de acogida para personas transgénero, Casa Florescer, en São Paulo, que participaron en el Proyecto FRESH. Esta iniciativa, desarrollada por ONUSIDA junto con Black y Casa Florescer, ofrecía sesiones fotográficas como parte de un enfoque terapéutico con el fin de proporcionar refuerzos positivos y fomentar cambios de conducta. Con motivo de las celebraciones del IDAHOBIT, hoy se han publicado todas las fotos online en colaboración con la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Brasil.

“Cuando vi mi retrato, vi a una mujer empoderada”, dijo Rihanna Borges, que actualmente trabaja con otras mujeres transgénero para ofrecerles asesoramiento y apoyo entre pares. “Creo que la labor que desempeño hoy en día es increíble: trabajo con otras hermanas, les hablo de la importancia del cuidado personal y de la prevención combinada del VIH, es increíble”. Su petición es que la sociedad vea a las personas transgénero por lo que son. “Quiero que nos sintamos empoderadas y digamos: 'Hoy soy alguien' y dejemos atrás esta invisibilidad”, añadió.   

Las desigualdades, el estigma y la discriminación afectan de forma desproporcionada a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como las mujeres transgénero. Un informe de la Asociación Nacional de Personas Travestidas, Transexuales y Transgénero de Brasil (ANTRA) señala que 140 personas transgénero fueron asesinadas en 2021 en este país, de las cuales el 99% eran mujeres transgénero. La prevalencia del VIH en este colectivo en Brasil supera el 30 %, mientras que en la población general es del 0,4 %.

La mayoría de las mujeres transgénero de Casa Florescer fueron obligadas a abandonar sus hogares en contra de su voluntad y muchas acabaron consumiendo drogas o sufriendo diversos tipos de violencia.

“En el centro de acogida buscamos trabajar con personas que se encuentran en un ciclo de autodescubrimiento y empoderamiento para que puedan superar las vulnerabilidades del pasado”, explicó Beto Silva, coordinador de Casa Florescer. “El arte fotográfico, una parte importante del Proyecto FRESH, fue una forma eficaz de motivarlas y conseguir que se involucraran”.

“Participar en la sesión fotográfica no sólo sirvió para mostrar la belleza interna y externa de este grupo de mujeres transgénero, sino que también fue un paso importante para ayudarlas a ganar control sobre sus cuerpos y sus vidas”, dijo Claudia Velasquez, directora y representante de ONUSIDA en Brasil. Deusa de Souza no podría estar más de acuerdo.  Como participante en el taller de fotografía, afirmó que se sintió reconocida como una hermosa mujer transgénero. “Para mí fue importante verme a mí misma en estas fotos y contemplar cómo reflejan mi empoderamiento, mi personalidad y mi belleza”.

En la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, en la región nordeste de Brasil, una bicicleta modificada transporta productos elaborados por personas que viven con el VIH para venderlos directamente a los consumidores. Se trata de la Diversibike, una de las estrategias de generación de ingresos impulsadas en el contexto de la Cocina Solidaria, un proyecto desarrollado por la organización no gubernamental Grupo de Trabajo en Prevención Positiva (GTP+). GTP+ es una de las tres organizaciones brasileñas que se han beneficiado de los recursos del Fondo de Solidaridad de ONUSIDA, cuyo fin es apoyar actividades emprendedoras lideradas por personas que viven con el VIH y grupos de población clave. 

Fundada en el año 2000, GTP+ fue la primera organización no gubernamental de la región nordeste de Brasil dirigida exclusivamente por personas que viven con el VIH. Entre los proyectos desarrollados por la organización, además de la Cocina Solidaria, están el Espacio Positivo, que acoge a las personas que viven con el VIH que buscan apoyo, y Mercaderes de Ilusiones, que colabora con trabajadores sexuales para fortalecer su autoestima y asistirlos en el ejercicio de su ciudadanía. 

La Cocina Solidaria surgió en 2005 con el objetivo inicial de proporcionar comidas a las personas con VIH que buscaban el apoyo de GTP+. En 2019, incorporó un nuevo proyecto, la Escuela de Pastelería, para ofrecer a trabajadores sexuales, exreclusos y otras personas vulnerables que viven con el VIH una forma de generar ingresos a través de la cocina. Con los recursos recibidos del Fondo de Solidaridad, GTP+ pudo impulsar iniciativas para comercializar los productos desarrollados en la Cocina Solidaria y formar a los participantes en diferentes aspectos de emprendimiento. 

“El proyecto ha transformado la vida de personas que viven con el VIH en situaciones vulnerables. Gracias a él, encontraron una oportunidad de generar ingresos mediante actividades empresariales y desarrollaron sus competencias en gastronomía, a través del aprendizaje de recetas y técnicas para mejorar sus productos”, dijo Wladimir Reis, Coordinador General de GTP+. 

