En la sección temática de la 35ª reunión de la Junta de Coordinación del Programa ONUSIDA (JCP), que tuvo lugar el 11 de diciembre en Ginebra (Suiza), se pidieron esfuerzos renovados que reduzcan la transmisión del VIH y la hepatitis C en las personas que se inyectan la droga.

Entre los oradores que participaron en la sección temática se encontraban Ruth Dreifuss, ex-Presidenta de Suiza, un miembro de la Comisión Global de Políticas de Drogas, Efi Kokkini, Presidenta de la Unión de Usuarios de Drogas y Sustitutos de Grecia, representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas y organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial.

Se plantearon varias cuestiones fundamentales relacionadas con el VIH y el consumo de drogas inyectables, incluidas las oportunidades, así como sus posibles obstáculos, para poner en práctica estrategias de reducción de daños. Se mostraron ejemplos de varios países que se centraron en las asociaciones entre los gobiernos y la sociedad civil y han logrado reducir la transmisión del VIH en las personas que se inyectan la droga.

"Debemos examinar qué ha fallado y qué se puede hacer de otra manera", dijo Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA. "No será posible alcanzar los objetivos 90-90-90 sin reducir las nuevas infecciones por el VIH en las personas que se inyectan la droga".

El señor Sidibé afirmó haber observado muchos programas de reducción de daños eficaces en todo el mundo y subrayó que aquellos que permiten a las personas que se inyectan la droga ser parte de la solución son los que tienen mayor impacto. Señaló que el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas se consideró, en gran parte, como decisivo y, además, brinda una oportunidad excepcional para reorientar y reformar políticas a nivel nacional y mundial que reduzcan el impacto negativo de las drogas en la salud pública.

En su intervención, la señora Dreifuss dijo que la política internacional en materia de drogas lleva fracasando durante varios decenios. Señaló la necesidad de redefinir de manera profunda las políticas y elaborar soluciones prácticas que respeten los derechos humanos y capaciten a las personas más afectadas.

Los participantes de la JCP escucharon una apasionada intervención por parte de la señora Kokkini, quien afirmó que las personas que se inyectan la droga son a menudo excluidas de los servicios de prevención y tratamiento del VIH. Además, dijo que incluso los políticos siguen negando que las personas se inyecten la droga mientras están en la cárcel.

Los entornos de detención resultan especialmente significativos en cuestiones como el VIH y el consumo de drogas. En algunos países, la prevalencia del VIH entre los reclusos puede llegar a ser 50 veces mayor que entre la población general; el consumo de drogas inyectables es un problema que persiste en los entornos de detención. Durante el debate, se informó a los participantes de la JCP de que donde se habían puesto en marcha las terapias de sustitución de opiáceos, estas resultaban 6 veces más efectivas y 12 veces menos caras que los programas fundamentados en detenciones.

El comandante Gairat Rakhmanov, un alto funcionario de la policía de Kirguistán que participa en terapias comunitarias para reclusos puestos en libertad, dijo que la participación de la policía y los servicios penitenciarios fue fundamental para ayudar a mantener con vida a las personas que se inyectan la droga. Los oradores del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y del Programa de Intercambio de Agujas y Jeringas explicaron la manera en que Nueva York puso fin a la epidemia del VIH entre los años 1992 y 2002.

Otros participantes de Irán (República Islámica del), Malasia y la República Unida de Tanzanía se refirieron a sus asociaciones con varias autoridades. Sin embargo. todos ellos señalaron la necesidad de participar junto con las personas que se inyectan la droga en cada etapa de la planificación, el diseño y la gestión de los servicios destinados a ellos.

Se calcula que en la actualidad hay unos 12,7 millones de personas que se inyectan la droga en todo el mundo y se cree que 1,7 millones de esas personas viven con el VIH.

Alexei consumió drogas inyectables durante más de 15 años antes de que la terapia de sustitución de opiáceos (TSO) cambiase su vida. A día de hoy, lleva tres años sin inyectarse drogas , ya que comenzó un programa de TSO en la Clínica de Psiquiatría y Narcología de Minsk (Belarús).

"Tuve que hacer cosas inimaginables para conseguir al menos 50 dólares al día para satisfacer mi adicción a la heroína" afirma Alexei. "Desde que me convertí en cliente del programa de suministro de metadona, no me he inyectado drogas, he finalizado mis estudios, conseguí un puesto de trabajo en la fábrica local y formé una familia. Gracias a este programa, sigo siendo seronegativo y he recuperado mi vida".

El objetivo de Belarús es mantener y extender su programa de prevención del VIH a los usuarios de drogas inyectables. Actualmente, hay más de 1.000 personas que solían inyectarse drogas inscritas en el programa de TSO, disponible en 18 centros. Los clientes se dirigen a diario hacia una de las clínicas participantes para recibir una dosis de metadona que les ayuda a tratar su adicción a los opiáceos.

Alrededor del 30% de las personas inscritas en el programa viven con el VIH; la TSO supone una herramienta fundamental para fomentar el cumplimiento del tratamiento antirretrovírico. Las personas seronegativas dependen de este programa para evitar la infección por el VIH, ya que el virus puede transmitirse por el uso inseguro de drogas inyectables.

