Opinion

Este artículo apareció primero en Inter Press Service

Por Matthew Kavanagh y Eamonn Murphy

Los autores son directores ejecutivos adjuntos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA)

WASHINGTON DC, 18 de mayo de 2022 — Tenemos buenas noticias: hay todo un catálogo de medicamentos innovadores para prevenir y tratar el VIH, denominados «de acción prolongada», porque se pueden tomar cada varios meses en vez de a diario, y ya están en pleno desarrollo.  Si, al ponerlos en marcha, estuvieran disponibles a gran escala, podrían ayudar a salvar muchas vidas y a acabar con la pandemia de sida.

Pero traemos malas noticias: con su trayectoria actual, la mayor parte de las personas que los necesitan no podrán obtenerlos pronto, porque sus elevados precios y los monopolios dejarán al margen a los ciudadanos de los países de renta media y baja. Ahí nos dirigimos, de nuevo.

ONUSIDA ha reunido a algunos de los mejores científicos e investigadores del mundo. Han destacado que ya se encuentran disponibles disponibles los medicamentos de acción prolongada para la prevención: una inyección cada varios meses que protege de forma muy eficaz frente a la transmisión del VIH. EE. UU. ya los ha aprobado y la Organización Mundial de la Salud (OMS) los está analizando.

Y, a corto plazo, se desarrollarán además nuevas medicinas muy interesantes para el  tratamiento de acción prolongada, que podrían facilitar en gran medida que las personas siguieran en tratamiento contra el VIH durante toda su vida, incluso cuando esta les dificulta el acceso a las pastillas a diario.

Se necesitan especialmente nuevas herramientas de prevención del VIH como profilaxis pre-exposición (PPrE) de acción prolongada para luchar contra la pandemia que estamos viviendo. En 2020, un año para el que el mundo tenía como objetivo conjunto reducir las nuevas infecciones por debajo de 500 000, hubo en realidad 1,5 millones; y en demasiadas comunidades están aumentando las nuevas infecciones por el VIH.

La PPrE inyectable de acción prolongada podría ayudar a satisfacer las cruciales necesidades en materia de prevención del VIH de aquellos que presentan el mayor riesgo de infectarse por el VIH del mundo, sobre todo, aquellos cuyas vidas, logística y contextos legales dificultan el acceso y la toma de PPrE oral.

Esto incluye a las personas que se enfrentan a la discriminación, entre ellas, los hombres homosexuales, las personas transgénero, los trabajadores sexuales, y las personas que consumen drogas en África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa Oriental. Las jóvenes africanas, que se enfrentan a riesgos mucho mayores que los de los hombres de su edad, también necesitan nuevas opciones de prevención del VIH.

Los estudios demuestran que son muchas las personas que quieren una opción de acción prolongada y, de hecho, se estima que 74 millones de personas de todo el mundo utilizan inyecciones de acción prolongada para evitar el embarazo. Los minuciosos estudios que se presentaron en la Conferencia sobre Retrovirus e Infecciones Oportunistas (CROI) mostraron que la PPrE de acción prolongada puede evitar que se produzca un mayor número de nuevas infecciones que tomar pastillas a diario.

Si la OMS respalda su uso y cuando lo haga, el mundo debería apresurarse para garantizar su disponibilidad a gran escala. La mejor manera de asegurar que esta ciencia innovadora se traduce en un verdadero cambio mundial es garantizando su disponibilidad para todo el que la elija.

Los Estados miembros de la ONU acordaron una nueva Declaración política sobre el VIH y el sida el año pasado, que establece el ambicioso objetivo de garantizar el acceso a la PPrE a 11 millones de personas para 2025.  Para que esto sea posible, los gobiernos y las instituciones que tengan que hacer compras a gran escala necesitarán hacerlo a un precio que se puedan permitir.

Ahora mismo, en EE.UU., la PPrE de acción prolongada cuesta decenas de miles de dólares. Pero los miembros del Comité de Asesoría Científica y Técnica de ONUSIDA (STAC) calculan que la PPrE de acción prolongada se puede fabricar de manera económica, a decenas de dólares, en vez de decenas de miles. Sería posible reducir los precios asegurando, a la vez, beneficios para los productores.

En cuanto al tratamiento, la ciencia también está evolucionando rápidamente y promete que hay tecnología en camino que podría conllevar grandes transformaciones. El año pasado, 28,2 millones de personas recibían tratamiento contra el VIH. Esto supone que las personas que viven con el VIH se toman más de 10 mil millones de veces al año.

Pero hay otras 10 millones de personas más que todavía necesitan acceso al tratamiento del VIH. Si pudieran elegir entre una pastilla que durase una semana o una inyección que durase meses, sería mucho más fácil que muchas personas pudieran comenzar y mantener el tratamiento, lo que salvaría vidas y frenaría la transmisión del VIH.

Una barrera estructural clave que pone en peligro el acceso generalizado es que la producción de estas medicinas está hasta ahora monopolizada por un pequeño número de empresas que tienen sus sedes en un grupo reducido de países; esto mantiene los precios en alza y limita (y concentra) el suministro. Sabemos por experiencia (por los primeros ARV, la segunda generación de ARV, y con las vacunas y medicinas contra la COVID-19) que esta barrera solo puede superarse a través de la intervención.

Cuando estuvo disponible por primera vez el tratamiento para el VIH a finales de los 90, los monopolios de ARV hacían que el precio estuviera por encima de 10 000 $ por persona al año, un precio que estaba fuera del alcance de los millones de personas que vivían con el VIH.

Como consecuencia, más de 12 millones de africanos han fallecido. El uso masivo de antirretrovíricos para eliminar el sida no apareció hasta que los países de renta media y baja se enfrentaron a la presión y se desencadenó la competencia en el desarrollo de genéricos, y cuando la sociedad civil mundial presionó a los gobiernos y empresas occidentales para que dejasen de bloquearlos.

Esa experiencia llevó a que el mundo dijese que jamás se volvería a excluir a los países en desarrollo del acceso a tecnología médica que salva vidas.  Sin embargo, la crisis de la COVID-19 se ha vuelto a abordar de la misma manera discriminatoria y mortal, y se ha negado a África el acceso a suficientes vacunas.

Tal y como se ha actuado hasta el momento, parece que la historia se repetirá con nuevos medicamentos contra el VIH. Pueden pasar años antes de que algunos nuevos medicamentos, ya disponibles en Nueva York o Londres, lleguen a las personas que los necesitan en Manila, Freetown, Maputo, Sao Paolo y Puerto Príncipe.

Hay una alternativa disponible que aseguraría que la ciencia se tradujese en repercusiones.  Los fabricantes de medicamentos contra el VIH pueden fijar precios asequibles para los países de renta media y baja. Para que esta solución funcione a largo plazo se necesita que se produzcan genéricos en estos países.

Para lograr esto, hay que eliminar los monopolios. La agrupación de patentes y la transferencia proactiva de tecnología pueden hacer posible que un amplio grupo de fabricantes en África, Asia y América Latina produzcan antirretrovíricos de acción prolongada a un bajo coste. Esta debe ser una práctica estandarizada, y el intercambio de información puede empezar incluso antes de que se apruebe su uso.

El precio y la producción local no son los únicos obstáculos para asegurar el uso efectivo. Algunos sistemas de salud pública necesitan apoyo mundial para poder adquirir materias primas, gestionar la logística y el almacenamiento, dotar de formación para que haya un suministro eficaz, y para hacer partícipe a la comunidad y así asegurar la demanda y el conocimiento de los tratamientos para que estos no desaparezcan. El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y nuestros socios respaldan todas estas causas.