Sérgio Pereira, uno de los fundadores de GTP+ y Coordinador de la Cocina Solidaria, concuerda y añade: “Cuando el mercado laboral tiene conocimiento de que vivimos con el VIH, no nos acepta. La Cocina Solidaria aporta a sus participantes la posibilidad de sustentarse a largo plazo y les abre las puertas para poder acceder al mercado laboral”.

Karen Silva, una de las beneficiarias de la Escuela de Pastelería de la Cocina Solidaria, dijo: “Me acogieron en GTP+ con mucha atención y cariño. Primero, acudí al Espacio Positivo. Luego, poco a poco, empecé a ayudar en la cocina y aquí estoy. Participar en la Cocina Solidaria me cambió la vida y la autoestima”. En total, la Cocina Solidaria, con el apoyo del Fondo de Solidaridad, ha ayudado directamente a 20 personas.

Como el objetivo era encontrar y promover las mejores formas de comercializar los productos elaborados en la Cocina Solidaria, el equipo responsable del proyecto celebró reuniones semanales de planificación, organización y producción. También realizaron estudios de mercado para averiguar los gustos e intereses de los clientes potenciales, lo cual fue especialmente útil para determinar la viabilidad de Diversibike. 

Según el Sr. Reis, una parte importante del desarrollo de las capacidades y los conocimientos de los participantes del proyecto fue la formación virtual en gastronomía y administración que se ofreció con la colaboración de la Universidad Federal Rural de Pernambuco. Dos becarios de dicha institución ayudaron al grupo en las reuniones y elaboraron materiales de apoyo.

Algo que destaca el Sr. Reis es que el proyecto nació en una época de extrema desigualdad social. “Por eso, es fundamental que pongamos en marcha más iniciativas como esta, con el apoyo del Fondo de Solidaridad, para que otras personas en situación de vulnerabilidad puedan tener las mismas oportunidades de desarrollo. Con el proyecto pudimos ver el impacto que tiene la generación de recursos financieros para los participantes, además de fortalecer sus conocimientos para llevar a cabo sus proyectos y asegurar su durabilidad durante la pandemia de COVID-19”.

“El apoyo del Fondo de Solidaridad a GTP+ pone de manifiesto la importancia de garantizar la generación de ingresos por parte de organizaciones dirigidas por grupos de población clave vulnerables. Se trata de una acción estratégica que genera protección social para estas personas, permitiéndoles el acceso a recursos básicos para cuidar de su salud y a los servicios de prevención y tratamiento del VIH”, dijo Claudia Velásquez, directora de país de ONUSIDA para Brasil.

En toda la región de América Latina y el Caribe existen verdaderas desigualdades muy generalizadas. En esta zona se encuentran países que son más desiguales que los de otras regiones con niveles de desarrollo similares. Y tal realidad afecta al acceso a los servicios sanitarios y para el VIH, especialmente por parte de los grupos de población clave. Las barreras sociales y estructurales son importantes impulsores de las desigualdades.

Para comprender mejor estas barreras sociales y estructurales, Alianza Liderazgo Positivo y Poblaciones Clave (ALEP) lidera el estudio multinacional Índice 2.0 de estigmatización de las personas que viven con el VIH en cuatro países de la región: el Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, Perú y Nicaragua. Otros cinco estudios similares financiados por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria (Fondo Mundial) y en coordinación con la sociedad civil, el Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida, los principales receptores del Fondo Mundial, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y ONUSIDA se llevan también a cabo de forma independiente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Paraguay. 

Se espera que los resultados de la iniciativa conjunta refuercen los esfuerzos regionales y mundiales para eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH a través de políticas y programas centrados en la comunidad que se basan en las pruebas.

«Por primera vez desde el primer estudio del Índice de estigmatización de las personas que viven con el VIH en 2008, nueve países de la misma región llevarán a cabo el estudio de forma coordinada y dentro del mismo marco temporal. Se trata de algo sin precedentes que será decisivo para abordar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH tanto a nivel nacional como regional», afirmó Rodrigo Pascal, coordinador del estudio llevado a cabo por ALEP con relación al Índice 2.0 de estigmatización de las personas que viven con el VIH.

Este índice reúne pruebas para demostrar de qué manera el estigma y la discriminación afectan las vidas de las personas que viven con el VIH, incluidos los grupos de población clave. Se desarrolló para su uso por y para las personas que viven con el VIH, entre ellas los grupos de población clave, y fue creado para apoyar el principio de una mayor implicación de las personas que viven con el VIH, bajo el cual las redes están capacitadas para liderar la implementación del estudio. Es un estudio pionero, ya que es la primera vez que las redes de personas que viven con el VIH han coordinado la acción con las redes de los grupos de población clave para promover los derechos humanos y el acceso a una atención integral y diferenciada del VIH en América Latina.

