Esta historia fue publicada por primera vez por la OMS

Lograr servicios para la reducción de daños que pueden salvar la vida de personas que consumen drogas en Burundi fue el objetivo de un reciente viaje de aprendizaje a Kenia, apoyado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un equipo formado por médicos y defensores de la salud burundeses se desplazaron al condado de Mombasa con el fin de aprender las buenas prácticas de uno de los pioneros en cuanto a la reducción de daños en el continente africano.

Guiados por una organización de Burundi sin ánimo de lucro, Jeunesse au Clair Medical (JCM), el equipo impulsará un paquete integral de intervenciones para la reducción de daños en el país. Como en muchos otros países de África, el consumo de drogas inyectables a menudo no se reconoce y, en consecuencia, no se implementa una respuesta de salud pública.

El consumo de drogas está ampliamente criminalizado y estigmatizado, y las complejidades que lo rodean no se comprenden. La OMS define la reducción de daños como una respuesta de salud pública basada en la evidencia que incluye la prestación de programas de intercambio de agujas y jeringas, terapias de sustitución de opiáceos y acceso a pruebas y tratamientos de VIH, tuberculosis (TB), y hepatitis vírica B y C.

El equipo burundés integrado por médicos, un consejero y un coordinador nacional de una red de personas que consumían drogas visitaron el Reach Out Center Trust en Mombasa, con el deseo de conocer mejor la experiencia keniana e informar para el desarrollo de un programa en Burundi. Observaron el funcionamiento de los programas relacionados con las terapias de sustitución de opiáceos y aprendieron acerca de la labor de promoción con personas influyentes de allí, lo que supone un claro ejemplo de aprendizaje Sur-Sur.

La respuesta de Kenia para minimizar los efectos adversos del consumo de drogas, aunque no está exenta de retos, ha cosechado grandes éxitos gracias a la promoción a nivel de la comunidad y a la incorporación de importantes personas influyentes, lo que ha facilitado la aceptación de la reducción de daños. Este enfoque multinivel incluye la colaboración entre el Gobierno y la sociedad civil, e implica tanto a quienes velan por el cumplimiento de la ley como a las redes de personas consumidoras de drogas.

En una visita al Cuerpo de inspectores de Mombasa encargado de las infracciones relacionadas con las drogas, el equipo aprendió de primera mano junto al Inspector jefe, la importancia del compromiso policial. Este también destacó el impacto negativo que el consumo de drogas ejerce en los jóvenes e insistió en la necesidad de obtener estrategias que funcionen. Actualmente Mombasa cuenta con 100 agentes de policía formados en reducción de daños, cuyo trabajo se centra en apoyar y no en castigar.

Además de contar con la labor policial, el involucrar a otras personas influyentes clave, como los líderes espirituales y del pueblo, responsables del Gobierno e incluso personas que consumían drogas, garantiza que los programas relacionados con la reducción de daños sean eficaces y sostenibles.

La promoción no fue el único punto de la agenda. El equipo de Burundi también vio en la práctica cómo funcionaban las clínicas kenianas y cómo se dispensaba la metadona; conversaron con otros compañeros educadores y responsables de proyección exterior, y se formaron en la recogida de datos para la monitorización de programas. Un aprendizaje importante si quieren recabar pruebas para conseguir el apoyo del Gobierno y de donantes.

Si bien Kenia nos lleva muchos años en su camino hacia la reducción de daños, con aportaciones locales, sus enseñanzas se pueden adaptar a otros contextos.

«La carga causada por las drogas requiere una intervención desde la base, y la educación ha de estar en manos de gente preparada para evitar la mala información», apuntó el doctor Egide, trabajador sanitario de la organización JCM.

Este grupo está llevando a la práctica sus aprendizajes y pronto incluirá a redes de personas consumidoras de drogas con el fin de entender mejor sus necesidades y proporcionar información de cara a las próximas iniciativas para la reducción de daños.

El consumo de drogas es más común entre los hombres. Las mujeres representan solo la tercera parte de los consumidores de drogas y la quinta parte del número de personas que se inyectan drogas.  Sin embargo, las mujeres que consumen drogas se enfrentan a mayores riesgos para la salud.