A partir de la acción de emergencia frente al COVID-19, tenemos que terminar con las desigualdades de acceso a todas las tecnologías sanitarias. Para eso hay que impulsar a la ciencia y hacer que llegue a todos, así como invertir en la innovación sanitaria y tratarla como a un bien público mundial.

Para frenar las pandemias de hoy y prevenir las de mañana es necesario dejar de monopolizar información sobre tecnología sanitaria que puede salvar vidas, y en su lugar compartirla a nivel mundial. Necesitamos que se reformen las normas de protección de la propiedad intelectual que han fallado al mundo en estas pandemias, para que así el acceso a los avances científicos esenciales no dependa del pasaporte o los medios económicos de los que disponga una persona.

Necesitamos que los gobiernos utilicen su poder para obligar al intercambio de ciencia y tecnología para luchar contra las pandemias, y para forzar a las empresas y países a usar los mecanismos de la OMS. Necesitamos diferenciar entre los incentivos a la innovación y los monopolios de fabricación. Estos restringen el suministro, perpetúan los precios no asequibles, aumentan las desigualdades, y se ha demostrado que son un motor poco fiable para la innovación, especialmente para aquellos problemas de salud que afectan sobre todo a las personas que viven en la pobreza.

Tenemos que invertir en la creación de capacidad de producción sanitaria en todo el mundo. Tenemos que dar prioridad a la inversión en universidades y otras instituciones de investigación públicas para mejorar nuestra capacidad técnica de desarrollar tecnología médica para todos.

Se puede poner fin a la epidemia de sida. A la pandemia de COVID-19. A las pandemias del futuro. Pero no tal y como se está actuando ahora, en parte porque los descubrimientos biomédicos no llegan a las personas que más los necesitan. Si se invierte en antirretrovíricos de acción prolongada, muchas personas que otra manera contraerían el VIH no lo harán. Ciertas personas que viven con el VIH y que podrían morir de sida no lo harán. Se podría mejorar el bienestar y la dignidad de personas en riesgo de o que viven con el VIH.

El acceso equitativo mundial a la tecnología que lucha contra las pandemias no se puede regir exclusivamente por las reglas del mercado. Depende de las políticas y la praxis. No se puede esperar a que los medicamentos se hayan distribuido a gran escala en los países ricos para elaborar estas políticas. El proceso ha de acelerarse.

Los líderes de redes de la sociedad civil, sobre todo aquellos que viven con el VIH o que pertenecen a grupo de población clave, hacen un llamamiento para que actuemos ahora: hay que asegurar el acceso mundial a tecnología innovadora relativa al VIH. Podemos y deberíamos hacerlo.

Compartir la ciencia salvará vidas y detendrá las pandemias.

IPS Agencia de Noticias

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

A continuación, las declaraciones de la directora ejecutiva de ONUSIDA Winnie Byanyima durante el acto de graduación celebrado en el campus Qwaqwa de la Universidad del Estado Libre de Sudáfrica

Señor Vicerrector en funciones profesor Naidoo, distinguidos líderes de esta gran universidad, señoras y señores, compañeros de graduación,

Me gustaría dar las gracias a la Facultad de Ciencias de la Universidad del Estado Libre por el honor de ser nombrada doctora honoris causa por esta gran institución.  Sé que están reconociendo, a través de mí, el trabajo de todos aquellos que propician los avances en justicia social en el mundo, en concreto en relación con el derecho a la sanidad universal.  Me presento humildemente ante ustedes y ¡estoy orgullosa de unirme a la comunidad Kovsie!

La sala en la que nos encontramos lleva el nombre de un hombre sabio y valiente.  Madiba nos dijo, y cito, «La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo».  No puedo estar más de acuerdo.  Me sentí honrada cuando supe que esta universidad nombró también al Presidente Mandela doctor honoris causa en 2001.

Mis padres eran profesores. Uno era profesor de primaria y el otro, de secundaria.  Eran poco convencionales.  Nos motivaban y animaban, a nosotros, sus hijos.  Nos enseñaron que lo que más importa en el mundo es formar parte de tu comunidad y alzar la voz por la justicia.

Para mí, y para muchas personas de todo el continente africano, la lucha por la igualdad aquí en Sudáfrica—una lucha que, como podemos ver, no ha terminado—resulta inspiradora.  En la terrible era del apartheid incluso el nombre de su provincia, Estado Libre, era una amarga ironía.  Hoy, mientras seguimos recorriendo este largo camino, el destino que con trabajo y esfuerzo quieren alcanzar hace que el nombre Estado Libre sea tan hermoso como esas palabras merecen ser.

Quería compartir con ustedes tres reflexiones sobre la libertad.  Las inspiran en gran medida los puntos de vista de personas de este país, incluidos movimientos estudiantiles pasados y actuales.

La primera es que la libertad real es mucho más que la libertad de sufragio o, en caso de Sudáfrica, la libertad de que no se prohíba votar.  La verdadera libertad surge cuando todos y cada uno de nosotros podemos florecer.  En el centro de todo esto se encuentra la educación, que debe ser un derecho para todos y no un privilegio de unos pocos.  Cada vez que visito mi pueblo natal, Ruti, en Uganda, me encuentro con amigos y amigas que no tuvieron las mismas oportunidades que yo, que se vieron obligados a abandonar sus estudios por un matrimonio precoz, porque tenían que atender a un familiar enfermo o trabajar para que su familia sobreviviese, o porque no tenían para pagar las tasas escolares.  Todas las niñas y niños tienen que recibir apoyo para completar sus estudios y los colegios deben ser lugares seguros, con educación de calidad que fomente el empoderamiento. También deben ser lugares donde reine la felicidad, ¡para disfrutar de uno mismo y de la juventud!  El impulso que los estudiantes han dado para hacer más accesible la educación superior, para conseguir reformas y rechazar lo malo del pasado, para lograr la inclusión de todos, ha sido un reto para ustedes y para sus instituciones, pero se ha avanzado mucho y he de felicitarles por todo el progreso conseguido.  ¡Enhorabuena!  Sí, hemos estado siguiendo sus movimientos, Rhodes must fall, las tasas deben desaparecer. Han inspirado a muchos otros estudiantes del mundo para luchar por la inclusión y la igualdad.

La segunda reflexión es que nadie es libre mientras exista una persona que no lo sea.  Por esta razón, la lucha por la libertad siempre ha de ser interseccional.  En todo el continente y en todo el mundo, Sudáfrica se erige como ejemplo de movimientos unidos, que resisten contra la desigualdad racial, que abogan por la igualdad de género y por la igualdad del colectivo LGTBQ.  A través de estas inclusiones se logra un mundo libre.  Así que continúen dando ejemplo, como país y como comunidad de estudiantes y alumni.  Luchen contra la estigmatización, luchen contra la criminalización.  Cuando vean a alguien menospreciado por su etnia, por ser mujer, por ser gay o trans, alcen la voz en su nombre.  La tolerancia no es suficiente: hay que aliarse con todos los que están marginados, no solo estar a su lado sino de su lado.

La tercera reflexión es que la libertad nunca se regala, solo se gana.  Y nunca se gana del todo ni para siempre en un momento. Hay que ganarla día a día, una y otra vez.  Hemos realizado grandes avances gracias a movimientos colectivos, a través de la organización de personas normales pero extraordinarias.  He formado parte de los movimientos feministas de África y del mundo.  Hemos logrado grandes avances a través de la organización, del apoyo mutuo, todo dentro de nuestra diversidad. Los héroes más importantes no son los que están en los libros de historia o dan discursos desde un podio como yo, sino que son ustedes, trabajando juntos y formando colectivos.