«Lo que me mueve cada día es mi deseo de formar parte de la solución respecto de los retos que plantean el estigma y la discriminación, que son los principales problemas a los que nos enfrentamos las personas que vivimos con el VIH desde el comienzo de la epidemia», resaltó la activista del VIH Gracia Violeta Ross Quiroga, encargada de coordinar la implementación del estudio del índice de estigmatización en el Estado Plurinacional de Bolivia. «Albergo grandes esperanzas en esta investigación porque procede de la comunidad, y precisamente estas respuestas han demostrado ser las más eficaces en la historia del VIH».

ALEP es un esfuerzo innovador que combina el liderazgo, la visión, las capacidades y los puntos fuertes de las redes regionales en el Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Trabaja en colaboración con los Mecanismos de Coordinación de los Países donde se ha puesto en marcha un programa del Fondo Mundial, ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud.

«Este es un ejemplo sólido de cómo los iguales están contribuyendo a sus propias comunidades a la vez que abordan cuestiones clave que están interrelacionadas, como los derechos humanos, el estigma y la discriminación, y otras barreras estructurales. Aquí básicamente son las comunidades para las comunidades», dijo Guillermo Marquez, asesor principal de apoyo a la comunidad del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

«Por fin soy dueño de mi vida», expresa Erick González, un venezolano que lleva casi un año afincado en Ecuador. Durante mucho tiempo, estuvo buscando incansable un lugar en el que sentirse parte de la sociedad. Y ya lo ha encontrado en Diálogo Diverso. 

Con sede en Quito, esta organización de la sociedad civil creada en 2018 trabaja en la protección y la promoción de los derechos humanos, haciendo hincapié en las cuestiones de género y en el colectivo de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI). Gracias a la iniciativa Hablemos Positivo, respaldada por ONUSIDA, Diálogo Diverso aumentó su capacidad para responder a las necesidades de los migrantes LGBTI durante el primer año de la pandemia de la COVID-19.

«Existen muy pocas entidades que trabajen en la prevención del VIH, así como en lo relacionado con otros problemas de salud a los que estamos expuestos como parte de la comunidad LGBTI y migrante», afirma el Sr. González.

Diálogo Diverso es una de las 61 organizaciones que recibieron ayudas del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe como parte de la iniciativa Soy Clave: de las Comunidades para las Comunidades, una plataforma que tiene como objetivo promover soluciones sociales lideradas por la comunidad para responder al VIH durante la pandemia de la COVID-19.

«Hemos recibido solicitudes de diferentes personas LGBTI: venezolanos, cubanos y colombianos, entre otros. Y hemos podido constatar que todos se enfrentan a un proceso migratorio muy similar», explica Danilo Manzano, director y cofundador de Diálogo Diverso, que cuenta con un equipo de más de 40 personas que trabajan en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca. «Pero, aparte de las necesidades colectivas como migrantes y grupos de población clave, era importante tener en cuenta la interrelación con los derechos humanos y el impacto de los desafíos individuales a los que se enfrentan en un nuevo país».

«El VIH es una de las razones por las que las personas LGBTI abandonan la República Bolivariana de Venezuela. Allí tienen grandes dificultades para acceder a los antirretrovirales de forma constante, sufren la invisibilidad de sus derechos y, en muchas ocasiones, son víctimas de crueles crímenes de odio», detalla Andrés Alarcón, activista con Diálogo Diverso. «Este proyecto nació fruto de nuestro gran bagaje al servicio de miles de migrantes LGBTI. Y durante la pandemia, percibimos una tendencia particular entre las personas que viven con el VIH: falta de información y acceso a diferentes servicios sanitarios».

Gracias a una subvención de ONUSIDA, a través del proyecto se hizo entrega de cientos de kits para la salud sexual y reproductiva, se organizó varias charlas sobre la promoción de la salud, la prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la COVID-19, y se difundió una campaña en redes sociales dirigida a aumentar la concienciación y promover los derechos humanos de las personas LGBTI migrantes.

«Este es un gran ejemplo de cómo las organizaciones internacionales, los donantes y los Gobiernos pueden invertir en las comunidades para que estas sean capaces de aportar soluciones sociales a sus propias comunidades, al tiempo que abordan otras cuestiones clave interrelacionadas como los derechos y la migración de las personas LGBTI», destaca Guillermo Márquez Villamediana, asesor principal de apoyo a la comunidad del equipo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «Su gran saber y capacidad de divulgación han sido cruciales para mantener viva la respuesta al VIH para los más vulnerables durante la pandemia de la COVID-19».

Uno de los aspectos más destacados del proyecto fue la creación de una alianza entre dos organizaciones de la comunidad que trabajan con migrantes y refugiados en Ecuador, Alianza Igualitaria y Construyendo Igualdad. De este modo ampliaron su alcance y consiguieron llegar a otros grupos de población, como el de los trabajadores sexuales y los jóvenes.

La exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género constituye una violación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados LGBTI en la República Bolivariana de Venezuela. Según un estudio llevado a cabo por Diálogo Diverso y la Organización Internacional para la Migración en 2020, el 43 % de los migrantes LGBTI del país había sufrido exclusión, discriminación o violencia. El mismo estudio recalcó que a los migrantes y refugiados LGBTI les resulta difícil acceder al sistema sanitario debido a la falta de información y concienciación sobre el mismo.

«Con este proyecto conocí las opciones que existen para evitar la infección y la transmisión del VIH», confiesa Reinaldo Mendoza, un migrante venezolano que recibió el apoyo de Hablemos Positivo.

Reina Manteña, presidenta de la Asociación de Mujeres de Cantón Milagro, en Ecuador, afirmó que la asociación con Diálogo Diverso para proporcionar asesoramiento técnico a las mujeres LGBTI ha sido una experiencia muy gratificante. «Muchas compañeras se beneficiaron de los kits y los diálogos. No olvidemos que, como consecuencia de la pandemia, los centros sanitarios dejaron de atender y suministrar preservativos, que son vitales para los trabajadores sexuales», subraya. «Además, hemos prestado apoyo técnico a los trabajadores sexuales venezolanos para que puedan regularizar su situación en el país». 

Para el Sr. Manzano y su equipo en Diálogo Diverso, resulta muy gratificante ver estos resultados. «Nunca ha sido cuestión de cantidad. Perseguimos la calidad de la asistencia que podemos ofrecer y el impacto real que esta tenga en sus vidas».

«Hemos cambiado nuestra forma de pensar y nuestra actitud hacia las personas que viven con el VIH. En la selva no hablamos de ello y cada día vemos a más personas que viven con el virus», afirmó Aurora Coronado, miembro de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú.

Fenmucarinap, como se conoce por su acrónimo en español, es una de las 61 organizaciones que han recibido becas de ONUSIDA a través de una iniciativa llamada Soy Clave: de las Comunidades para las Comunidades desde su lanzamiento en mayo de 2020. Los fondos apoyan las soluciones lideradas por la comunidad en la respuesta al VIH durante la pandemia de la COVID-19. «El proyecto nos permitió compartir conocimientos y aprender más sobre el VIH. Ahora estamos transmitiendo todo ese conocimiento adquirido. Hoy hablamos con el corazón a los jóvenes que viven con el VIH, y muchos de ellos ya se ocupan de sí mismos y se preocupan de su tratamiento», añadió la Sra. Coronado.

A casi 5000 kilómetros del proyecto en la selva peruana, en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, en México, también se puso en marcha otra iniciativa liderada por la comunidad en el primer año de la pandemia. «Básicamente podemos decir que salvamos la vida de esas personas que suelen caer en el olvido, sobre todo en momentos como estos», afirmó Georgina Gutiérrez, miembro del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo proyecto se implementó en la misma institución en la que su marido había sido encarcelado durante ocho años. «A través de esta iniciativa, logramos brindar nuestro apoyo a una población que carece básicamente de todo, sobre todo de dignidad».

Estos proyectos constituyen el verdadero ejemplo de cómo los pequeños fondos catalíticos pueden marcar la diferencia y tener un impacto positivo en comunidades enteras, especialmente en momentos de extrema vulnerabilidad y desigualdades exacerbadas. Mediante la iniciativa Soy Clave, ONUSIDA y sus socios se centran en brindar apoyo a los proyectos liderados por la comunidad en torno a tres pilares: la prevención de la transmisión de la COVID-19, la continuación de la respuesta al VIH y el mantenimiento de los derechos humanos, así como la prevención del estigma, la discriminación y la violencia hacia las personas que viven con el VIH o están afectadas por el virus y la COVID-19.

De acuerdo con los últimos informes elaborados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), en la región latinoamericana y el Caribe existen desigualdades muy pronunciadas entre la población. Además, en estas zonas se sitúan países más desiguales que otros ubicados en regiones con niveles similares de desarrollo.

La primera fase de esta iniciativa de 300 000 dólares estadounidenses se lanzó en julio de 2020 como respuesta a los datos arrojados por varias encuestas regionales en línea llevadas a cabo por ONUSIDA desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Las subvenciones se distribuyeron inicialmente entre 31 proyectos, 10 de los cuales también fueron financiados con el apoyo de copatrocinadores de ONUSIDA a través de sus oficinas regionales: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) ayudó a financiar cuatro proyectos, mientras que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el PNUD financiaron dos proyectos cada uno.