Aunque pocos países proporcionan datos disgregados por sexos a ONUSIDA sobre gente que se inyecta drogas, la mayoría de datos disponibles indican que las mujeres que se inyectan drogas son más vulnerables que los hombres al VIH, la hepatitis C y otras infecciones que se transmiten por la sangre. En 16 de 21 países que han proporcionado datos desde 2013, las mujeres que se inyectan drogas tienen más probabilidades de vivir con el VIH que sus semejantes masculinos. En Alemania, Uganda y Uzbekistán, la prevalencia del VIH entre mujeres que se inyectan drogas ha sido casi el doble que entre sus semejantes masculinos.

GINEBRA, 22 de mayo de 2019 — La Comisión de África Occidental sobre las Drogas, ONUSIDA y la Comisión Global de Políticas de Drogas presentaron hoy la Ley Modelo sobre las Drogas para África Occidental a los ministros de Salud de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.

En África Occidental, las leyes en relación con los estupefacientes no están obteniendo los resultados pretendidos. No se ha logrado reducir de forma eficaz ni el consumo ni el tráfico de drogas. El tráfico de estupefacientes en África Occidental ha alcanzado tales dimensiones que supone una amenaza para la estabilidad de la región. Los datos de 2014 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indican que el consumo de cannabis en África Occidental supera con creces el del resto del mundo: en 2014, el 12,4% de las personas de la región lo habían consumido, mientras que solo el 3,9% de la población global lo había hecho. Además, el problema del uso y prescripción de drogas sintéticas se está agravando. El aumento de la población penitenciaria provocado por la detención previa al juicio y por los delitos relacionados con la salud pública ha ocasionado una grave sobrepoblación en las prisiones de la mayoría de los países.

“Las personas que consumen drogas necesitan ayuda y asistencia, no castigo. Estigmatizar y encerrar a un número cada vez más y más alto de ellas solo agrava los problemas de salud y congestiona unos sistemas de justicia penal que ya están tremendamente saturados”, afirmaba Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria y presidente de la Comisión de África Occidental sobre las Drogas. “Nuestra región tardó años en adoptar políticas que se basaran en las pruebas en relación con la respuesta al VIH, y ahora, año tras año, gracias a su éxito se salvan muchas vidas. Creemos que una política sobre drogas debe partir del mismo enfoque que la respuesta al VIH: pragmático, basado en la salud y centrado en las personas”.

La ley modelo sobre las drogas proporciona modelos específicos (disposiciones legales y cómo se relacionan con las obligaciones legales internacionales) que los países pueden adaptar para reformar sus legislaciones en materia de estupefacientes, así como útiles explicaciones sobre las diferentes opciones y razones para escoger la solución jurídica propuesta. Mediante un sistema de umbrales, la ley ofrece una forma cuantificable de despenalizar el consumo de drogas y la posesión para uso personal, lo que posibilita que las personas que consumen drogas accedan a los servicios sanitarios y busquen asistencia. Además, la nueva ley modelo se hace eco de la necesidad de eliminar los obstáculos que impiden a millones de personas, incluidas las personas que viven con el VIH o con cáncer, acceder a los servicios sanitarios que necesitan.

“Los países tienen que adoptar un enfoque basado en los derechos humanos en lo que respecta al VIH y el consumo de drogas, y asegurarse de que la salud y el bienestar de las personas sea lo primero”, apuntaba Gunilla Carlsson, directora ejecutiva provisional de ONUSIDA, en la presentación del informe a los ministros de Salud durante la 72.ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud que se celebró en Ginebra (Suiza). “Sabemos que la reducción del daño es eficaz, sabemos que la despenalización funciona. Los países no pueden seguir haciendo oídos sordos a las pruebas, tienen que tomar medidas urgentemente”.

El estigma y la discriminación generalizados y la violencia y la mala salud a los que se enfrentan las personas que se inyectan drogas se ven agravados por las altas tasas de VIH. Mientras que la incidencia mundial de las infecciones por el VIH se redujo un 25% entre 2010 y 2017, las nuevas infecciones entre las personas que se inyectan drogas no dejan de aumentar. En 2016, de los 10,6 millones de personas que se inyectaban drogas en todo el mundo, más de la mitad vivía con hepatitis C, y una de cada ocho vivía con el VIH.