Evgeny Golubitskiy, psiquiatra, narcólogo y director del programa de TSO en la Clínica de Narcología de Minsk Oblast, afirmó que las personas que finalizan el programa en su clínica controlan su adicción a las drogas de forma exitosa; esto tiene efectos positivos en su salud general. Asimismo, dijo que solo un cliente contrajo el VIH en los más de cuatro años que tiene el programa.

Según un estudio llevado a cabo en Belarús, cada dólar que se invierta en programas de TSO producirá ganancias de 6 dólares estadounidenses. Si se trata a los usuarios de drogas inyectables, se podrá ahorrar en materia de posibles tratamientos contra el VIH, crimen crímenes y desempleo. Por otro lado, hay investigaciones que muestran que la tasa de empleo entre las personas que reciben TSO ha ascendido desde un 26% hasta un 54% desde la puesta en práctica del programa.

"Los resultados del programa de TSO son evidentes y positivos", declaró Vasily Zharko, Ministro de Sanidad de Belarús. "Planeamos seguir ofreciendo estos servicios, por lo que aumentaremos de manera gradual su financiación y apoyo por parte del presupuesto estatal.

Este país se ha propuesto multiplicar por dos el número de personas que reciben TSO hasta 2.000 para finales de 2015. El objetivo de 2020 es conseguir que el 10% de los 75.000 usuarios de drogas inyectables del país se inscriban en el programa.

Durante su primera visita oficial a Belarús, Vinay Saldanha, Director Regional de ONUSIDA para Europa oriental y Asia central, visitó el programa de TSO de una clínica de Minsk donde pudo comprobar que también se proporciona apoyo psicológico y social.

"El programa de reducción de daños de Belarús es impresionante, incluida la terapia de sustitución de opiáceos," declaró el señor Saldanha. "El programa de TSO en Belarús salva vidas y evita que el VIH se propague entre los participantes".

La existencia continuada de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en Asia sigue causando gran preocupación. En estos centros a menudo se detiene a personas sospechosas de ser usuarios de drogas o drogodependientes, personas que han llevado a cabo trabajos sexuales o niños víctimas de la explotación sexual sin las debidas garantías procesales, en aras del tratamiento o la rehabilitación.

Los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas afectan gravemente a los derechos humanos y amenazan la salud de los detenidos; esto incluye una mayor vulnerabilidad a la infección por el VIH y la tuberculosis.

En muchos centros se han dado casos de violencia física y sexual, trabajos forzados, condiciones deficientes, denegación de la atención sanitaria y otras formas de violación de los derechos humanos. Aunque se tiene constancia de la existencia de centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas en muchas zonas del mundo, estos se encuentran sobre todo en Asia. Según datos oficiales de 2012, se detuvo a más de 235.000 personas en más de 1.000 centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia Oriental y Sudoriental.

Se calcula que la prevalencia del VIH en personas que se inyectan la droga es 28 veces mayor que en la población general. El estigma, la discriminación y las leyes punitivas contribuyen en gran medida a la alta prevalencia del VIH en personas que consumen drogas e impiden el suministro de tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y de servicios relacionados con el VIH.

En una declaración conjunta de 2012 sobre los centros de detención y rehabilitación obligatorios para consumidores de drogas, 12 entidades de las Naciones Unidas señalaron que "no existen pruebas de que estos centros sean un entorno favorable o efectivo para el tratamiento contra la drogodependencia". La declaración insta a los Estados que mantienen estos centros a cerrarlos sin dilación, a poner en libertad a las personas detenidas y a proporcionar a nivel comunitario atención sanitaria voluntaria adecuada y tratamiento contra la drogodependencia a las personas necesitadas.

El sistema de las Naciones Unidas ha llevado a cabo una intervención coordinada y concertada a nivel regional, nacional y mundial para involucrar a los gobiernos en este asunto. Estos esfuerzos han apoyado una serie de diálogos intergubernamentales en Asia que han fomentado prácticas óptimas emergentes para poner en práctica un tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos.

Sin embargo, el progreso a nivel nacional sigue siendo muy insuficiente. Se ha informado hace poco de que algunos países de la región están planeando incrementar la capacidad de sus centros de detención para consumidores de drogas o promulgar leyes que los consoliden.

En una visita reciente a Asia, Michel Sidibé, Director Ejecutivo de ONUSIDA, hizo un llamamiento para acelerar las reformas en favor de programas de tratamiento contra la drogodependencia voluntarios y comunitarios, como imperativo de los derechos humanos y la salud pública. "Ha llegado el momento del pragmatismo y las pruebas. Los países deben ampliar las políticas y los programas fundamentados en los derechos que sirvan para hacer frente a la drogodependiencia y la vulnerabilidad al VIH", afirmó el señor Sidibé.

La necesidad urgente de ampliar el tratamiento contra la drogodependencia fundamentado en pruebas y derechos en Asia es obvia y necesita estar en el centro de los próximos debates sobre salud y política en materia de drogas, como el tercer diálogo intergubernamental acerca de los centros de detención obligatorios para consumidores de drogas en Asia en 2015 y los avances concretos llevados a cabo en vistas al período de sesiones extraordinario sobre drogas de 2016 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En su 35ª reunión, en diciembre de 2014, la Junta de Coordinación del Programa ONUSIDA organizará una serie de debates acerca de la reducción de la transmisión del VIH entre personas que se inyectan la droga como componente fundamental de los esfuerzos para acabar con la epidemia de sida para 2030.