Los datos de las 31 iniciativas de la primera ronda de subvenciones recopiladas hasta julio de 2021 por el equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe muestran que, gracias a las distintas actividades de los proyectos, ya se ha conseguido llegar a 700 000 personas en la región. En conjunto, los proyectos liderados por la comunidad han aportado más de 270 soluciones comunitarias que han tenido un impacto directo en, por ejemplo, el fortalecimiento de los servicios sanitarios, la formación de las comunidades y poblaciones vulnerables, la concienciación sobre cuestiones clave relacionadas con el VIH y la COVID-19, y la prevención y mitigación de la COVID-19.

Recientemente, ONUSIDA puso en marcha una segunda parte de financiación para 30 iniciativas lideradas por la comunidad. De este modo, se llegó a un total de 61 proyectos en 19 países (Argentina, Brasil, Bolivia [Estado Plurinacional de), Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, el Perú, Uruguay y Venezuela [República Bolivariana de]).

«En nuestros 40 años de experiencia en la respuesta al VIH, hemos aprendido que la sociedad civil y las iniciativas lideradas por la comunidad son esenciales para llegar a los más vulnerables. Acertamos por completo cuando decidimos invertir en estas organizaciones durante la pandemia de la COVID-19 porque han dado resultados y han demostrado que son cruciales para la respuesta a ambas pandemias», recalcó Alejandra Corao, directora adjunta del equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe. «Quiero transmitir mi enhorabuena a las organizaciones seleccionadas en 2020 y espero que las 30 elegidas para la segunda fase de financiación también cosechen el mismo éxito a la hora de llegar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles para nuestra región».

La fase de implementación de estos nuevos proyectos seleccionados se llevará a cabo hasta diciembre de 2021. Todas las iniciativas fueron seleccionadas por un comité conjunto formado por el equipo de apoyo regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe y las oficinas regionales de UNICEF, el PMA, el PNUD, el UNFPA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Organización Panamericana de la Salud.

Más de 200 organizaciones hispanoparlantes y 70 de habla portuguesa participaron en talleres virtuales organizados por ONUSIDA para orientar a las organizaciones lideradas por la comunidad respecto a cómo presentar las solicitudes para la iniciativa Soy Clave, y crear proyectos y definir objetivos con el fin de optar a una subvención de 5000 dólares estadounidenses.

Impacto en las comunidades

La activista contra el VIH Marcela Alsina, que es de Honduras y ha puesto en marcha un proyecto regional con la Asociación para una Vida Mejor (APUVIMEH) y el Movimiento Latinoamericano de Mujeres Positivas (MLCM+), señaló que los fondos permitían a las organizaciones llevar a cabo una encuesta en línea en ocho países y recopilar datos para definir sus líneas de acción estratégicas.

«Descubrimos que el 35 % de las mujeres encuestadas en estos países fue víctima de algún tipo de violencia de género o institucional durante la pandemia de la COVID-19», reveló.

Al menos el 23 % de toda la financiación se destinó a mujeres. Asimismo, se repartieron fondos entre proyectos centrados en grupos de población clave y vulnerable, entre los que se incluían pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas en movimiento.

«Gracias a esta financiación, nuestro proyecto, Hablemos Positivo, hizo entrega de 450 kits de salud sexual y reproductiva, y organizó charlas sobre la promoción de la salud, la prevención del VIH, las infecciones de transmisión sexual y la COVID-19», subrayó Danilo Manzano, de Diálogo Diverso en Ecuador. «También difundimos una campaña de comunicación en las redes sociales para concienciar sobre los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales en movimiento, así como de las personas que viven con el VIH».

«No es fácil obtener financiación para trabajar con mujeres, especialmente con mujeres que viven con el VIH en América Latina», apuntó Kattia López, de la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con el VIH/sida en Costa Rica, quien desarrolló grupos de trabajo virtuales con más de 60 mujeres que viven en condiciones vulnerables y que sufrieron violencia por parte de sus parejas durante las primeras etapas de la pandemia. «Nos dimos cuenta de que este proyecto nos permitía llegar a aquellas mujeres a las que nadie más llega, y nos daba luz verde para transformar sus realidades. No vamos a dejar a nadie atrás. Invertir en mujeres siempre es rentable».

Nilsa Hernández, de 62 años, solía trabajar como verdulera informal en Venezuela para ayudar a aumentar los ingresos de su familia y mantener a sus hijos, nietos y bisnietos. Como persona que vive con VIH desde hace 16 años, Nilsa había conseguido reducir su carga viral al nivel indetectable hasta que de repente todo cambió cuando la crisis político-económica se instaló en Venezuela. Los servicios de salud se vieron gravemente afectados y las personas que viven con VIH perdieron gradualmente el acceso a la atención habitual y a los antirretrovirales.

"Estuve unos dos años sin acceso al tratamiento. Mi cuerpo comenzó a sentir las consecuencias y me di cuenta que tenía que hacer algo urgentemente. Era una situación de vida o muerte ¡Y decidí vivir!", recuerda Nilsa.