Usen el poder que su educación les ha brindado.  Y úsenlo para reivindicar derechos y rendiciones de cuentas, para ustedes mismos y para los demás. La educación me permitió salir de ese pueblo en Ruti, Uganda, donde no había electricidad ni agua corriente y me llevó a formar parte de nuestro parlamento nacional. Fui parlamentaria.  Me llevó a dirigir una organización mundial emblemática, OXFAM Internacional y, ahora, me ha llevado a dirigir el trabajo de las Naciones Unidas a escala mundial para luchar contra el sida.  Todo ello desde mi pequeño pueblo.

Pero nunca podré enorgullecerme del poder que me ha dado la educación en sí mismo.  Me hace responsable de lo que tengo que hacer para que otros se alcen, para que en el mundo imperen la igualdad y la justicia.  Me enorgullezco de lo que soy capaz de hacer con otras personas para lograr un mundo más justo. Las cualificaciones son meras herramientas para conseguir un objetivo.

Hoy es su día.  Han conseguido tanto solo con haber llegado hasta este momento. Sé que van a celebrarlo y se lo merecen.  Pero déjenme desafiarles. Les reto a que cuando abandonen este hermoso campus y salgan al mundo exterior busquen marcar la diferencia:

Trabajen para construir una sociedad donde todos los niños y niñas tengan acceso a la educación completa y de calidad que merecen.

Construyan una sociedad que garantice la igualdad para todas las personas.  Nadie debe sufrir discriminación por su género, etnia o sexualidad.  Igualdad para todos.

Construyan poder colectivo. Yo creo en el poder de las personas.  El cambio solo se consigue a través del poder de las personas.  No esperen a que el líder adecuado venga y lidere, ustedes son el líder adecuado.

Una sociedad más igualitaria será mejor para todo el mundo: para los ricos, para los pobres, para los capaces y para los menos capaces. Una sociedad más igualitaria será mejor para todo el mundo: es más segura, más próspera, más sostenible, más sana. Es más feliz.

En realidad soy una persona optimista.  Me gustaría contarles una historia.  Este es mi último desafío.  La historia de su país forma parte de ustedes.  El resto de nosotros en África, en concreto personas de mi generación, se ven afectados por la historia de nuestro continente, incluida la historia de su país.  Seguíamos todo lo que pasaba en este país y esperábamos su independencia porque iba a ser la independencia del continente entero. Cuando se liberaron, todos viajamos a ver Sudáfrica y a los sudafricanos porque durante muchos, muchos años en nuestros pasaportes había un sello en el que ponía:  «Válido pata todos los países salvo la República de Sudáfrica». No podíamos poner un pie en el país durante el apartheid.  Esa era la resistencia del resto de África.  Así que cuando se liberaron vinimos corriendo a presenciar esa liberación de esta parte de nuestro continente.  Cuando llegué al aeropuerto de Johannesburgo, ni siquiera se llamaba todavía Aeropuerto O.R. Tambo, sino que tenía otro nombre. Cuando llegué vi muchas jóvenes en el mostrador de inmigración y le enseñé el pasaporte a una de ellas.  Y mientras me miraba con una gran sonrisa me dijo «Bienvenida a Sudáfrica». Y yo le di las gracias.  Luego me preguntó «¿Cómo está todo en África?» Y yo le dije «¿África?» «Sí, de donde viene, ¿cómo está todo en África?»  Y entonces me di cuenta de que esta joven todavía no percibía Sudáfrica como parte de África. Y, por supuesto, nos pusimos a debatir y le dije que esto es África, donde estamos ahora.  Y me contestó «Ok, lo sé, pero me refiero a allí, de donde usted viene».  Así que este es mi último desafío para ustedes, mis queridos compañeros de graduación. Tienen una historia que les separa del resto de su continente.  Pero les quiero dejar con la idea de que eso es un desafío y es una bendición: salgan al mundo y sean africanos orgullosos.  Acepten a todo su continente.  Salgan al mundo sabiendo que tenemos una historia como continente y un destino como continente.  Y sirvan a su continente y aprovéchenlo al máximo.

Así que es un honor para mí ser nombrada doctora honoris causa. Se lo agradezco mucho. También es un honor para mí compartir este día con ustedes, los graduados, y bendecirles como el futuro, o quizá mejor, como el presente de África.

Les doy las gracias.

Por Michel Kazatchkine — Este artículo se publicó originalmente en The Telegraph

No es ninguna sorpresa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) esté pidiendo que oxígeno y suministros médicos esenciales lleguen de forma segura a quienes los necesitan en Ucrania, a la vez que está tratando de garantizar el buen tránsito de los envíos que pasan por Polonia. Pero esta petición tampoco es una novedad. Esto ya había ocurrido antes.

La anexión de Crimea por parte de Rusia y el conflicto en los óblast de Donetsk y Lugansk del este de Ucrania en 2014 pusieron en peligro el suministro de medicamentos para el VIH y la tuberculosis. A pesar de los enfrentamientos vividos durante los últimos ocho años, gracias a los precarios esfuerzos transfronterizos y a la financiación del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria fue posible evitar el desabastecimiento de los fármacos en los territorios separatistas. 

Cabe suponer que, si Rusia ocupa nuevos territorios de Ucrania, los retos para garantizar el acceso de las personas con tuberculosis y VIH a esos medicamentos serán igual de importantes y de alto riesgo o incluso imposibles.

Las autoridades separatistas del Dombás y la administración rusa en Crimea también interrumpieron bruscamente la terapia con agonistas opiáceos (TAO) para los usuarios de drogas inyectables, lo cual provocó mucho sufrimiento y muertes por sobredosis y suicidio.

Las ONG que trabajaban con las comunidades afectadas en el Dombás fueron clausuradas. Décadas de lucha contra el VIH y la tuberculosis nos han enseñado lo importantes que son la sociedad civil, el liderazgo comunitario y los derechos humanos para acabar con estas enfermedades.

La Federación de Rusia se niega a aceptar la TAO como una medida de reducción de daños que disminuye el riesgo de transmisión del VIH por compartir agujas.

En cambio, Ucrania es una importante defensora de la reducción de daños y cuenta con programas de TAO e intercambio de agujas. Esto es muy importante en Europa oriental y Asia central, donde aún se registra el crecimiento más rápido de la epidemia de VIH en el mundo.

En esta región, unas 1,6 millones de personas viven con el VIH (el 70 % en Rusia) y alrededor de 146 000 contraen la infección cada año. El consumo de drogas representa aproximadamente el 50 % de las nuevas infecciones, pero las relaciones sexuales sin protección se convertirán en la principal causa en los próximos años.

Sin embargo, Ucrania ha sido uno de los países de la región con más éxito a la hora de garantizar el acceso a los medicamentos antirretrovirales: 146 500 personas en el último año.

Estos logros peligraban antes de las hostilidades, ya que las restricciones de COVID-19 provocaron el descenso de una cuarta parte del total de personas que se sometieron a las pruebas en 2020. Las próximas semanas y meses de guerra harán que esta iniciativa se derrumbe por completo. 

Europa del Este también sigue siendo el epicentro mundial de la tuberculosis multirresistente. A pesar de los avances conseguidos en los últimos diez años, la prevalencia de la tuberculosis, los niveles de mortalidad y, sobre todo, la incidencia de la tuberculosis multirresistente siguen siendo elevados en Ucrania, que es el país con el segundo mayor número de casos de la región. 

La tuberculosis farmacorresistente representa alrededor del 27,9 % de los nuevos pacientes con tuberculosis y el 43,6 % de los pacientes tratados previamente, y el éxito del tratamiento de la tuberculosis multirresistente es de un 50 %.

Si en 2020 la COVID-19 redujo a la mitad la detección de casos, es posible que la actual guerra la elimine por completo.