La experiencia internacional demuestra que es posible reunir la voluntad política para llevar a cabo los cambios de amplio alcance en las leyes sobre drogas que son necesarios para hacer frente a la propagación de las enfermedades infecciosas y la rémora que representan para el desarrollo. Ruth Dreifuss, expresidenta de Suiza y presidenta de la Comisión Global de Políticas de Drogas, declaró, “Este es un momento decisivo en el que los gobiernos pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos y tomar el control de las epidemias suministrando los conjuntos de herramientas de prevención, tratamiento y reducción del daño adecuadas, o no hacerlo, y mantener el statu quo prohibicionista”. 

Comisión Global de Políticas de Drogas 

El propósito de la Comisión Global de Políticas de Drogas es elevar al plano internacional un debate informado y basado en las evidencias científicas sobre formas humanas y eficaces de reducir el daño que provocan en las personas y en las sociedades tanto las drogas como las políticas de control de las mismas.

Comisión de drogas de África Occidental

Iniciada por Kofi Annan, la Comisión de África Occidental sobre las Drogas (WACD) incluye a un grupo de destacados políticos y miembros de la sociedad civil y de los ámbitos sanitario, de la seguridad y jurídico de África Occidental. Está presidida por Olusegun Obasanjo, expresidente de Nigeria, y se trata de un cuerpo independiente, por lo que puede expresarse con imparcialidad y franqueza.

Aunque se han hecho progresos hacia los objetivos 90-90-90, según los cuales los Estados miembros se comprometieron a garantizar que para 2020 el 90% de las personas que viven con el VIH conozca su estado serológico, que el 90% de las personas que conocen su estado seropositivo reciba tratamiento antirretrovírico y que el 90% de las personas en tratamiento presente supresión de la carga vírica, las personas que se inyectan drogas y otras poblaciones clave quedan excluidas con frecuencia.

De los 13 países que recientemente presentaron informes a ONUSIDA con datos sobre la cobertura entre las personas que viven con el VIH que se inyectan drogas, ocho manifestaron que la cobertura del tratamiento entre las personas que se inyectan drogas era inferior a la de otras poblaciones más amplias de adultos que viven con el VIH.

A pesar de que la incidencia de infección por el VIH a escala mundial se ha reducido un 22% en todos los rangos de edad entre 2011 y 2017, las infecciones entre las personas que se inyectan drogas parece aumentar. La incidencia del VIH —es decir, el número de nuevas infecciones en sectores susceptibles de la población durante un determinado periodo de tiempo—entre las personas que se inyectan drogas aumentó aproximadamente de un 1.2% en 2011 hasta un 1.4% en 2017.

Existen pruebas exhaustivas y convincentes que demuestran que la reducción de daños—incluyendo la terapia de sustitución de opiáceos y los programas de intercambio de agujas y jeringuillas—previene la infección por el VIH entre las personas que se inyectan drogas. Sin embargo, la penalización por el uso de drogas para consumo propio y el extendido estigma social, la discriminación y la violencia a la que se tienen que enfrentar las personas que consumen drogas dificulta su acceso a los servicios sanitarios y de reducción de daños.

En un nuevo informe, Salud, derechos y drogas: reducción de daños, despenalización y discriminación cero para las personas que consumen drogas, ONUSIDA realiza una serie de recomendaciones a los estados para adoptar una respuesta desde la salud pública y los derechos humanos frente al consumo de droga. 

Un nuevo informe de ONUSIDA destaca la necesidad urgente de implementar un enfoque basado en los derechos humanos y en las pruebas para hacer llegar a las personas que se inyectan drogas unos servicios sanitarios básicos

GINEBRA, 13 de marzo de 2019—Un informe publicado por ONUSIDA muestra que a pesar del descenso en las nuevas infecciones por el VIH a escala mundial, la incidencia del VIH sigue sin disminuir en aquellas personas que se inyectan drogas (1.4% a escala mundial en 2017). El informe también señala que el 99% de las personas que se inyectan drogas viven en países que no proveen un servicio para la reducción de daños adecuado.