Nilsa cruzó la frontera y emigró a Brasil, donde el tratamiento del VIH está disponible para cualquier persona a través del sistema de salud público. Le tomó un año prepararse para este viaje . En 2018, llegó a Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, con su pareja, que también vivía con el VIH, y su nieto de 12 años.

Terminaron en la calle tras sufrir todo tipo de discriminación y violencia. Gracias al apoyo de algunas personas, finalmente ella logró alquilar una pequeña casa en las afueras de Río Branco, la capital de Roraima, y retomar su tratamiento contra el VIH. Tan pronto recuperó la inmunidad, no tenía ninguna duda: era el momento de convertirse en activista y crear lValientes por la Vida, una iniciativa de voluntariado para apoyar a otros venezolanos que viven con el VIH que, como ella, llegaron a Brasil con escasos recursos y poca información.

"Somos valientes porque se necesita mucho coraje para salir de tu país, a menudo con las únicas cosas que tenemos en la mano, en busca de tratamiento y en la búsqueda de la vida."

Hoy, como activista humanitaria, Nilsa ha movilizado una red de otros Valientes que se unieron a ella para difundir sobre la llegada de nuevos venezolanos migrantes en busca de tratamiento para el VIH.

La pandemia de COVID-19 ha afectado gravemente este proceso, especialmente cuando se cerraron las fronteras entre Brasil y Venezuela en marzo de 2020. “El cierre hizo muy difícil para mis compatriotas acceder a un tratamiento contra el VIH que podría salvar sus vidas. Con la reapertura de la frontera, ahora estamos volviendo a poner en marcha estos servicios.”

Según el Informe Anual de Epidemiología 2020 emitido por la autoridad médica del estado de Roraima, en los años 2018 y 2019, una combinación total de 1.137 casos de VIH/SIDA fueron reportados en su territorio. Entre la población extranjera residente en el estado, los migrantes de Venezuela representan el número más significativo de los casos combinados de VIH/SIDA para el mismo período: 383 personas.

Al igual que Nilsa, muchas de las personas venezolanas que viven con el VIH emigran a Brasil en busca de acceso al tratamiento del VIH que ya no pueden tener en muchos territorios de su país. En este contexto, ONUSIDA estableció una asociación con la UNESCO en diciembre de 2020 en una estrategia conjunta, colaborativa e intersectorial para garantizar el acceso de los migrantes venezolanos a la educación sanitaria, prevención, promoción de la salud y apoyar las respuestas del Estado de Roraima al VIH y COVID-19.

Claudia Velásquez, representante de ONUSIDA y directora de país en Brasil, explica que la propuesta es reducir los prejuicios, el estigma y la discriminación relacionados con migrantes y refugiados, y poblaciones más vulnerables, como trabajadoras sexuales y población LGBTQIA+, jóvenes y pueblos indígenas.

“Queremos promover el empoderamiento de las poblaciones vulnerables a través de la difusión de información sobre el VIH y los derechos de las personas que viven con el VIH”, dice Velásquez. “Nilsa Hernández es un ejemplo de una activista humanitaria. Y personas como ella, que son Valientes por la Vida, muestran el enorme impacto que la movilización de la sociedad civil tiene en el apoyo y acogida a las personas que viven con el VIH y en los esfuerzos para superar la estigmatización y la discriminación, que potencian las desigualdades que nos impiden poner fin a la pandemia del sida para 2030."

Para el futuro, el sueño de Nilsa para “Valientes por la Vida” es que se convierta en una organización internacional, con voluntarios dedicados a apoyar a las personas que viven con el VIH para que tengan acceso al tratamiento y a una vida saludable. "También quiero que la gente deje de vernos como un VIH positivo. Esto crea un estigma horrible que nos pesa a todos. No somos seropositivos. Somos valientes e impacientes porque tenemos prisa por vivir como todos los demás".

GINEBRA, 11 de agosto de 2021—ONUSIDA recibe con agrado el reconocimiento por parte de Chile de su responsabilidad internacional por violar los derechos de una mujer que vive con el VIH y fue esterilizada sin su consentimiento hace casi 20 años. El Gobierno ha alcanzado un acuerdo amistoso con la mujer, Francisca, que incluye el pago de las reparaciones por la violación de sus derechos humanos. Además, se ha comprometido a poner fin a la esterilización forzosa y a garantizar los derechos reproductivos como derechos humanos sin discriminación.

Francisca dio a luz a un bebé sano en el año 2002 y luego fue esterilizada sin su consentimiento por el médico que le realizó la cesárea, quien decidió que una mujer seropositiva no debería tener hijos. El acuerdo amistoso anunciado esta semana llega tras más de una década de litigios encabezados por la mujer y sus equipos legales.