A medida que los sistemas sanitarios se colapsan y los servicios de tratamiento y prevención se ven paralizados, la mortalidad por VIH, tuberculosis, tuberculosis multirresistente y COVID-19 aumentará rápidamente en Ucrania. Cientos de miles de personas han sido desplazadas internamente y en ciudades como Leópolis se están agotando los medicamentos y los suministros médicos.

Desafortunadamente, las consecuencias de la invasión no sólo afectarán a Ucrania: más de un millón de refugiados ya han huido para salvar sus vidas.  Esto tendrá consecuencias en las ciudades fronterizas y en zonas de Europa central, cuya respuesta a la tuberculosis, el VIH y, más recientemente, la COVID-19, ha sido deficiente.  

Las localidades y países vecinos tendrán que anticiparse y hacer frente a una avalancha de nuevas necesidades sanitarias. Estamos en una encrucijada: la cooperación y la solidaridad internacionales con Europa del Este no han sido protagonistas en la respuesta global a la pandemia durante los dos últimos años.

La llegada de los suministros sanitarios de la OMS y la apertura de un corredor seguro para el paso de refugiados son retazos de buenas noticias dentro de esta tragedia en curso, pero necesitamos mucho más.

Hay que proteger los sistemas e instalaciones sanitarios, los cuales deben ser funcionales, seguros y accesibles para todos los que necesitan servicios médicos esenciales, así como a los trabajadores de la salud.

Michel Kazatchkine es director de curso en el Graduate Institute for International Affairs and Development en Ginebra, Suiza, y antiguo enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas y de ONUSIDA para el VIH y el sida en Europa oriental y Asia central. Anteriormente fue director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

por Edwin Cameron

El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del sida.

Este año marca un oscuro aniversario.   El 5 de junio de 2021, se cumplieron 40 años desde que se registraron por primera vez los casos de enfermedad y muertes alarmantemente inexplicables, que posteriormente recibirían el nombre de sida.   Estas cuatro décadas se han traducido en un enorme progreso médico y científico, pero todavía hay un gran número de fallecidos y existe demasiado estigma en la sociedad.

Todavía muchas personas evitan las pruebas, o mueren avergonzadas en silencio; el tratamiento no llega a todos aquellos que lo necesitan y la desigualdad y la discriminación impiden nuestra respuesta mundial.

Hoy puedo escribir esto porque la vida me permitió sobrevivir al sida de forma inesperada.  Hace veinticuatro años, comencé la terapia antirretroviral que tantas vidas ha salvado. He podido ser testigo del daño que generan las leyes y políticas discriminatorias a aquellos a quienes esta temible epidemia pone en peligro.  Permítanme explicarme.

Alrededor de la Semana Santa de 1985, con 30 años y comenzando mi vida laboral, me infecté con el VIH.  Durante aquellos terribles años, no existía tratamiento: el VIH era equivalente a una muerte segura.  El estigma y el miedo ahogaban a todas las personas que tenían o podían tener el sida o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Como muchos otros, mantuve en secreto mi estado serológico.  Esperaba contra toda esperanza escapar del alcance de la muerte.  Pero no fue así. Doce años más tarde, el sida acabó con mi cuerpo.  Con la certeza de una muerte inminente, enfermé de gravedad.

Pero mis privilegios me permitieron acceder a tratamiento y atención.  Tenía una familia y unos amigos muy queridos, y un trabajo como juez, al que volver.  Gracias a un acceso temprano al tratamiento antirretroviral (TAR) pude sobrevivir.

En 1999, hablé públicamente sobre la vida con el VIH.  Puse de manifiesto que la terapia me salvó de una muerte segura, pero millones de personas en África no tenían acceso a ella. 

A día de hoy, soy una de las pocas personas que ocupan un cargo público en África que habla abiertamente sobre ser gay y vivir con el VIH.  Y no digo esto para ser reconocido por ello, sino porque mucha vergüenza, miedo, ignorancia y discriminación silencian todavía a demasiadas personas en muchos lugares.

Desde mi propia experiencia, conozco de primera mano el poder del estigma, la discriminación, el odio y la exclusión.

Y tras veinticinco años como juez, puedo dar fe de los tres siguientes hechos: Primero, el poder destructivo del estigma y la vergüenza.  En segundo lugar, el daño que las leyes punitivas y discriminadoras causan en las respuestas de salud pública.  Por último, cómo la insuficiente protección legal y los inadecuados recursos judiciales hacen que la cruel carga del VIH/SIDA sea infinitamente peor.

Por qué la igualdad es el núcleo de la respuesta al VIH/sida

37,7 millones de personas viven con el VIH en el mundo. Para muchos de nosotros, los alentadores avances han aliviado el peso de la muerte, de la enfermedad y de la vergüenza.  En la actualidad, podemos hacer realidad el objetivo 90-90-90 (el 90 % de las personas seropositivas conocerá su estado, el 90 % de ellos tendrá acceso al tratamiento, y el 90 % logrará la supresión viral).

Sin embargo, en África la situación es particularmente angustiante. Dos tercios de los casos de VIH ocurren en el África subsahariana, donde las mujeres jóvenes representan el 63 % de las nuevas infecciones.

En concreto, los grupos de población clave (trabajadores sexuales, personas LGBTQI+, consumidores de drogas, personas encarceladas, hombres que tienen relaciones sexuales con hombres) suponen el 65% de las nuevas infecciones por VIH en todo el mundo.

Debido a estos llamativos datos, la nueva estrategia de ONUSIDA, el programa de la ONU que lucha para mitigar esta epidemia, fue bien recibida.   Destaca cómo las desigualdades agravan el sida.  Por lo tanto, la máxima prioridad de ONUSIDA  se centra en ponerles fin.

Una política basada en los derechos es lo mejor.  De esta manera, se pone de manifiesto cómo todos los derechos humanos están relacionados. La epidemia de sida lo demuestra claramente: el derecho a la salud no puede desvincularse, ni en la teoría ni en la práctica, del derecho a la igualdad.

La lección es clara: para superar el sida en 2030, debemos lograr una mayor igualdad para todos.

La parte alentadora es que la protección y el respeto de los derechos sirven para mitigar el sida.  Los datos recogidos por ONUSIDA muestran claramente cómo “las desigualdades contribuyen a la epidemia del VIH y bloquean los avances para poner fin a la epidemia de sida”.  Como señala acertadamente The Lancet: “El éxito en la respuesta al VIH se basa en la igualdad, no sólo en el acceso a la prevención, atención y tratamiento, sino también en la igualdad legal”.

Los programas de derechos humanos y las apropiadas reformas legislativas reducen el estigma y la discriminación.  Sin embargo, se dedican muy pocos esfuerzos y una escasa financiación a este fin.  El resultado está claro: en demasiadas sociedades, el estigma supone una gran carga para aquellas personas seropositivas o con riesgo de infección por el VIH y el sida, la discriminación se impregna en las leyes y la población y la derogación de leyes punitivas fuera de lugar es angustiosamente lenta.

Tenemos que luchar contras la legislación punitiva y discriminatoria

Las leyes punitivas y discriminatorias afectan a los grupos de población clave con mayor riesgo de infección por el VIH/sida.  Inciden en la orientación sexual, la identidad de género, el estado serológico, el uso de drogas  y el trabajo sexual de las personas.

Por este motivo, muchos países todavía penalizan a las personas LGBTQI+.  Y las mujeres transgénero tienen un riesgo enormemente mayor de contraer el VIH.

Nadie es discriminado únicamente por un motivo.  Los riesgos tóxicos de la discriminación se mezclan en una multiplicidad de motivos hostiles, lo que se conoce acertadamente como “interseccionalidad”.  Un trabajador sexual se ve atacado por su sexualidad, género, situación socioeconómica y su estado serológico.  El resultado es inquietante: los trabajadores del sexo tienen un riesgo 26 veces mayor de contraer el VIH.