«ONUSIDA siente una gran preocupación por la falta de progreso en aquellas personas que se inyectan drogas, esto se debe al fracaso de muchos países a la hora de implementar propuestas que aborden el consumo de drogas desde el punto de vista de los derechos humanos y basadas en pruebas », afirmó Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. «Al situar a las personas en el centro y al garantizar el acceso a la sanidad y a los servicios sociales con total dignidad y sin ningún tipo de discriminación ni criminalización, se pueden salvar muchas vidas y las nuevas infecciones por el VIH pueden ser drásticamente reducidas».

El nuevo informe de ONUSIDA, Salud, derechos y droga: reducción de daños, despenalización y discriminación cero para las personas que consumen drogas , muestra que de las 10.4 millones de personas que consumieron drogas en 2016, más de la mitad padecían hepatitis C y una de cada ocho vivían con el VIH. A su vez, señala que al asegurar la disponibilidad de programas exhaustivos de reducción de daños el consumo de drogas — incluyendo programas de intercambio de agujas y jeringuillas, tratamientos para la drogodependencia así como pruebas y tratamiento para el VIH —se impulsará el progreso para frenar las nuevas infecciones por el VIH en aquellas personas que consumen drogas.

Sin embargo, solo algunos Estados Miembros de las Naciones Unidas han cumplido el acuerdo de 2016 según el documento final de la Asamblea General de las Naciones Unidas presentado en una sesión especial durante el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, en el que se tiene como objetivo establecer unas medidas efectivas de sanidad pública y mejorar la situación sanitaria para aquellas personas que consumen drogas.

El informe señala que aunque la despenalización del consumo de drogas y la posesión para consumo propio aumenta el suministro, el acceso y la asimilación de servicios para la reducción de daños, la criminalización y los castigos graves siguen siendo numerosos. Se estima que, a escala mundial, una de cada cinco personas que están en prisión han sido encarcelada por delitos relacionados con drogas, de estos un 80% se encuentra en prisión por posesión para consumo propio. Además, el informe contiene un listado de 35 países que mantiene la pena de muerte para delitos relacionados con drogas.

ONUSIDA también reivindica el compromiso total de la sociedad civil como una fuente primordial de información y a la hora de apoyar las movilizaciones, así como el de los servicios de defensa y comunitarios, especialmente en aquellos lugares donde las políticas y las prácticas represivas siguen estando presentes. Asimismo, ONUSIDA hace un llamamiento para la financiación destinada a los programas para los derechos humanos y servicios sanitarios que incluyen: servicios para el VIH y para la reducción de daños, sensibilización a nivel comunitario y facilitadores sociales, y la eliminación del estigma social y la discriminación relativa al consumo de drogas y al VIH.

Salud, derechos y droga destaca el hecho de que a pesar de la efectividad de la reducción de daños, las inversiones en este ámbito están bastante por debajo de lo que sería necesario para una respuesta efectiva al VIH. En 31 países de ingresos medios y bajos que han proporcionado información a ONUSIDA, el 71% del gasto destinado a los servicios para el VIH para aquellas personas que consumen drogas está financiado por donantes externos.

Mientras que algunos países han realizado avances implementando propuestas basadas en estudios y que se basan en los derechos humanos, aún son muchos los que se han quedado atrás. Antes del la sesión ministerial de la Comisión de Estupefacientes, que tendrá comienzo el 14 de marzo de 2019 en Viena, Austria, ONUSIDA urge a los gobiernos a reexaminar y reorientar sus propuestas para la política en materia de drogas, y, a su vez, situar a las personas en el centro y vincular los derechos humanos a la salud pública.

ONUSIDA ha realizado una serie de recomendaciones para que los países puedan adoptarlos y que incluyen:

• Implementar en su totalidad servicios para el VIH y para la reducción de daños, incluyendo programas de intercambio de agujas y jeringuillas, terapias de sustitución de opiáceos, gestión de las sobredosis con naloxona y lugares destinados para un consumo seguro.
• Asegurar que todas las personas que consumen drogas tengan acceso a los servicios de prevención, pruebas y tratamientos que pueden salvar vidas contra el VIH, la tuberculosis, la hepatitis viral y las enfermedades de transmisión sexual.
• Despenalizar el consumo de drogas y la posesión para el consumo propio. En aquellos lugares donde las drogas siguen siendo ilegales, los países deben realizar una reforma y adaptar la legislación para asegurar que las personas que consumen drogas tengan acceso a la justicia, incluidos servicios legales, y que no se tengan que enfrentar a sanciones punitivas o coercitivas debido a la posesión para consumo propio.
• Tomar medidas para eliminar cualquier forma de estigma social y discriminación que experimentan las personas que consumen drogas.
• ONUSIDA también reivindica el compromiso total de la sociedad civil como una fuente primordial de información y a la hora de apoyar las movilizaciones, así como el de los servicios de defensa y comunitarios, especialmente en aquellos lugares donde las políticas y las prácticas represivas siguen estando presentes.
• Invertir en programas para los derechos humanos y en servicios sanitarios, incluido un paquete integral de servicios para el VIH y para la reducción de daños, respuestas comunitarias y facilitadores sociales.

Informe completo: Salud, derechos y droga: reducción de daños, despenalización y discriminación cero para las personas que consumen drogas.

En el pueblo minero al norte de Myanmar donde vive Hla Hla (nombre ficticio), encontrar drogas resulta sencillo. Hla Hla comenzó a consumirlas cuando era una adolescente. Años después, un amigo asistente social la acompañó a un centro de salud de día, donde descubrió que vivía con el VIH. Al principio le daba miedo contárselo a su marido y a su familia, le preocupaba lo que podrían pensar.

La historia de Hla Hla es una entre tantas. De acuerdo a las estadísticas del gobierno, en el estado birmano de Kachin, donde se calcula que viven 21 000 personas que se inyectan drogas, se estima que dos de cada cinco personas viven con el VIH.

El estado de Kachin lleva mucho tiempo viéndose afectado por los problemas socioeconómicos, el conflicto, el cultivo de opio y el consumo de drogas. Recibe a trabajadores migratorios provenientes de otras partes de Myanmar y los países colindantes que acuden a trabajar en las minas de jade y de ámbar.

Durante más de una década, se han llevado a cabo programas de reducción del daño, incluyendo programas de intercambio de agujas y jeringuillas y terapias de sustitución de opiáceos, y recientemente el Gobierno ha reafirmado su compromiso y apoyo a la reducción del daño. Sin embargo, los últimos operativos policiales provocaron un aumento en el número de arrestos de personas que consumen drogas, lo que limita el acceso a los servicios e incrementa el estigma y la discriminación.

En el estado de Kachin, así como en la zona septentrional del estado de Shan y en la región Sagaing, el Proyecto Bandera para el VIH/Sida de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se centra en prestar apoyo a los programas de reducción del daño para facilitar servicios de prevención y tratamiento del VIH a las personas que se inyectan drogas. ONUSIDA proporciona orientación técnica al proyecto, cuya implementación corre a cargo de Community Partners International.

Uno de los objetivos del proyecto es abordar la falta de servicios de reducción del daño para las mujeres que se inyectan drogas, o son parejas sexuales de hombres que lo hacen, que se adapten específicamente a sus necesidades. Las mujeres de la región que se inyectan drogas suelen preferir mantenerse en el anonimato, y es posible que se sientan más cómodas si los trabajadores sanitarios que las atienden son, a su vez, mujeres. Médicos del Mundo, una de las organizaciones que participan en la implementación, diseñó una iniciativa para aumentar el acceso de las mujeres al servicio reservando su centro de día exclusivamente para ellas un día a la semana. El paquete de servicios específico para mujeres incluye servicios de salud sexual y reproductiva, asesoramiento sobre violencia de género y planificación familiar, además de servicios de reducción del daño prestados por personal femenino.

Hla Hla atiende al público en el centro de día, y disfruta charlando con los demás. Aunque al principio le asustaba revelar su estado a su marido, lo hizo cuando él le dijo que quería tener un hijo con ella. Después de la incredulidad, llegó la aceptación, y él también se hizo la prueba del VIH.

“El centro de día me ha ayudado muchísimo. Ahora, gracias al tratamiento antirretrovírico, estoy sana y puedo trabajar. Además, me siento muy feliz de que mi marido sea seronegativo. Tengo más conocimientos sobre salud y puedo compartirlos con mi familia y amigos”, explica Hla Hla.