«Este acuerdo supone un paso muy importante para todas esas mujeres de todo el globo que llevan años y años luchando por la justicia reproductiva. La esterilización coactiva de las mujeres que viven con el VIH es una violación de los derechos humanos más fundamentales de las mujeres», afirmó Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «Desgraciadamente, se trata de una práctica que sigue ocurriendo en muchos países. Por ello, hemos de intensificar los esfuerzos para detenerla y acercar la justicia a más mujeres».

El presente acuerdo ve por fin la luz después de la gran batalla librada durante años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IACHR) y tras una denuncia anterior en el sistema judicial chileno que no prosperó. El caso fue litigado por la organización chilena Vivo Positivo y la organización internacional de derechos humanos Center for Reproductive Rights.

ONUSIDA presentó un amicus curiae para informar a la IAHCR de los estándares que los Gobiernos deben respetar para abordar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH que afectan a las mujeres seropositivas. Estos incluyen la obligación de respetar, proteger y cumplir con la autonomía de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con su vida sexual y reproductiva, su derecho a la integridad física y su derecho a estar libres de violencia, incluyendo la violencia a manos de personal sanitario.

Por Roberto Antonio Flores Reyna, Asesor en Información Estratégica, Oficina de ONUSIDA en Guatemala

Para ONUSIDA, la muerte de Andrea es motivo de profunda tristeza. Es increíble pensar que ese fatídico día de junio, cuando estábamos trabajando con ella por la mañana, iba a ser la última vez que la veríamos. ¡No podemos creerlo! ...

¿Cómo describir a Andrea?

Es difícil resumir la respuesta en un párrafo. Tenía 28 años, era una trabajadora apasionada y empoderada. Como activista de derechos humanos, ella estaba plenamente convencida de que trabajar en el campo del VIH es una tarea que implica desafíos y sacrificios. ¿Cómo podríamos imaginar que tal sacrificio iba a ser el máximo? ... ¡su vida!

Fue una de las pioneras del trabajo transfeminista en Guatemala. Colaboró con entidades de prevención como OTRANS-RN y REDTRANS Guatemala; y participó en actividades del Sistema Interamericano como la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Fue una de las fundadoras por Guatemala de la "PlaTRANSforma Feminista", un espacio regional para mujeres y mujeres trans.

Andrea fue representante de las poblaciones vulnerables ante el Mecanismo Coordinador de País de Guatemala. Además, fue representante legal de OTRANS-RN; y anteriormente fue parte del Comité Regional de Empleabilidad LGBT de México y el Triángulo Norte. Contribuyó al desarrollo de múltiples propuestas técnicas para ser implementadas en Guatemala, con recursos del Fondo Mundial.

Uno de sus principales logros como activista fue ser representante de la Sociedad Civil ante el Congreso de la República de Guatemala por la Iniciativa de Ley de Identidad de Género, iniciativa presentada en diciembre de 2017, y posteriormente rechazada en septiembre de 2018. Desde el lado personal, uno de sus principales logros y orgullos, fue estudiar y graduarse como auxiliar de enfermería, trabajando inicialmente como enfermera en OTRANS-RN y siendo esta tarea su ingreso al mundo de la prevención del VIH.

¡Su carisma estará con nosotros como ONUSIDA para siempre!

Nuestras oraciones por ella, su familia, sus amistades y colegas de OTRANS.                               

Descanse en paz Andrea.

Costa Rica se ha unido a la Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH. En un evento paralelo a la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de las Naciones Unidas celebrado el día 7 de junio, la vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, enfatizó el férreo compromiso del país con los derechos humanos y destacó que una respuesta integral y eficaz al VIH debe incluir los derechos humanos de las personas que viven con el VIH.

Costa Rica es el tercer país que ha firmado para unirse, junto a Jamaica y Argentina, a la alianza mundial en América Latina y el Caribe.

El acto paralelo, América Latina y el Caribe rumbo a acabar con el estigma y la discriminación relacionados con el VIH, contó con el gran apoyo de ONUSIDA y fue coorganizado por el coordinador regional de la asociación mundial RedTraSex (la red de trabajadores sexuales para América Latina y el Caribe), la Red mundial de personas que viven con el VIH y los Gobiernos de Jamaica y Costa Rica.

Ya hace cinco años, en la Declaración política de las Naciones Unidas para poner fin al sida de 2016, la epidemia del VIH se reconoció como un desafío para los derechos humanos. Los Estados miembros expresaron su preocupación por el estigma y la discriminación relacionados con el VIH en todo el mundo, así como por los marcos normativos y legales que no hacen sino desalentar e impedir que las personas accedan a los servicios relacionados con el VIH.