Ante este panorama, la brutal fuerza de la legislación penal ahoga el buen trabajo realizado contra el sida.  Intensifica las desigualdades, la injusticia y las exclusiones. 

Aquí se encuentra la clave: penalizar a las personas que viven con el VIH y castigar a los grupos de población clave debilita los esfuerzos de prevención.Reduce el uso de los servicios.Y puede aumentar las infecciones por el VIH.   

Estas leyes punitivas no solamente “dejan a las personas atrás”.  Directamente las rechazan.  Aumentan el miedo y el estigma social y, a su vez, alejan a las personas de mayor riesgo de los servicios de salud y la protección social.

Como relató con gran firmeza Winnie Byanyima, la directora ejecutiva de ONUSIDA, el estigma mató a mi hermano, su estado serológico era positivo y podría continuar con vida a día de hoy, pero tenía miedo de acudir a una clínica para obtener medicamentos antirretrovirales porque la gente que conocía lo encontraría allí y lo juzgaría”.  ¿Cuál es su conclusión?  “Debemos hacer frente al estigma y a la discriminación, quitan vidas”.

Otros efectos colaterales perjudican nuestras sociedades.  La discriminación se filtra en la recopilación de datos y pruebas, donde las poblaciones penalizadas y estigmatizadas suelen estar poco representadas y excluidas.

Esto refleja su realidad cotidiana. Su experiencia de un estigma extremo: ser rechazados, invisibles, eliminados.

Esta negación es extremadamente dañina.   Supone que no conocemos si los servicios son accesibles y admisibles.  Implica que puede que no se comparta información importante.  Quiere decir que la violencia y la discriminación contra grupos de población invisible siguen siendo una incógnita, siguen sin abordarse.

Por lo tanto, nos debemos preguntar lo siguiente: ¿Cómo se pueden eliminar las barreras de acceso a los servicios si ni siquiera se ve a las personas que las sufren? ¿Qué podemos hacer?

Al menos conocemos una respuesta: podemos ayudar a crear entornos jurídicos propicios,seguros y que capaciten a las personas.

Un entorno jurídico propicio

La respuesta al VIH está relacionada con los valores democráticos y el funcionamiento de los sistemas legales. El estado de derecho, la libertad de expresión y de protesta, así como otros derechos humanos básicos, son relevantes.

Crear un entorno jurídico propicio es un paso esencial.  Supone que utilizamos la legislación para proporcionar instrumentos en lugar de oprimir.  Implica derogar leyes penales innecesariamente punitivas. Quiere decir que logramos la igualdad ante la legislación.

El acceso a la justicia, la demanda de una reforma legislativa, las campañas educativas y de concienciación y el vibrante activismo de la sociedad civil, que englobe a las poblaciones clave, son fundamentales.  Estos promueven un cambio beneficioso y ayudan a garantizar la rendición de cuentas de las violaciones de los derechos humanos.

Las últimas cuatro décadas nos lo han demostrado.  Activistas francos,valientes y con principios, de ACT-UP en Nueva York  y de la Campaña de Acción por el Tratamiento en Sudáfrica, lograron avances en el tratamiento del sida que permitieron salvar vidas.  La lucha de los activistas se centraba en la justicia y en encontrar la respuesta más efectiva al sida. En Sudáfrica, se enfrentaron al gobierno negacionista del presidente Mbeki ante el tribunal con más poder, que le obligó a iniciar el suministro de la terapia antirretroviral.

Para ellos, como lo fue para mi, y como para muchos otros a día de hoy, la batalla era de vida o muerte, bienestar frente a la enfermedad, ciencia frente a mitos perjudiciales, discriminación frente a igualdad y justicia, y sobre cómo las prácticas justas tienen sentido para la salud pública y son capaces de salvar vidas.

La nueva estrategia de ONUSIDA abarca esta historia.  Busca garantizar el acceso a la justicia y la rendición de cuentas a las personas que viven o están afectadas por el VIH y a los grupos de población clave.  Justamente, reclama una mayor colaboración entre las principales partes interesadas, el apoyo a los programas de alfabetización jurídica y un mayor acceso a la ayuda legal.  Por parte de la comunidad internacional, también se contempla un compromiso substancial, mayores inversiones y una diplomacia estratégica.

La pandemia de la COVID-19 no ha paliado estos objetivos; su impacto en la desigualdad los ha hecho más latentes.  Los confinamientos para evitar infecciones provocó la interrupción de los servicios del VIH y sida (los servicios de salud estaban cerrados o sus recursos fueron distribuidos a paliar los efectos de la COVID-19 o no había suficiente medicamentos antirretrovirales).

Por el otro lado, hemos aprendido de esta situación y la tecnología ARNm podría acelerar el desarrollo de una vacuna para el sida.

Aunque todavía no dispongamos de ella, el sida no supone una muerte segura.  Veinticuatro años más tarde de tomar mi primer antirretroviral, estoy viviendo una vida alegre y animada.  Nuestro reto somos nosotros mismos y nuestras sociedades: se trata de superar el miedo, la discriminación y el estigma para garantizar que los tratamientos y mensajes que pueden salvar vida sean accesibles de manera igualitaria y equitativa.

Poner fin a la epidemia de sida en 2030 es un objetivo realista.  Pero para lograrlo, debemos respetar, proteger y cumplir con los derechos básicos de aquellas personas que viven o están afectadas por el VIH.  Debemos adoptar aspiraciones democráticas, dar prioridad a los grupos de población clave en nuestra respuesta, proporcionar los recursos para reducir las desigualdades y las injusticias, y fomentar los entornos legales que nos permitan poner fin a la epidemia de sida.

Estos últimos cuarenta años tan duros nos han demostrado que con suficiente apoyo, ciencia, dedicación y amor, podemos poner fin a este epidemia.

Este artículo se publicó por primera vez en inglés el 19 de mayo de 2020 aquí

En la mayor parte de las conversaciones sobre la COVID-19 en el mundo, apenas se menciona a África. Sin embargo, los riesgos que la crisis por la enfermedad del coronavirus plantea en África son aún mayores que en ningún otro rincón del mundo. Riesgos que se agravarán cada vez más si dejamos a África de lado en la respuesta mundial. Y es que derrotar a la COVID-19 en África es, en cambio, fundamental para ganarle la batalla en todo el mundo. El liderazgo africano y la solidaridad global son ambos esenciales para superar la crisis de la COVID-19 en África, y eso es precisamente lo que piden los ciudadanos africanos. 

Los determinantes sociales y económicos de la salud y la enfermedad son enormes vaticinadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Si bien África dispone de una experiencia vital a la hora de enfrentarse a epidemias, lo cierto es que cuenta con sistemas sanitarios carentes de recursos, los cuales, además, acostumbran a ser inaccesibles para los más pobres, y no están preparados para el trabajo que conlleva la lucha contra la COVID-19.

Sí, claro que es posible vencer a la COVID-19 en África, pero no en las condiciones actuales. Necesitamos urgentemente acelerar el acceso a las pruebas; garantizar el acceso igualitario a los equipos para proteger a los profesionales sanitarios que estén en primera línea y cuidar a aquellos que enfermen. Hemos de garantizar la correcta financiación de los sistemas de salud. Todos los países han de pactar una vacuna contra la COVID-19 que sea gratuita para todo el mundo y es necesario trabajar para lograr mitigar los impactos sociales y económicos de la crisis de la COVID-19 mediante medidas de protección social a gran escala y un desarrollo económico sostenible que ponga fin a la desigualdad.