Además de proporcionar servicios de prevención y tratamiento del VIH para mujeres que se inyectan drogas, el Proyecto Bandera para el VIH/Sida de la USAID también apoya iniciativas como los comités locales para el sida, que procuran una plataforma para la concienciación de la comunidad sobre los riesgos que entraña el consumo de drogas para la salud y sobre la importancia de los programas de reducción del daño.

Saw Yu Htwe es madre de tres hijos y miembro de un comité local para el sida. Cuando uno de sus hijos comenzó a consumir drogas, se dio cuenta de que las personas que consumen drogas necesitan la comprensión y el apoyo de sus familias y comunidades. Está decidida a ayudar a las personas que consumen drogas creando para ellos un entorno mejor, donde se puedan abordar sus necesidades sanitarias y socioeconómicas.

“La gente nos pregunta por qué ayudamos a las personas que consumen drogas porque creen que no se lo merecen. Las personas que consumen drogas también son humanos. Si nosotros, como comunidad, no cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra actitud hacia ellos, la región y el país no podrán desarrollarse”, afirma Saw Yu Htwe.

Según el gobierno de los Estados Unidos en 2016, más de 11 millones de personas en los Estados Unidos de América consumieron opioides recetados y casi 1 millón, heroína. Aunque millones de personas en el país son adictas a los opioides, solo 1 de cada 10 recibe tratamiento.

En 2017, al menos 64 000 personas murieron de sobredosis en Estados Unidos. El uso indebido de los opioides (entre ellos los calmantes con receta, la heroína y los opioides sintéticos como el fentanilo) y su adicción suponen una grave crisis que afecta a la sanidad pública y al bienestar económico y social, lo que podría tener consecuencias devastadoras.

La Coalición para la Paliación de Daños (una organización nacional para el activismo y la acción en Estados Unidos que trabaja para promover la salud y la dignidad de las personas y comunidades afectadas por el uso de drogas) convocó su Conferencia para la Paliación de Daños en Nueva Orleans, del 18 al 21 de octubre, en contra de este trasfondo.

En la conferencia, la Coalición de Paliación de Daños exigió la creación de espacios para el diálogo y la acción para reducir los daños causados por las políticas racializadas de drogas. También anunció que llegará más allá de las actividades tradicionales de entrenamiento, fomento de la capacidad y política.

Los participantes escucharon un llamamiento para lograr una visión más amplia en la paliación de daños, que se extiende más allá de la prevención y la reducción de riesgo hasta estrategias para hablar del trauma, la división social, la injusticia y la inequidad.

“No podemos poner fin al sida si no le ponemos fin en aquellas personas que se inyectan drogas. ONUSIDA está comprometida a reducir daños. La reducción de daños funciona. La reducción de daños salva vidas”, dijo Ninan Varughese, Asesora Superior de ONUSIDA.

En el período previo a la serie de sesiones a nivel ministerial de la 62ª Comisión de estupefacientes, que se celebrará en marzo de 2019, la ONU está tratando el problema mundial de las drogas al más alto nivel. El Secretario General de las Naciones Unidas examinará la cuestión en sus reuniones bianuales con los jefes de las entidades de las Naciones Unidas. Espera adoptar una posición común para remarcar el firme compromiso de las Naciones Unidas y fortalecer la aplicación del documento final de la sesión extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas de 2016 mediante la colaboración interinstitucional.

Marzhan Zhunusova, con el objetivo de defender el acceso a la terapia de sustitución de opiáceos, se sobrepuso a su miedo a volar y, por primera vez, tomó un vuelo a Astana, la capital de Kazajstán. Estaba visitando la ciudad para participar en una movilización a nivel nacional de personas que accederían al programa piloto de paliación de daños del país, con gente presente de cada rincón de Kazajstán demostrando la importancia de la terapia de sustitución de opiáceos.

Después de consumir drogas inyectables durante más de 25 años, Zhunusova había perdido la esperanza de tener una vida mejor. “Cuando escuché hablar por primera vez de la terapia de sustitución de opiáceos pensé que podría ser la solución y servirme de ayuda. Consumidora de drogas y seropositiva, pensaba que mi vida había acabado. Tengo 45 años y ahora es cuando empiezo a vivir mi vida de forma completa, gracias a la metadona”.