La Alianza Mundial para la Eliminación de Todas las Formas de Estigma y Discriminación Relacionados con el VIH se creó en el año 2017. El objetivo de la iniciativa es catalizar y acelerar la implementación de los compromisos suscritos por los Estados miembros de las Naciones Unidas, los organismos de las Naciones Unidas, los donantes bilaterales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades para poner fin al estigma y la discriminación relacionados con el VIH.

Los países ya se han comprometido a acabar con la discriminación en varias convenciones internacionales y han sido más las promesas a nivel regional y nacional. La alianza mundial brinda apoyo a los países para hacer esas promesas realidad a través de políticas, programas y prácticas que fortalecen la salud y los derechos relacionados con el VIH.

Mediante la coordinación regional de RedTraSex, la alianza mundial apoya un diálogo abierto y continuo en las redes regionales de la sociedad civil con el objetivo de fortalecer las plataformas nacionales de coordinación y la representación, siempre centrados en las personas que viven con el VIH, corren el riesgo de contraerlo o están afectadas por el virus. 

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“El sida llegó a mi puerta de manera sorpresiva. Todo comenzó el año 1988 cuando mi pareja, Rafael, empezó a enfermar. En ese momento, ambos teníamos 28 años”, cuenta Georgina Gutiérrez, activista por los derechos humanos de las personas que viven con el VIH en México desde hace más de treinta años.

Hoy es la representante del Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, cuyo objetivo es impulsar el empoderamiento de las personas que viven con el VIH privadas de libertad. Además, ella es parte del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas.

“En esos años el estigma y la discriminación eran preocupantes. Yo sabía del VIH solo a través de la televisión y muchas mujeres que tenían parejas con VIH asumían que eran positivas sin haberse hecho nunca la prueba”, rememora la activista.

Su pareja fue privada de libertad en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde pasó ocho años. Este periodo fue para Georgina una oportunidad de conocer la realidad dentro de las cárceles y fue finalmente esta experiencia la que encaminaría el rumbo de su vida hacia el trabajo con personas que viven con el VIH privadas de libertad.

“Las personas que viven con el VIH en la cárcel son invisibles ante la sociedad. Recuerdo que hace muchos años, en modo de protesta, quemaban sus colchones solo para pedir un trato digno”, rememora Georgina.

Ella se dio cuenta de que la protección de la salud física y mental de las personas que viven con el VIH privadas de libertad requería medidas inmediatas y urgentes. Fue así como crearon un proyecto contra el VIH y la COVID‑19 en la Penitenciaría Varonil Santa Martha Acatitla.

El proyecto es una de las 30 iniciativas que han recibido financiación, seleccionada de entre más de 190 postulantes a la convocatoria de 2020 de ONUSIDA de propuestas para las organizaciones comunitarias que trabajan con el VIH en América Latina y el Caribe.  Ha recibido un premio de 5000 dólares americanos para ayudar a la labor.

La Penitenciaría Santa Martha Acatitla alberga alrededor de 2000 internos, incluidas 180 personas que viven con el VIH, algunas de ellas en estadio avanzado de enfermedades relacionadas con el sida. Las personas que viven con el VIH están concentradas en el Dormitorio 10 de la prisión.

“El Dormitorio 10 está abarrotado y mantener el distanciamiento físico es difícil. Su acceso a condiciones de higiene y limpieza es muy reducido.  Además, la mayoría no había recibido materiales de protección individual para la COVID-19, y los pocos que han podido acceder a ellos lo consiguieron gracias a sus familias”, afirma la Sra. Gutiérrez.

A parte de las 180 personas que viven con el VIH en la prisión, cada una de las cuales recibió cubrebocas personalizados y otros materiales de protección individual y asistió a una serie de formaciones, aproximadamente otras 1000 personas de entre el personal y los internos se beneficiaron del proyecto.

“He podido ver una transformación en ellos. Me han contado varias veces que se sienten más seguros con las herramientas y el conocimiento que han adquirido”, declara la Sra. Gutiérrez. “Se sienten bien al saber que hay gente que se preocupa por ellos durante esta crisis sanitaria”.

“Ahora, con nuestras formaciones y donaciones los reclusos pueden mantener limpias sus habitaciones y lavar con frecuencia sus manos, su ropa y sus pertenencias”. 

Trabajar en la prevención del VIH es “un compromiso que llevo hasta en la última gota de mi sangre”, admite. “Con estas acciones estamos devolviendo la vida a personas olvidadas. Agradezco a ONUSIDA que haya financiado este proyecto; con él estamos apoyando a población carente en todos los ámbitos”.

Un día cualquiera, se encarcela aproximadamente a 11 millones de personas en todo el mundo.  El riesgo de violencia sexual entre reclusos, junto con el acceso inadecuado a preservativos, lubricantes, profilaxis profilaxis previa a la exposición y servicios de reducción del daño, aumenta sus posibilidades de contraer el VIH, hepatitis C y otras infecciones de transmisión sexual.