La Unión Africana, a través de su Centro para el control y la prevención de  enfermedades, está asumiendo las riendas en la respuesta a la epidemia. Se ha creado una nueva alianza como parte de la respuesta Estrategia Continental Conjunta de África para la COVID-19, la Alianza para acelerar las pruebas diagnósticas de la COVID-19 (PACT, por sus siglas en inglés), la cual ha contado desde su origen con el fuerte respaldo de los Jefes de Estado y de los Gobiernos de la Unión Africana.  ONUSIDA siente un enorme orgullo por encabezar la lista de los signatarios de dicha alianza, con la cual se pretende cerrar la brecha en lo referente a las pruebas, apoyando los esfuerzos de los países africanos para aumentar rápidamente el alcance de su capacidad para realizar test y rastrear. Como ya hemos visto en otras regiones del mundo, se trata de algo imprescindible para reducir tanto el número de contagios como las muertes. PACT insta también a establecer rápidamente en África un sistema dirigido por el Centro para el control de enfermedades para la adquisición mancomunada de pruebas y otros productos básicos necesarios para la respuesta a la COVID-19.

La buena noticia es que los países están uniéndose y redoblando esfuerzos: a principios de mayo, Sudáfrica había llevado a cabo más de 300 000 test, solo en Ghana más de 100 000. Y lo han logrado, en parte, impulsando la infraestructura ya existente para las pruebas del VIH. Otros países como Nigeria planean seguir su ejemplo. Aun así, el Centro africano para el control de enfermedades afirma que África necesita 10 millones de test para responder a la pandemia a lo largo de los próximos cuatro meses. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud calcula que el continente africano tendrá que recibir al mes 100 millones de mascarillas y guantes, y hasta 25 millones de respiradores, para responder de forma eficaz y a tiempo a la COVID-19. Y todo ello en un contexto mundial complejo: justo cuando los países batallan por los recursos sanitarios.

Es necesario mejorar la producción de los kits de pruebas y los suministros médicos esenciales en todo el mundo. Asimismo, todos los países deben coordinarse y aunar esfuerzos para conseguir que los test y los equipos de protección personal lleguen a aquellos lugares y a aquellas personas que más los necesitan. Así, en África los suministros deben llegar a los municipios con mayor densidad de población y a los profesionales sanitarios y los trabajadores de la comunidad que están al pie del cañón plantándole cara a la epidemia. Hemos también de impulsar los servicios existentes para el VIH con el fin de incrementar los test para la COVID-19 y todo lo preciso para garantizar el aislamiento, el rastreo y los tratamientos.

Ahora más que nunca, los países africanos deben priorizar sus inversiones en los servicios esenciales. Esto tiene que incluir un sólido compromiso para abordar la evasión fiscal de las empresas y garantizar que quienes más fuertes son económicamente hablando paguen la mayoría de los impuestos. Del mismo modo, es necesario acabar con las exenciones de las tasas impositivas corporativas. Ahora más que nunca, la solidaridad mundial se vuelve esencial para financiar una respuesta de miles de millones de dólares que incluya a los países africanos de bajos y medianos ingresos, y al resto del mundo. Esto incluye también la financiación de los dos millones de dólares estadounidenses del Plan Global de Respuesta Humanitaria para la COVID-19, lanzado por las Naciones Unidas, así como la concesión de ayudas para abolir las tasas de usuario en los servicios sanitarios. Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que rascarse los bolsillos antes de recibir asistencia. Ahora, cuando la lucha por controlar un coronavirus tan agresivo es cada día más intensa, se torna imprescindible y urgentísimo el acabar con las tasas de usuario en materia de salud. Las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados han de ampliar, e ir más allá de, las suspensiones temporales de las deudas que anunciaron recientemente. La deuda africana supone en torno al 60 % de su producto interior bruto, lo cual es algo absolutamente insostenible. Necesitamos gobiernos que inviertan en la respuesta y que fortalezcan la atención sanitaria financiada con fondos públicos. Gobiernos plenamente convencidos de que todo el mundo tiene derecho a la salud. A la hora de responder a la COVID-19, tenemos que estar alerta para que los recursos no se desvíen de los que necesitamos para otras amenazas sanitarias como la epidemia del VIH, la tuberculosis o la malaria, enfermedades todas ellas que ya se cobran muchas vidas en África.

Los trabajos de modelización llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud y ONUSIDA señalan que, si no se realizan esfuerzos para aliviar y eliminar las interrupciones de los servicios sanitarios y de aprovisionamiento durante la pandemia de la COVID-19, un parón de seis meses en la terapia antirretroviral podría llevar a que, para 2020-2021, se produzcan en el África subsahariana más de 500 000 muertes extra por enfermedades relacionadas con el sida, incluyéndose la tuberculosis.

Debe haber también un acuerdo internacional previo a tenor del cual todas las vacunas y los tratamientos que se descubran contra la COVID-19 estén disponibles gratuitamente para todas las personas en todos los países. No podemos permitirnos el repetir la experiencia de la epidemia del VIH. En aquel entonces, las medicinas quedaron durante mucho tiempo lejos del alcance de millones de personas, quienes acabaron muriendo, y aún hoy son muchos los que aguardan a la cola para iniciar un tratamiento.

Es clave conseguir una recuperación sólida que nos permita construir sociedades resilientes capaces de soportar el siguiente revés. Dada la interconexión entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán que fortalecer sus redes de seguridad sociales para fomentar la resiliencia. Todos los países tendrán que construir economías más sostenibles, donde también los puestos de trabajo para los jóvenes africanos sean dignos y estén bien pagados. En todo el mundo se deberá reconocer el trabajo infravalorado, y a menudo no remunerado, llevado a cabo por las mujeres.

Si esta pandemia nos ha enseñado algo, es hasta qué punto estamos interconectados como comunidad global. También, y como ha dicho Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, nos ha dejado claro que el mundo es solo tan fuerte como se lo permita el sistema sanitario más débil. Toda respuesta mundial a la COVID-19 que margine a los ciudadanos africanos no solo sería incorrecta, sino que se volvería autodestructora. Es más, los africanos no la permitirán. Incluso con las restricciones excepcionales que está suponiendo esta pandemia, los africanos de a pie se han organizado para reivindicar su derecho a la atención sanitaria y a la protección social. Como africanos, estamos con ellos y nos oponemos a que sean enviados al final de la cola de la COVID-19.

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA

John Nkengasong, director del Centro africano para el control y la prevención de enfermedades 

Por Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA — Publicado por primera vez en Informes de perspectivas del Foro Económico Mundial (mayo de 2020)

Reconociendo la catástrofe de la salud pública

Como bien hemos visto en los países más ricos, los determinantes económicos y sociales de la enfermedad y la salud son unos fuertes indicadores de las posibilidades que tenemos de morir por la COVID-19. Quienes más riesgos corren, con diferencia, son las personas pobres que viven en países sin apenas recursos, ya que son las que más enfermedades previas arrastran. Además, cientos y cientos de estas personas están malnutridas o inmunodeprimidas. Para una cuarta parte de la población urbana mundial que vive en barrios marginales y para muchísimos refugiados y desplazados, la distancia social y el lavado constante de manos no son, en absoluto, posibles.

La mitad de las personas que habitan el globo no tiene acceso a la atención sanitaria básica ni tan siquiera en épocas normales. Mientras que en Italia hay un médico por cada 243 personas, en Zambia tan solo hay un médico para cada 10 000 personas. En Mali se cuenta con tres respiradores por cada millón de habitantes. El gasto medio en salud en los países de bajos ingresos ronda únicamente los 41 dólares por persona al año, 70 veces menos de lo que invierten los países con altos ingresos.