El 27 de junio, los activistas se manifestaron en Astana y recibieron el apoyo de otros grupos de activistas, entre los que se encontraban personas que viven con el VIH, hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

Las personas que se movilizaron por el evento comparten experiencias similares. El uso de drogas puede haberles privado de su salud y sus sueños. Algunos no tienen trabajo o han pasado tiempo en prisión. Muchos están aislados de la sociedad y la mayoría vive con VIH.

Ibrahim Dolgiev probó las drogas por primera vez en los años 70, cuando tenía 22 años. “Después de muchos años intentando dejar las drogas, durante los últimos años he estado en el programa de terapia de sustitución de opiáceos. Ha sido una salvación para mí. Mi vida ha cambiado drásticamente para mejor y por primera vez en muchos años puedo pasar el día sin heroína”, dijo.

Las personas que participaron en la movilización se reunieron para expresar su deseo de que el programa de terapia de sustitución de opiáceos se mantenga y expanda.

En conjunto con asociados internacionales y nacionales, ONUSIDA proporcionó al Gobierno de Kazajstán razones fundamentadas sobre la efectividad de la terapia de sustitución de opiáceos para controlar la epidemia de VIH entre las personas que consumen drogas.

“El acceso a la terapia de sustitución de opiáceos es uno de los principales factores que potencian el cumplimiento del tratamiento antirretrovírico entre las personas que consumen drogas”, dijo Alexander Goliusov, el coordinador del ONUSIDA en Kazajstán. 

“Durante los últimos tres años, las personas que consumen drogas en el proyecto piloto de la terapia de sustitución de opiáceos en Pavlodar han mostrado un 100% de cumplimiento del tratamiento antirretrovírico”, dijo Zhannat Musaevich Tentekpayev, médico jefe del Centro contra el sida de Pavlodar.

Sin embargo, por desgracia, el futuro del programa de Kazajstán sigue siendo incierto y nadie se ha apuntado al programa desde diciembre de 2017.

A finales de junio de 2018, una comisión del gobierno anunció que el programa piloto se mantendría, pero que no se expandiría a otras regiones del país. Se está llevando a cabo una investigación sobre la rentabilidad del programa y se presentarán sus resultados en Noviembre. La Unión de personas que viven con el VIH de Kazajstán ha recurrido al Presidente del país para que no se suspenda el programa, teniendo en cuenta que el respaldo a unas respuestas al VIH efectivas son fundamentales para los objetivos 90–90–90.

"Mientras que las fuerzas del orden deciden si el programa de terapia de sustitución de opiáceos es apropiado o no, el número de personas que accede a dicho programa sigue siendo muy limitado. El programa no solo se tiene que mantener, debe tener una versión de prueba y estar disponible y asequible en cualquier lugar de Kazajstán para los usuarios de drogas inyectables”, dijo Okzana Ibrahimova, el coordinador de la Unión de personas que viven con el VIH de Kazajstán.

Hoy en día, en Kazajstán hay 13 centros de terapia de sustitución de opiáceos, en 9 de las 16 regiones del país. Desde el comienzo del programa en 2008, se han inscrito más de mil personas. Actualmente, hay 322 personas inscritas en el programa, la mayoría de ellas ha dejado de consumir drogas, tiene empleo y disfruta de una vida familiar.

Las personas que consumen drogas inyectables suelen sufrir uno o más problemas de salud relacionados entre sí. El consumo de drogas y los problemas de salud mental a menudo coexisten y este consumo puede aumentar el peligro de contraer infecciones. Por ejemplo,el riesgo de contraer el VIH entre los usuarios de drogas inyectables es 22 veces mayor que entre el resto de la población general. Además, los consumidores de drogas se enfrentan al estigma y a la marginación tan ampliamente extendidos, lo que les deja fuera de juego a la hora de acceder a los servicios de salud y sociales.

La organización sin ánimo de lucro Fixpunkt, en consonancia con los esfuerzos de Alemania por adoptar una estrategia para la salud centrada en las personas y basada en los derechos humanos, ha comenzado a ofrecer un refugio seguro para las personas que consumen drogas inyectables. Fixpunkt ofrece una variada gama de servicios, entre los que se incluyen apoyo a las personas que están en terapia de sustitución de opioides, asesoramiento para la salud mental y los problemas sociales, servicios básicos de salud, equipo de inyección estéril y salas de consumo supervisado de drogas, y asistencia profesional en caso de sobredosis.

Salvavidas polémicos

Para los usuarios de drogas inyectables, los emplazamientos de consumo supervisado de drogas son un salvavidas. También son un punto de entrada crucial hacia un sistema de apoyo sociosanitario más amplio. Actualmente, hay emplazamientos de consumo supervisado de drogas disponibles en seis de los quince estados federales de Alemania. El estado de Baden-Württemberg, por ejemplo, acaba de decidir que facilitará las disposiciones legales necesarias para permitir estos servicios, y en poco tiempo abrirá la primera sala de consumo supervisado en la ciudad de Karsruhe.

Sin embargo, en los otros nueve estados federales todavía existen barreras legales que impiden la implementación de estos servicios que podrían salvar vidas. “Se necesita más respaldo político y económico para aprovechar todo el potencial de los emplazamientos seguros para inyectarse. Para las personas que consumen drogas, que viven en las calles, estos son recursos que pueden salvarles la vida. A menudo no tienen acceso a servicios médicos, sanitarios y sociales. En estos lugares pueden relacionarse, ganar confianza y encontrar ayuda para cambiar su situación” explicó Astrid Leicht, directora de Fixpunkt.

El director ejecutivo adjunto de ONUSIDA visitó uno de los emplazamientos móviles de Fixpunkt el 15 de octubre para ver el impacto de los servicios que ofrecen. Es un importante paso para Alemania. Al tomar un enfoque centrado en las personas y garantizar que aquellos que se inyectan drogas tengan acceso a la paliación de daños y otros servicios sanitarios (como emplazamientos seguros para inyectarse), Berlín será capaz de detener nuevas infecciones por el VIH entre las personas que se inyectan drogas y de reducir los daños relacionados con el consumo de drogas inyectables. Se necesitan más proyectos como Fixpunkt para asegurarse de que nadie quede sin atención”. Sabe que el reto más grande reside en que no hay suficientes instalaciones ni recursos para garantizar un horario de atención óptimo y llevar a cabo trabajos de divulgación en los vecindarios y las comunidades.

Sylvia Urban, miembro del consejo de Aktionsbündnis gegen AIDS y Deutsche AIDS-Hilfe, dijo que las decisiones tomadas en Baden-Württemberg y en Karlsruhe son revolucionarias. “Esperamos que se sumen los estados que quedan y muchas más ciudades. Estas instalaciones salvan vidas y previenen las infecciones por el VIH. Desde una perspectiva de salud pública y de prevención del VIH, no hay ninguna razón por la que no se deban proporcionar salas para el consumo supervisado de drogas”.

Alta demanda en Alemania del sur y en Bremen

Las salas para el consumo supervisado de drogas son extremadamente necesarias en Mannheim, por ejemplo, la ciudad con las mayores muertes relacionadas con las drogas en proporción a sus habitantes. Así como en Stuttgart, Múnich, Núremberg, Augsburgo y Bremen, que tienen altas cifras de muertes prevenibles relacionadas con la droga.

Situación preocupante en Europa Oriental

ONUSIDA y la Organización Mundial de la Salud han admitido que los servicios para el consumo supervisado de drogas son particularmente importantes. Aún así, en Europa Oriental hay muy pocos servicios de este tipo y en algunos países, entre ellos la Federación de Rusia, prácticamente no hay servicios de reducción de daños en un contexto en el que aumentan las nuevas infecciones por el VIH.

“Los servicios para el consumo supervisado de drogas y los programas de reducción de daños son partes cruciales para la prevención del VIH y la hepatitis. Las herramientas y las intervenciones para acabar con las epidemias están disponibles, pero muchos gobiernos evitan su implementación”, dijo Sylvia Urban de Deutsche AIDS Hilfe. “Solo podemos acabar con la epidemia del VIH con la ayuda de unos servicios que minimicen los impactos negativos del consumo de drogas. Para conseguirlo, debemos derribar las barreras legales, entre otras, como la del estigma”.