La pandemia ejercerá una presión ingente sobre las instalaciones sanitarias, la cual no solo afectará a las personas con COVID-19, sino que perjudicará muy negativamente a todo aquel que necesite atención médica. Sabemos de lo que hablamos. Esto ya pasó tiempo atrás. Durante la epidemia de ébola en Sierra Leona se registró un aumento de un 34 % en la mortalidad materna y un 24 % en las tasas de mortalidad fetal, debido a que cada vez menos mujeres tenían acceso al cuidado pre- y posparto.

La Organización Internacional del Trabajo prevé que desaparecerán entre 5 y 25 millones de empleos, y que se perderán entre 860 mil millones y 3,4 billones de dólares estadounidenses en ingresos laborales. El empobrecimiento masivo hará que los tratamientos sean inaccesibles aún para más gente. Hasta ahora, cada año, mil millones de personas tienen bloqueado el acceso a la atención sanitaria como consecuencia de las tasas de usuario. Esta exclusión de los cuidados básicos no perjudicará solo a las personas directamente afectadas: pondrá en peligro la vida de todos, puesto que hemos de convencernos de que un virus no se puede contener si hay personas que no pueden permitirse ni test ni tratamientos.

Los confinamientos sin ningún tipo de retribución son devastadores, pues están obligando a millones de personas a escoger entre el peligro y el hambre. Como en muchos países en desarrollo, más de tres cuartas partes de los trabajadores pertenecen al sector informal y viven con lo que ganan a diario, muchos de los que se vean obligados a quedarse en casa no tendrán nada que llevarse a la boca. Por ello, infinidad de personas ignorará las reglas del confinamiento y asumirá el riesgo de contraer la enfermedad del coronavirus.

Ya fuimos testigos de ello durante la respuesta al sida. Sabemos que los Gobiernos que luchen por contener la crisis buscarán chivos expiatorios (migrantes, minorías o personas socialmente excluidas), lo que hará aún más complicado acceder a las personas, realizarles las pruebas, tratarlas y frenar la expansión del virus. Los países donantes empezarán a dejar el dinero en sus fronteras, al sentir que no pueden permitirse el ayudar a los demás. La presencia de la COVID-19 supone una enorme amenaza para todos y en todo el mundo. Y no solo perjudicará a los países en desarrollo, sino que también exacerbará los desafíos a los que habrán de enfrentarse los países donantes.

Sin embargo, en medio del inmenso dolor que sentimos y del terror que se ha apoderado de nosotros, la crisis también nos brinda la oportunidad de forjar un fuerte, tenaz y colaborador liderazgo basado en principios, a partir del cual podamos cambiar el curso de la pandemia y de la sociedad.

Aprovechando la oportunidad de la sanidad pública

Si bien suele pensarse que, al responder a una crisis, agotamos nuestra capacidad para emprender mayores reformas sanitarias, lo cierto es que, en materia de salud, sucede todo lo contrario. Los grandes pasos en cuanto a la salud normalmente se han producido en respuesta a una crisis mayor. Pensemos, por ejemplo, en los sistemas sanitarios en Europa y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, o en cómo el sida y la crisis económica nos acercaron a la atención sanitaria universal en Tailandia. Ahora, en medio de esta despiadada crisis, los líderes de todo el mundo tienen ante ellos la oportunidad de construir esos sistemas de salud que siempre se necesitaron y por los que ahora no se puede esperar ni un segundo más.

La atención sanitaria universal

Si algo nos ha enseñado esta pandemia es que, por el bien de todos, quien no se sienta bien no debería tener que recaudar dinero antes de recibir asistencia. Mientras la lucha por controlar al agresivo coronavirus continúa sin descanso, hay una necesidad imperiosa de acabar de inmediato con las tasas de usuario.

La atención sanitaria gratuita no solo se antoja esencial para plantarle cara a la pandemia: cuando la República Democrática del Congo en 2018 instauró la atención sanitaria gratuita para derrotar al ébola, el uso de la atención sanitaria mejoró en general, al duplicarse las consultas por neumonía y diarrea, y observarse un aumento de entre un 20-50 % de mujeres que dan a luz en una clínica. Dichas ganancias volvieron a perderse tan pronto como se retiró la asistencia gratuita. Con la atención sanitaria gratuita lograremos también evitar la tragedia de ver cómo 100 millones de personas son obligadas a caer en la pobreza extrema por tener que costearse ellas mismas y año tras año su atención sanitaria.

Ya que aún no hay vacuna contra la COVID-19, los países deberán ser capaces de limitarla y contenerla. El carácter inevitable de futuras pandemias torna permanente la necesidad de contar con fuertes sistemas de salud universal en todos y cada uno de los países del mundo.

Financiadas con fondos públicos, las medicinas y la atención sanitaria más puntera han de llegar a todas las personas con independencia de dónde vivan. Para permitir el acceso universal, los Gobiernos han de integrar los servicios liderados por la comunidad en los sistemas públicos. Esta crisis ha puesto también de manifiesto cómo nuestra salud precisa que los sanitarios que nos protegen y cuidan deben protegerse también a sí mismos y recibir cuidados.

Dada la interconectividad existente entre la salud y los medios de vida, todos los países tendrán también que fortalecer sus redes de seguridad social para fomentar la resiliencia. La COVID-19 no se ha cansado de demostrarnos que necesitamos Gobiernos activos, responsables y comprometidos que regulen los mercados, reduzcan las desigualdades y nos proporcionen los servicios públicos esenciales. El Gobierno debe estar ahí, al pie del cañón.

Financiando nuestra salud

Muchos países en desarrollo se estaban ya enfrentando a una deuda que los llevó a recortes en la atención sanitaria pública. Reconociendo que la atención sanitaria universal en todo el mundo es un bien público global, los Gobiernos prestamistas, las instituciones financieras internacionales y los actores financieros privados deben seguir prolongando y ampliando las suspensiones temporales de la deuda que han anunciado recientemente. La propuesta realizada por Jubilee Debt Campaign y cientos de otras organizaciones de la sociedad civil establece el tipo de ambición que se expone.

Los donantes bilaterales y las instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Mundial, deberían asimismo otorgar subsidios, no préstamos, para abordar el impacto social y económico de la pandemia sobre los grupos de población pobres y más vulnerables, entre ellos los trabajadores del sector informal y las poblaciones marginadas. Se ha de incrementar el apoyo a los costes de los sistemas sanitarios existentes en los países en desarrollo. Costaría aproximadamente 159 mil millones de dólares estadounidenses doblar el gasto en salud pública de los 85 países más pobres del mundo, donde viven 3,7 mil millones de personas. Eso es menos del 8 % del último estímulo fiscal concedido por los Estados Unidos. Es fantástico ver a los países donantes conversar e intercambiar palabras muy inspiradoras con relación a un nuevo Plan Marshall. Sin embargo, en la actualidad, las contribuciones prometidas son totalmente insuficientes.

Liderazgo empresarial

Del mismo modo, hace falta un nuevo tipo de liderazgo por parte del mundo empresarial. Es preciso uno que reconozca cuánto depende de sociedades sanas, y que logre el equilibrio necesario entre el mercado y el Estado. Tal y como ha señalado el presidente Macron, esta pandemia «revela que algunos productos y servicios han de situarse fuera de las reglas de mercado establecidas». La década pasada vio un rápido aumento en la comercialización y financiación de los sistemas sanitarios en todo el globo. Eso ha de terminar.

De acuerdo con lo que un grupo de 175 multimillonarios hicieron constar en una carta pública firmada en la Reunión anual del Foro Económico Mundial de 2020 celebrada en Davos, ha llegado el momento de que «los miembros de la clase más privilegiada de seres humanos que nunca antes había caminado sobre la faz de la Tierra» apoyen «impuestos más elevados y más justos a los millonarios y multimillonarios, y luchen por evitar el fraude y la evasión fiscales». Los líderes empresariales responsables deberían apoyar una reforma impositiva de las empresas, nacionales e internacionales, que incluya tasas más elevadas, elimine las exenciones, cierre los paraísos fiscales y resuelva todas las lagunas fiscales.

A pesar de las innumerables lecciones aprendidas con el sida, la monetización de la propiedad intelectual ha traído consigo un sistema de enormes monopolios privados, investigación insuficiente en enfermedades clave y precios que la mayoría de las personas no pueden permitirse. Los países necesitan contar con la mayor de las flexibilidades para garantizar la disponibilidad de tratamientos médicos básicos para todas las personas, y, al tiempo, garantizar las nuevas reglas que priorizan la salud colectiva por encima de los beneficios privados. Es vital alcanzar un acuerdo internacional que fije que todas las vacunas y los tratamientos que se descubran para la COVID-19 se pongan a disposición de todos los países. La propuesta de Costa Rica de «una patente internacional mancomunada» permitiría que todas las tecnologías diseñadas para la detección, la prevención, el control y el tratamiento de la COVID-19 estés disponibles para todo el mundo. De esta forma, se evitaría que ninguna empresa o país se hiciera con el monopolio. Los países en desarrollo no deben ser dejados fuera ni atrás en la cola a la espera de tratamientos.

Se necesita un liderazgo que vuelva a dar forma a la cooperación global: la crisis de la COVID-19 ha demostrado que nuestro sistema multilateral es desigual, que está anticuado y que es incapaz de responder a los desafíos a los que hoy nos enfrentamos. Sin duda, haremos frente a amenazas aún mayores que esta pandemia, que solo podremos superar con un multilateralismo justo e inclusivo.

Todos nos necesitamos

La pandemia de COVID-19 es, al mismo tiempo, una crisis que está agudizando las desigualdades existentes y una oportunidad para dar visibilidad a dichas desigualdades.

La respuesta al sida demuestra que solo con un enfoque basado en los derechos humanos y centrado en valorar a cada persona individualmente, las sociedades podrán vencer la amenaza existencial que suponen las pandemias. La atención sanitaria universal no es un regalo de quienes tienen medios a quienes no los tienen, es una derecho que todos tenemos y una inversión compartida en nuestra seguridad y bienestar.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo para hacer realidad su meta global de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el sida. ONUSIDA aúna los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con asociados mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para el 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conecte con nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

El brote de COVID-19 está arrojando luz sobre la capacidad de respuesta nacional e internacional a las emergencias sanitarias. La situación actual está dejando al descubierto las brechas que existen en nuestros sistemas, nos está haciendo mostrar nuestros puntos fuertes y está aprovechando la valiosa experiencia con que ya contamos a la hora de responder a otras amenazas sanitarias como el VIH. En ONUSIDA sabemos que las personas que viven con el VIH están muy preocupadas y tienen distintas preguntas relacionadas con la aparición del virus que causa el COVID-19. Una de las lecciones más importantes que hemos de sacar de la respuesta a la epidemia del VIH es escuchar a las personas más afectadas y aprender de ellas. ONUSIDA continúa trabajando en esa línea.

Es importantísimo subrayar que actualmente no hay ninguna prueba científica de que las personas que viven con el VIH corran más riesgo de contraer el COVID-19 ni de que, en caso de contraerlo, este los afecte de peor manera. Al igual que en el resto de la población, las personas mayores que viven con el VIH o las personas que viven con el VIH y tienen problemas cardíacos o pulmonares corren más riesgo de contraer el virus y presentar peores síntomas. Como la población general, las personas que viven con el VIH deberían adoptar todas las medidas preventivas recomendadas para minimizar la exposición y prevenir la infección. Mientras el COVID-19 continúa expandiéndose por todo el mundo, será fundamental para las investigaciones que se están llevando a cabo en zonas de alta prevalencia del VIH en la población general proporcionar más datos sobre las interacciones biológicas e inmunológicas entre el VIH y el nuevo coronavirus.

Sin embargo, las medidas adoptadas para frenar el virus podrían tener efectos adversos inintencionados en las personas que viven con el VIH. Cuando el brote de COVID-19 comenzó en China, ONUSIDA realizó una encuesta entre las personas que viven con el VIH para conocer sus necesidades. El estudio de seguimiento que venimos llevando a cabo nos dice que las personas que viven con el VIH están empezando a experimentar problemas con la reposición de sus medicinas. Está situación está inevitablemente desatando una gran ansiedad. Como respuesta a ello, ONUSIDA ha estado trabajando con las redes de personas que viven con el VIH y los responsables del Gobierno para apoyar la distribución segura de medicinas a puntos de recogida. En China se ha establecido incluso un número de asistencia telefónica para que las personas que viven con el VIH puedan continuar expresando sus preocupaciones mientras el brote continúa. Junto a nuestros socios, seguiremos muy de cerca supervisando los desarrollos en las cadenas de suministros mundiales para garantizar que los suministros médicos esenciales continúen llegando a las personas que los necesitan y que la producción de ingredientes farmacéuticos activos se mantengan a un mínimo.         

ONUSIDA insta a todos los países a preparar sus respuestas al COVID-19 teniendo muy presente que las personas que viven con el VIH puedan tener un acceso seguro a sus tratamientos. Urge que los países implementen escrupulosamente las actuales pautas de tratamiento para el VIH proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud con relación a la dispensación de medicamentos para varios meses, con el objeto de garantizar que la mayoría de las personas que viven con el VIH dispongan de medicamentos para tres o más meses. Ello ayudará a aliviar la carga de los centros sanitarios para cuando llegue el COVID-19 y permitirá a las personas mantener sus pautas de tratamiento ininterrumpidas y no arriesgarse a una mayor exposición al COVID-19 al ir a recoger sus medicinas.

Una lección básica que hemos de grabarnos a fuego y que aprendimos con la respuesta al sida es que el estigma y la discriminación no solo son negativos, sino también contraproducentes, tanto para la salud de cada persona a nivel individual como para la salud pública en su conjunto. Por eso es por lo que ONUSIDA ha apoyado y sigue apoyando todas las campañas para reducir el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las personas afectadas por el VIH. Nunca hemos vencido ninguna amenaza sanitaria desde el estigma y la discriminación, y nuestra respuesta al COVID-19 ahora ha de guiarse por las lecciones aprendidas con la respuesta al sida. Esto incluye escuchar a las personas afectadas por el brote y establecer una confianza y comunicación entre las personas afectadas y las autoridades sanitarias, incluso antes de que aumenten las cargas de la enfermedad.

Nuestros mayores logros en la lucha contra el VIH los hemos alcanzado en países que han reducido el estigma y la discriminación, donde se ha animado a las personas a realizarse la prueba y a buscar tratamiento en caso necesario. Al escuchar los canales de comunicación recomendados por las autoridades de salud pública, prestemos atención a las personas afectadas por el COVID-19 y recurramos a su experiencia vital para fortalecer nuestra respuesta al coronavirus.  

Las muertes causadas por el COVID-19 nos entristecen a todos, y hoy quiero trasladar todo mi apoyo a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas. Mas si somos inteligentes, la comunidad internacional y cada uno de los países individualmente utilizarán sus experiencias para reforzar aún más los sistemas de supervisión y hacer las inversiones precisas en infraestructuras sanitarias, tanto mundial como nacionalmente. ONUSIDA insta a los Gobiernos y a las autoridades sanitarias de todo el mundo a que no se retrasen a la hora de poner en marcha programas de educación pública para todos los ciudadanos con relación a las medidas prácticas que deberían tomarse para reducir la transmisión y la expansión del virus a nivel local.

Es fundamental lanzar un enfoque centrado en las personas. Todo el mundo ha de tener derecho a la salud. Es nuestra mejor defensa contra la epidemia mundial.

Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA